José Luis Ábalos, junto a Isabel Pardo de Vera, cuando era presidenta de Adif. Europa Press
Política Adif contrataba con "falta de transparencia" y "arbitrariedad" en la etapa de Pardo de Vera con Ábalos en TransportesEl Tribunal de Cuentas advierte de que los pliegos de los contratos analizados entre 2018 y 2021 permitían elegir "ofertas que no son las más ventajosas".
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Ángela Poves Publicada 27 diciembre 2025 02:57hLas claves nuevo Generado con IA
El Tribunal de Cuentas detecta falta de transparencia y arbitrariedad en la contratación de Adif durante la presidencia de Isabel Pardo de Vera y con Ábalos como ministro de Transportes.
Las investigaciones revelan adjudicaciones irregulares por más de 70 millones de euros, con contratos otorgados a empresas que no presentaron las ofertas más económicas.
El informe señala que los pliegos de contratación no garantizaban la transparencia ni la igualdad de trato, dificultando el control del proceso y favoreciendo la discrecionalidad.
Se presentaron denuncias internas sobre manipulación de puntuaciones técnicas y falta de rigor en la respuesta de Adif, lo que refuerza la preocupación sobre posibles irregularidades.
El sistema de contratación de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) presenta deficiencias estructurales que favorecen la existencia de irregularidades en las adjudicaciones públicas.
Así lo asegura el Tribunal de Cuentas en su informe referido al periodo 2018-2021, cuando presidió la entidad Isabel Pardo de Vera y cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes.
Pardo de Vera, que dejó Adif para ser secretaria de Estado de Transportes, está imputada en la Audiencia Nacional por cinco delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y organización criminal.
Según las investigaciones de la UCO, Pardo de Vera facilitó dos adjudicaciones irregulares en Adif por más de 70 millones de euros, y lo hizo siguiendo instrucciones de José Luis Ábalos a través de Koldo García.
La primera de ellas se adjudicó a Acciona por un valor de 71,6 millones de euros para la "ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona)". La oferta fue la novena más barata, pero se llevó la adjudicación.
La otra obra la ganó LIC, la empresa de Pepe Ruz, también imputado, que logró el contrato para obras de emergencia en la Línea 750 Gijón Sanz Crespo-Pravia, de la Red de Ancho Métrico, por 592.053 euros.
Además, los agentes hallaron en el domicilio de Pardo de Vera un documento sobre la compra de cinco millones de mascarillas por parte de Adif, operación relacionada con la trama Koldo.
Puente, de espaldas al Rey, envenena la "convivencia" con tortazos a diestro y siniestro: de Madina a Feijóo y Jordi SevillaAhora, el informe de Cuentas concluye que los pliegos de los contratos de Adif, al menos en esa etapa, impiden garantizar la transparencia y el control efectivo de los procesos de adjudicación, especialmente por la falta de motivación y trazabilidad en las puntuaciones técnicas.
El órgano fiscalizador explica que, en la mayoría de los expedientes analizados, "se incluyen más aspectos a valorar que los contemplados en los pliegos" y "en la valoración del contenido de las ofertas [...] se utilizan términos de contenido análogo para atribuir una distinta puntuación, lo que finalmente priva de motivación a la asignación de puntuaciones".
Es decir, que, por un lado, los pliegos de los contratos no permiten a los licitadores saber de antemano qué aspectos concretos se valorarán ni qué peso tendrá cada uno de ellos en la puntuación final, al no figurar ponderados.
Y, por otro, el Tribunal de Cuentas reprocha que el ente ferroviario recurre de forma habitual a criterios técnicos sujetos a juicio de valor, que en muchos casos concentran hasta el 57% de la puntuación total, lo que debilita el principio de transparencia.
Además, el órgano fiscalizador subraya la falta de motivación en las puntuaciones técnicas, que en la mayoría de los expedientes analizados se limitan a una nota final sin explicar ni justificar cómo se ha llegado a ella, lo que vulnera los principios de transparencia e igualdad de trato.
La "inobservancia" de estos dos principios, "de transparencia e igualdad de trato", según explica el Tribunal, "dificulta el establecimiento de límites a la discrecionalidad [...] favoreciendo que en algunos casos se pueda incurrir en arbitrariedad a la hora de asignar puntuaciones y que la oferta finalmente seleccionada no sea "la económicamente más ventajosa".
El Tribunal asegura que esto supone "una infracción" tanto de la Ley de Contratos del Sector Público como de la normativa europea, por la falta de transparencia en la asignación de puntuaciones y por no garantizar la igualdad de trato entre todos los licitadores.
Así, el órgano fiscalizador concluye que este modelo de pliegos "hace imposible descartar que se hayan producido" irregularidades en los contratos públicos.
Denuncias en el "canal ético"
De hecho, se presentaron en 2022 dos denuncias en los canales éticos de la entidad ferroviaria, que afectaban a dos expedientes de contratación del año 2021 vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En ellas, se alertaba de posibles manipulaciones en las puntuaciones técnicas y de una intervención poco transparente en la valoración de ofertas.
También se cuestionaba la coherencia entre el contenido de las ofertas y las puntuaciones asignadas, y se señalaba que algunas expresiones prácticamente idénticas en los informes técnicos daban lugar a puntuaciones distintas según los licitadores.
En este sentido, advertían de que los resultados de algunos contratos estaban "orientados" antes de cerrarse los procesos de evaluación y adjudicación.
Así, el Tribunal asegura que el propio diseño del sistema de contratación impide verificar con claridad si los hechos denunciados en el "canal ético" ocurrieron o no.
Pese a que reconoce que Adif actuó ante las dos denuncias presentadas, explica que sus actuaciones "carecen del rigor que sería exigible".
"Hay que poner de manifiesto la laxitud con la que se afirma la regularidad y la legalidad de los procedimientos de adjudicación, pese a las debilidades que ofrecen los pliegos, las irregularidades en las que incurren los informes de valoración y la falta de motivación de los informes periciales", expone.
En sus conclusiones, el órgano fiscalizador insiste en que Adif tiene que reforzar la transparencia y la trazabilidad para garantizar la integridad en la gestión de los fondos públicos.
El informe del Tribunal de Cuentas tiene ahora mayor relevancia por el momento en que llega: con los juzgados y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigando una presunta trama de comisiones vinculada al amaño en adjudicaciones de obra pública.