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LA TRIBUNA 18 de Diciembre: medio millón de vidas en el limboMuchos solicitantes de asilo rechazados, trabajadores en la economía sumergida o familias sin papeles han quedado atrapados en un bucle legal
Luis Pernía Ibáñez
PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS MIGRANTES
Jueves, 18 de diciembre 2025, 01:00
... por más de 610.000 firmas y 900 organizaciones sociales, sindicales, empresariales y religiosas, esta propuesta buscaba dar un marco legal a cerca de medio millón de personas que viven y trabajan en España en situación irregular. Admitida a trámite en el Congreso hace casi veinticuatro meses, la iniciativa se encuentra hoy bloqueada por la falta de voluntad política. «La hospitalidad no es una opción, es un deber moral y social», advirtió la Conferencia Episcopal en apoyo a la medida.La legislación española en materia migratoria se asienta en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. Este texto reconoce derechos fundamentales (educación, sanidad, trabajo), pero supeditados a la autorización administrativa de residencia. Su desarrollo reglamentario fue durante años el Real Decreto 557/2011, que fijaba condiciones muy restrictivas: tres años de permanencia continuada en España, contrato laboral y ausencia de antecedentes penales para obtener el arraigo social.
En noviembre de 2024 se aprobó el nuevo Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024), en vigor desde el 20 de mayo de 2025, que redujo algunos plazos y creó nuevas modalidades de arraigo, como el socioformativo o el de segunda oportunidad. No obstante, el sistema sigue exigiendo requisitos difíciles de cumplir para quienes solo pueden acceder a empleos precarios o informales. Como vemos cada día se pide un contrato legal a quien no puede conseguirlo precisamente porque carece de papeles. Es un círculo vicioso que perpetúa la exclusión
En España residen actualmente entre 470.000 y 500.000 personas en situación administrativa irregular. Aunque invisibles en los registros oficiales, son muy visibles en la vida cotidiana: trabajan en el campo, limpian hogares, cuidan a mayores y sostienen sectores como la hostelería o la construcción. Informes independientes advierten de que una regularización extraordinaria no solo respondería a un imperativo ético, sino que también aumentaría la recaudación fiscal y de la Seguridad Social, reduciendo la economía sumergida y reforzando la cohesión social.
La ILP demostró que la sociedad civil puede articular consensos amplios en cuestiones sensibles. Sin embargo, la política ha quedado atrapada en el miedo y la polarización. Vox rechazó la propuesta desde el inicio y ha radicalizado su discurso hasta superar a muchos de sus homólogos europeos. El Partido Popular, presionado por la Iglesia y por sectores empresariales, permitió que la ILP iniciara su recorrido parlamentario, pero luego se ha ido alineando progresivamente con la extrema derecha. El Partido Socialista desempolvó la iniciativa en 2024 como un parche frente a los vacíos del nuevo reglamento, pero nunca la asumió como prioridad.
Ante el medio millón de personas atrapadas en la irregularidad, pese al consenso social en favor de su reconocimiento hay que constatar no solo que no sobran migrantes, sino que son indispensables en la vida real. La respuesta, de momento, es incómoda: los dejamos en el limbo legal. Si no se corrige este rumbo, España habrá perdido una oportunidad histórica de demostrar que dignidad, justicia y hospitalidad pueden estar en el centro de nuestro proyecto común.
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