Acciona Construcción SL ha entregado un informe interno a Anticorrupción en el que la gran constructora revisa sus relaciones con la diminuta Servinabar, investigada como supuestos vehículo de mordidas para la trama del caso Koldo. Acciona está en el punto de mira de la Fiscalía y la Audiencia Nacional por varias licitaciones en las que, según los investigadores, obtuvo el apoyo de implicados en la trama.
Hasta ahora, la Justicia ha imputado a algunos ex directivos de la constructora. La imputación de Acciona Construcción como persona jurídica es más que probable. Para eludir responsabilidades penales, tendrá que probar que tenía en marcha un sistema interno efectivo de prevención del delito (compliance).
La sociedad explica que "en el marco de su programa de cumplimiento", emprendió varias acciones, entre ellas la elaboración de este informe de 151 páginas, que la Fiscalía ha remitido al juez del caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
La constructora adjunta al informe un escrito en que reconoce la existencia de algunas irregularidades relacionadas con Servinabar, que minimiza y cuya falta de detección excusa: "El modus operandi empleado resultó indetectable —e indetectado— precisamente por haberse producido una supuesta mendacidad y ocultación, probablemente para que los sistemas de cumplimiento no pudieran apercibirse del irregular proceder".
El informe refleja que entre 2015 y 2025, Acciona pagó un total de 6,8 millones de euros a Servinabar, creada por el empresario Antxon Alonso. Según documentos incautados habría vendido un 45% al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Acciona explica que en su repaso ha detectado "determinadas situaciones" que debe poner en conocimiento de Anticorrupción, "en la medida en que no ha sido posible acreditar suficiente evidencia de la prestación efectiva de los servicios facturados y abonados a Servinabar".
En particular, se refiere a dos de las obras que se están revisando, un soterramiento de vías en Sant Feliú (Barcelona) y la construcción de un tramo de la A-68 en La Rioja. "En ambos casos se habrían observado las suficientes formalidades y trazabilidades recurrentes, como para lograr que no fuese detectado el irregular modo de proceder", afirma Acciona.
En el caso de Sant Feliú, se detectó que los informes periódicos facturados por Servinabar eran, en realidad, una consolidación de información elaborada por la propia Acciona sobre calidad y seguimiento.
En la obra de La Rioja, se abonó a Servinabar una factura de 95.000 euros (más IVA) por la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud que, según se ha comprobado, no fue realizado por el personal de esa sociedad, sino que aparece firmado por dos empleados de la propia Acciona Construcción.
A la lista de circunstancias sospechosas se añade que se pagó a Servinabar para dos proyectos de supuesto desarrollo de negocio que "no dieron fruto alguno". Y que Servinabar recibía con frecuencia pagos mensuales por sus servicios, mientras que otros proveedores solo cobraban por trabajos concretos. En alguno de los casos -4.000 euros mensuales por asesoramiento en prevención, 3.000 por seguimiento del plan de seguridad....- "no se ha podido recabar soporte documental suficiente de la prestación".
El informe apunta a que en alguna ocasión -en referencia al proyecto de Mina Muga, el primero que conectó a cargos de Acciona con la trama- se podrían haber fraccionado pagos para evitar controles internos de la sociedad.
De nuevo relacionado con esta constructora, el juez Moreno ha acordado, a petición de la Guardia Civil y con el respaldo de la Fiscalía, extender la investigación patrimonial a cuentas de cuatro sociedades que participaron con Acciona en algunas de las obras bajo sospecha.