Una de las soldaduras retiradas de la vía. ADIF
España ACCIDENTE DE ADAMUZ Adif dice que retiró el material de la vía al estar “expuesto al deterioro” pero lo hizo días antes del permiso de la juezaLa retirada de fragmentos de vía y soldaduras del lugar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha abierto una controversia judicial entre la Guardia Civil, la jueza y Adif sobre la cadena de custodia de las pruebas del siniestro.
Más información: Adif trasladó "sin autorización" material "de interés" sobre el accidente ferroviario de Adamuz y la juez le reprendió
Brais CedeiraJavier Corbacho Publicada 24 febrero 2026 12:03hLas claves nuevo Generado con IA
La retirada de fragmentos de vía y soldaduras del lugar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha abierto una controversia judicial entre la Guardia Civil, la jueza y Adif sobre la cadena de custodia de las pruebas del siniestro.
El gestor de la infraestructura ferroviaria se defiende argumentando que retiró material porque estaba “expuesto al deterioro”, pero lo hizo días antes de pedir permiso a la jueza y que esta lo autorizase.
La entidad pública documentó en un informe, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, la recogida y depósito de esos cupones (fragmentos de la vía) en la base de mantenimiento que Adif tiene en Hornachuelos (Córdoba).
El día 22 de enero, tras el rescate de los cuerpos de los dos últimos fallecidos, se retiró del lugar del accidente tanto el personal investigador de la CIAF como el de la Guardia Civil, después de haber recogido todo el material probatorio que consideraron pertinente, "y sin que se adoptara ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar, quedando los cupones expuestos al deterioro".
Por tal motivo, señala ADIF en ese informe, "entre la noche del 22 y durante el día 23 de enero se procedió a su traslado a la Base, sin que hayan sido manipulados o alterados, y estando en todo momento a disposición judicial".
Sin embargo, esa noche que se produjo el traslado no contaban con el permiso de la jueza.
El accidente se produjo el domingo 18 de enero a las 19.43, cuando un convoy de Iryo descarriló en el término municipal de Adamuz. La invasión del gálibo de la vía paralela provocó la colisión con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario. El balance fue de 46 víctimas mortales.
La jueza reprende a Adif por trasladar "sin autorización" material "de interés" sobre el accidente ferroviario de AdamuzSegún el relato recogido posteriormente por la Guardia Civil, la orden de la retirada de esas piezas fue verbal, según declaró el responsable de la base, y procedía de un jefe de área de la compañía. Ese mismo operario reconoció además que sobre algunos de los raíles se realizaron ensayos de dureza, aunque aseguró que no fueron pruebas destructivas.
En su versión, la empresa defiende que tanto los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como los agentes de la Guardia Civil habían abandonado ya la zona tras recoger el material que consideraron pertinente, y que no existía ninguna medida cautelar ni precinto sobre los restos que permanecían en el lugar.
Los cupones, argumenta, quedaron expuestos a posibles daños, lo que motivó su traslado "para preservarlos".
La solicitud posterior de permiso
Sin embargo, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, no fue hasta el 26 de enero cuando la compañía solicitó formalmente autorización judicial para acceder con maquinaria pesada al kilómetro 318 de la línea Madrid-Sevilla. Su objetivo era iniciar trabajos de reconstrucción y restablecer el servicio ferroviario.
La petición fue dirigida a la jueza sustituta del juzgado de Montoro, María Jesús Salamanca Serrano.
Un día después, el 27 de enero, la magistrada autorizó el acceso, pero con condiciones: cualquier vestigio o prueba material recogida debía detallarse con precisión, informarse al juzgado de su lugar de depósito y quedar a disposición judicial.
Antes de conceder el permiso, solicitó un informe a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba para asegurarse de que la inspección ocular había concluido y no se perjudicaría la investigación.
Según subraya la Guardia Civil en un oficio posterior, hasta el 28 de enero no se comunicó a la empresa que disponía de autorización para acceder a la zona del accidente.
El descubrimiento
El 30 de enero, agentes de la Guardia Civil y técnicos de la CIAF regresaron al lugar del siniestro para realizar nuevas mediciones en el bogie del vagón 8 del tren de Iryo y en varias soldaduras del tramo. Fue entonces cuando se les informó de que los cupones con soldaduras habían sido trasladados días antes a Hornachuelos.
El 2 de febrero, los investigadores enviaron un correo electrónico a la empresa advirtiendo de que no debía realizar ningún tipo de actuación sobre las soldaduras sin autorización previa. Al día siguiente, el 3 de febrero, agentes de la Policía Judicial se desplazaron a la base para proceder al precinto del material depositado allí. También se precintó un cupón concreto solicitado por la CIAF.
Varios días después los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba redactaron el oficio remitido al juzgado. Era 7 de febrero. La Guardia Civil detalló que el responsable del almacén había confirmado tanto la orden verbal de retirada como la realización de ensayos de dureza.
El documento describía además de que entre los cupones analizados podrían encontrarse soldaduras que la CIAF pretendía examinar, lo que generaba dudas sobre la integridad de la cadena de custodia.
Reprimenda
El 9 de febrero, Adif e Ineco sellaron un informe en el que se detallaba la "trazabilidad" de la retirada y depósito del material desde la cabecera sur del punto de banalización de Adamuz hasta Hornachuelos. Ese mismo día, agentes volvieron a la base para asistir a la reubicación de los cupones, coincidiendo con la instalación de un sistema de alarma en el almacén.
Un día después, el 10 de febrero, la nueva titular del juzgado de Montoro, Cristina Pastor, dictó una providencia en la que amonestaba formalmente al gestor ferroviario. La magistrada requirió que se abstuviera de realizar cualquier extracción, traslado o prueba sobre el material relacionado con la causa sin autorización judicial previa, ordenó la restitución inmediata de lo que obrara en su poder y advirtió de la posible responsabilidad penal en caso de incumplimiento.