El plazo de solicitud de la regularización extraordinaria que el gobierno abrió el 14 de abril se ha saldado con 1.174.978 solicitudes registradas, más del doble que la previsión de regularizados de medio millón anunciada por el Gobierno. Esta cifra final constituye, además, una especie de censo involuntario de la irregularidad, que ascendería a unas 935.000 personas una vez descontadas las 240.000 solicitudes de demandantes de asilo. ¿Cómo pudo el Gobierno equivocarse tanto en el dato fundamental de una política de Estado de tal envergadura? Aunque nunca ha justificado de dónde salió su previsión, solo caben tres explicaciones. La primera, que la calculara mal. La segunda, que no existiera cálculo alguno. Y la tercera, que la previsión existiera y fuera más alta, pero que se comunicara a sabiendas una cifra menor para transmitir la información gradualmente y rebajar el coste político. No hay más opciones. O se calculó mal, o no se calculó, o se calculó y se mintió.
¿Pudo tratarse de un simple error de cálculo? Es improbable. España dispone de una infraestructura estadística que permite, en mayor medida que la de otros países, estimar la irregularidad con precisión. El Padrón inscribe también a la población en situación irregular, de modo que basta comparar el total de empadronados con la población en situación administrativa regular (el llamado método residual). De hecho, las estimaciones que han circulado no andaban lejos de la cifra final. La Policía Nacional preveía entre 1 y 1,3 millones de solicitudes y Funcas estimaba 840.000 personas en situación irregular un año antes de la fecha de referencia de la medida, con un crecimiento anual de unas 90.000, es decir, prácticamente los 935.000 en situación irregular. Cuesta creer que el Gobierno, con mayor acceso a datos que nadie, fallara donde otros acertaron.
Ninguna de las otras dos hipótesis me parece aceptable. No haber calculado la población en situación irregular, siendo un cálculo tan accesible, supone una negligencia notable, más evidente ahora que sabemos a ciencia cierta que afecta a más de un millón de personas, al mercado de trabajo, a los servicios públicos y a la posición de España en el espacio Schengen. Sería una confirmación más (¡otra!) de la ausencia de planificación de nuestra política migratoria, pero también de la ligereza con que se adoptan decisiones que afectan al núcleo de nuestro modelo social y económico y de que este es poco más que una moneda de cambio del juego partidista. No es menos grave que si fuera cierta la tercera hipótesis, que supone, además de una falta gravísima de ética pública, infantilizar a la opinión pública y un regalo para quienes alimentan al monstruo de la polarización.
En todo caso, la muy probable improvisación dejó huella documental en la tramitación y el Consejo de Estado, aunque emitió un dictamen favorable, obligó a retocar el texto, señalando una llamativa laguna sobre el impacto presupuestario de la norma. Y es que difícilmente podía estimarse el coste de un proceso si se desconocía su dimensión. Los requisitos, además, mutaron desde el anuncio inicial y hubo que incorporar algunas condiciones (haber trabajado, disponer de una oferta de empleo o certificar la vulnerabilidad) al texto definitivo. El certificado de vulnerabilidad, cuyo modelo no estuvo disponible hasta ya abierto el plazo, generó confusión, colas y criterios dispares entre unos servicios sociales y entidades emisoras que se enteraron sobre la marcha. Y si la memoria de impacto normativo ha tenido que demandársela el Congreso al Gobierno, la palabra imprevisión se queda corta.
A esta falta de planificación se suma una omisión de calado, y es que la medida no incorpora mecanismo alguno para que la población irregular deje de crecer. España recibe flujos de entrada muy elevados que, por la propia arquitectura de nuestro modelo (entrada regular, caída posterior en la irregularidad, años de economía sumergida hasta el arraigo), han generado en los últimos años una media 90.000 personas irregulares nuevas cada año. Así que, aunque la regularización reduce el stock de irregulares, deja intacto el mecanismo por el que esta población crece. Es llamativo y alarmante que ni siquiera se haya abordado, aunque fuera de pasada, este tema en el debate público. Si todo siguiera igual, en cinco años habremos acumulado cerca de medio millón de personas más en situación irregular, justamente la cifra con la que el Gobierno justificó esta operación. ¿Tocará entonces otra regularización extraordinaria? ¿Será que el medio millón se refería a esa segunda regularización?
Se objetará que la evidencia académica descarta que las regularizaciones produzcan un efecto llamada significativo, atendiendo al efecto marginal de cada medida. Sin embargo, lo relevante no son los efectos de cada política concreta sino las señales que emite el conjunto del sistema. En España, esas señales anuncian que la irregularidad no es un riesgo, sino un peaje transitorio que se paga por venir, puesto que quien entre y aguante acabará regularizado, antes o después, por arraigo o por decreto. Un modelo que selecciona a inmigrantes dispuestos a atravesar años de irregularidad no atrae a quienes aspiran a desarrollar una carrera profesional en ocupaciones de alto valor añadido. España recluta, de facto, tolerancia y resistencia a la precariedad.
Un país serio no gestiona una cuestión estratégica mediante decretos exprés diseñados sobre cifras que nadie ha calculado o ha querido decir. La regularización ha vuelto a poner de manifiesto que España no se toma en serio la política migratoria y que los partidos políticos usan en su beneficio cuestiones que condicionarán nuestra demografía, nuestro mercado de trabajo y nuestra cohesión social durante décadas. Y todo esto, además, se admite. Tenemos ante los ojos la evidencia de una negligencia flagrante pero no se espera rendición de cuentas, ni explicación ni rectificación alguna. Hasta la siguiente.
María Miyar Busto es Directora de Estudios Sociales de Funcas y profesora titular de Sociología de la UNED.