La Autoridad Fiscal cuantifica una factura pública de 65.000 millones en riesgos ambientales, 20.000 millones en tribunales, 7.500 millones en avales o 500 millones en empresas públicas.
España viene haciendo frente, en los últimos años, a una multimillonaria factura pública derivada de desastres naturales, sentencias judiciales en contra de las administraciones; avales y empresas públicas, que amenaza con seguir creciendo.
Así lo advirtió ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, en su opinión sobre los principales riesgos fiscales que pesan sobre las cuentas públicas del país,
Ante esta conjunción de riesgos, la Autoridad Fiscal insta al Gobierno a dejar de usar el Fondo de Contingencia para cubrir gastos previsibles, liberando fondos para la creciente factura pública de atender a lo inesperado.
Sentencias judiciales
Solo entre 2025 y 2025, detalla Airef, el coste que ha sufrido el Estado por hacer frente a las sentencias judiciales en contra del conjunto de Administraciones supera los 14.400 millone de euros.
En concreto, detalla el documento, el coste ascendió a más de 11.200 millones en el año 2024, el 0,7% del PIB, y a 3.100 millones en 2025, el 0,2% del PIB. La mayor parte de este impacto se concentró en la Administración central, aunque también afectó a los Fondos de la Seguridad Social y a las Corporaciones Locales, relata Airef.
Destacan, en el ejercicio 2024, la sentencia que obligó a devolver a los pensionistas de las antiguas mutualidades la doble tributación por IRPF a la que habían sido sometidos (con un coste público de casi 6.000 millones de euros); o la declaración de inconstitucionalidad de las subidas fiscales en el Impuesto de Sociedades aprobados vía Real Decreto-ley por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2016 (un golpe a Hacienda de 3.048 millones en 2024 y de 1.057 millones en 2025). El año pasado, el principal impacto se derivó del fallo sobre el fondo de comercio de empresas extranjeras (1.250 millones).
La cifra supone un incremento exponencial de la factura judicial pública. En los últimos 10 años, el periodo 2014 a 2025, el gasto de la Administración central en sentencias ascendió a 19.407 millones, lo que equivale a un gasto medio anual de 1.617 millones, calcula Airef.
A partir de aquí, la Airef alerta de que hay en marcha varios procedimientos judiciales que amenazan con disparar aún más el golpe al erario. Es el caso del fallo europeo contra la tarifa autonómica del Impuesto de Hidrocarburos, con un impacto potencial máximo de hasta 6.500 millones de euros, de los que de momento apenas se han materializado 316 en 2026.
Además existen otros casi 2.000 millones en costes asociados a fallos por la financiación del bono social eléctrico (913 millones); el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) aplicado a los operadores de telefonía móvil (708 millones); o el cierre del almacén de gas Castor (250 millones favor de Enagás).
De cara al futuro, recopila el organismo, las diferentes administraciones de España afrontan relevantes fallos en contra a raíz de los arbitrajes internacionales en materia de energía renovable; las concesionarias de autopistas de peaje; la venta de participaciones con pérdidas; la responsabilidad por los avales del Covid; las tasas de gestión de residuos radiactivos y de reserva del dominio radioeléctrico; o las tasas de basura municipal.
Con este panorama, la Autoridad Fiscal insta al Estado a "reforzar la recopilación, actualización y transparencia de la información relativa a los procedimientos judiciales con posible impacto fiscal". Inés Olóndriz, al frente del organismo, recoge el testigo dejado por Cristina Herrero y recomienda a las administraciones acometer una evaluación del posible impacto financiero y legal antes de introducir cambios normativos, adoptar una estrategia judicial proactiva y crear una base de datos centralizada sobre las principales sentencias con posible impacto en el déficit.
Garantías públicas
En paralelo a los riesgos judiciales, Airef señala en su informe que el Estado arrastra un saldo vivo de 24.000 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ligados a la pandemia de Covid, de los que 7.500 millones se encontraban en situación de mora a cierre de 2025.
Empresas públicas
Otra amenaza para la estabilidad de las cuentas estatales es la que emana de las 1.600 empresas públicas, cuyo pasivo conjunto equivale al 9% del PIB. La Autoridad Fiscal reseña que en los últimos 15 años un total de 579 entes han pasado a consolidar en las cuentas públicas, elevando en 500 millones anuales la carga de deuda pública (excluyendo el impacto de Sareb).
Actualmente, alertan, el mayor riesgo lo comporta Renfe, que lleva cuatro de los últimos cinco años sin cumplir la regla de financiar más del 50% de sus costes a través de sus ventas (en parte por el efecto de la pandemia y las ayudas al transporte), lo que amenaza con elevar la carga de deuda pública en otros 500 millones.
Covid y riesgo climático
El análisis de Airef también detalla que en los últimos 20 años, el coste fiscal de los desastres naturales y la pandemia ha ascendido a 65.085 millones públicos, de los que 35.745 millones corresponden a la respuesta al Covid y 12.200 millones a la dana que azotó Valencia en 2024.
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