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Vecinos esperan a ser atendidos en el Ayuntamiento de Torremolinos. SUR 123 caídas en vía pública en Torremolinos y 123 reclamaciones rechazadasIU-Podemos pide que se cambien los protocolos y critica «es imposible que todas las personas mientan»; el Gobierno local sostiene: «La jurisprudencia es muy determinante en el sentido de que la mera titularidad del servicio no determina la responsabilidad de la administración respecto de cualquier consecuencia lesiva»
Torremolinos
Domingo, 22 de febrero 2026, 21:23
... sufridos en la vía pública e, incluso, que se revise la relación contractual con la compañía aseguradora del Ayuntamiento.De hecho, el concejal se disponía a grabar un vídeo sobre «el mal estado de este suelo», en el que, aclara, «había multitud de baldosas recién puestas» que, como describe, «no estaban bien sujetas al suelo y provocaban tropiezos de viandantes».
Posteriormente, lamenta esta formación, un informe técnico del Ayuntamiento de Torremolinos desestimó la demanda de daños presentada por la ciudadana que sufrió el percance. Un documento, critican desde IU-Podemos, «plagado de errores y elaborado 10 meses después de la caída», que defiende que el estado de esta calle es bueno.
Momento de la caída de la vecina que presentó la reclamación al Ayuntamiento. SUREl grupo municipal de Izquierda Unida comenzó a indagar sobre el funcionamiento de la Administración local en el momento de atender este tipo de demandas y obtuvo una respuesta, el noviembre pasado, que, desvelan, demostraba que, en los dos últimos años y medio anteriores, «se habían interpuesto 123 reclamaciones y todas habían sido desestimadas».
«No tiene ni pies ni cabeza, pues es imposible que 123 personas mientan o se equivoquen en estos casos», lamentan desde la formación.
Cuando una persona que se siente afectada por un hecho de este tipo obtiene la respuesta negativa por parte de la administración correspondiente, la opción que le queda es reclamar mediante la vía judicial.
Respuesta del Gobierno local
A raíz de esta solicitud, desde el Gobierno municipal, dejan claro que, en primer lugar, «hay que diferenciar entre lo que son las reclamaciones por daños patrimoniales y otras bien distintas las caídas en vía pública», lo que hace que, en cada caso, haya que revisar los requisitos que han de existir para que se reconozca que el daño es imputable al Ayuntamiento. Además, en este último supuesto, indican fuentes municipales, «la jurisprudencia es muy determinante en el sentido de que la mera titularidad del servicio no determina la responsabilidad de la administración respecto de cualquier consecuencia lesiva», al tiempo que se recuerda «el deber de diligencia exigible al peatón medio».
Otro argumento que añaden es que el reclamante tiene que probar la existencia de una relación de causalidad con el daño alegado.
47 Demandas
Desde 2017 ha habido 47 demandas ante el Juzgado Contencioso Administrativo por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, lo que hace 5 al año, de las que tan solo se estimaron totalmente 2 y parcialmente 3, el resto han sido desestimadas
Al respecto, se aclara por parte de los responsables locales que, desde 2017 ha habido 47 demandas ante el Juzgado Contencioso Administrativo por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, lo que hace 5 al año, de las que tan solo se estimaron totalmente 2 y parcialmente 3, el resto han sido desestimadas.
En cuanto a los daños materiales ocasionados por el funcionamiento de las distintas delegaciones, deja claro el Gobierno local son estimadas, en su mayoría, por el propio Ayuntamiento, como apuntan, con el informe favorable del servicio que lo causó; desde 2023 se han atendido y abonado 80 peticiones de perjudicados
Cosa distinta son los daños materiales ocasionados por el funcionamiento de las distintas delegaciones, en cuyo caso son estimadas, en su mayoría, por el propio Ayuntamiento, como apuntan, con el informe favorable del servicio que lo causó, por ejemplo, desperfectos en un vehículo que se encuentra en el depósito municipal o caída de ramas de árboles o farolas. A este respecto, argumentan, desde 2023 se han atendido y abonado 80 peticiones de perjudicados.
«Pedir que el ayuntamiento se haga cargo de las indemnizaciones, tal y como solicitan desde IU y a lo que ya se les respondió en pleno municipal, está fuera de los procedimientos legalmente establecidos, sería saltarse las normas para aprobar un gasto. Así lo establece el propio Tribunal Supremo al argumentar que la administración no puede convertirse en una aseguradora universal de todos los riesgos», zanjan.
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