El pasado abril, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reveló que 2,45 millones de descendientes de españoles habían solicitado la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Según detalló Albares, hasta marzo de este año se habían iniciado más de 1,2 millones de expedientes, de los cuales se habían aprobado ya 545.000 y completado 306.500 inscripciones en el registro consular, paso previo y definitivo para el alta en el censo electoral. De no haber mediado la reciente intervención de la Justicia, las proyecciones derivadas de estas cifras habrían abocado a un escenario polémico en unas futuras elecciones generales: hasta 12 de cada 100 personas inscritas en el censo habrían ejercido su derecho al voto desde el extranjero al concluir todo el proceso.
Los datos del censo reflejan el punto de inflexión que supuso la entrada en vigor de la norma. Mientras que en todo el año 2021 el censo de el exterior aumentó en 57.667 personas, desde la aplicación de la ley de nietos, en octubre de 2022, la cifra de nuevos inscritos se ha disparado en 461.858 electores. Si se toma como referencia el periodo transcurrido desde las últimas elecciones generales (23 de julio de 2023), el incremento de los registrados desde el extranjero es de 403.473.
La aceleración se evidencia en que solo entre enero y agosto de 2026 se registraron 82.790 nuevas altas, superando en ocho meses el crecimiento de todo un año antes de la entrada en vigor de la normativa. La inercia no se detuvo ni en verano: entre junio y agosto, el Censo Electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) sumó 31.702 votantes. Con estas cifras, los censados desde el extranjero han pasado de representar el 6,14% del censo total en octubre de 2022 al 7,13% a fecha 1 de agosto de 2026. Es decir, 7 de cada 100 votantes españoles ejercería hoy su derecho al voto desde fuera.
El impacto en las provincias
Este incremento general del 20% a nivel nacional se ha distribuido de manera heterogénea por la geografía española. La Comunidad de Madrid encabeza las subidas de toda España con un repunte del 36,67% en el voto desde el exterior, por lo que 9 de cada 100 votantes de la región están censados ahora fuera de España. Le siguen territorios como Baleares (30,21%), Álava (29,12%) y Girona (28,22%). Por encima de la media nacional también se situaron otras 15 provincias y las cifras más bajas corresponden a Lugo, Pontevedra, Córdoba, A Coruña, Badajoz y Ourense, que cerró la lista con el menor incremento de votantes desde el extranjero de todo el país, el 7,79%.
Sin embargo, los datos señalan la falta de un vinculación real en la mayoría de estas inscripciones madrileñas. Según la normativa vigente, quienes nunca han residido en España deben indicar "el municipio de mayor arraigo propio o de sus ascendientes". A diferencia de regiones como Galicia o Asturias, donde existe un vínculo histórico y familiar directo con corrientes migratorias, en el caso de Madrid el elevado volumen responde a un arraigo ficticio o de conveniencia: es la capital.
El impacto político de esta masa de votantes es notable. Tras las elecciones de 2023, el propio Ministerio de Inclusión y Migraciones reconoció en su web que el voto exterior tenía capacidad para "alterar el último escaño en hasta nueve provincias con diferencias inferiores a 2.000 votos", circunstancia que permitió al PP arrebatar un diputado al PSOE en Madrid tras el recuento del CERA. Ante las dudas por la ambigüedad normativa, el Tribunal Supremo ha reclamado un informe a la Oficina del Censo Electoral para determinar cuántas inscripciones se han realizado con la ley de nietos.