La Autoridad Fiscal detecta que una cuarta parte de los trabajadores consume más de la mitad de los episodios de Incapacidad Temporal que, en total, ha aumentado más de un 60% desde 2017.
El control de las bajas laborales, la mayor fuente del gasto público de la Seguridad tras las pensiones, sufren en España una "deficiencia estructural" que urge atender para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema, y reducir la factura pública y privada.
Así lo ha detallado este miércoles la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, durante la presentación de la Fase II del Spending Review, el programa de revisión del gasto público que lleva a cabo la autoridad fiscal, centrado en esta ocasión en el análisis de las bajas de Incapacidad Temporal (IT), la ayuda oficial al desarrollo y el ingreso mínimo vital (IMV)
La Incapacidad Temporal (IT) es una de las prestaciones fundamentales del sistema español, diseñada para proteger la renta de los trabajadores cuando de manera temporal no pueden prestar su actividad, por accidente o enfermedad. Después de todo es el segundo mayor componente del gasto de la Seguridad Social, con un coste anual de 16.500 millones (en 2024), cuantía que solo superan la nómina de las pensiones.
Funcionamiento del IT
La separación entre la autoridad que concede la prestación, que es el médico, y la responsabilidad financiera de la misma, que depende de la Seguridad Social, la convierte a ojos de Airef en un modelo complejo.
El sistema de bajas laborales españoles establece que, en el caso de una incapacidad temporal, los primeros tres días el coste lo asume el español. Del día 4 al 15, el trabajadores percibe el 60% de la base reguladora financiada por la empresa. Del día 16 al día 20%, se abona también el 60% pero lo paga el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y desde el día 21 en adelante, el porcentaje se eleva al 75%. A partir del día 365 hay 180 días adicionales donde la gestión plena, altas y bajas, pasan a manos del INSS. La prestación es más reducida al inicio y más generosa cuando se evidencia que el problema se cronifica.
En números globales, se ha pasado de 4,7 millones de episodios en 2017 a 8,6 millones de episodios en 2024, triplicando el coste hasta los 16.500 millones, ha detallado el direc5tor de la división de evaluación de Airef, Jesús María Casado. Dentro del total, en el periodo 2017 a 2024 han aumentado del 60% al 67% los casos con coste público, mientras los casos de menos de 15 días están disminuyendo. El mayor incremento, en realidad, se da en bajas de 0 a 3 días, que corren a cuenta del trabajador.
Evolución del gasto
Analizando la evolución de la prestación entre 2017 y 2024, la Airef concluye que la incidencia ha aumentado un 60% mientras que la duración media lo ha hecho un 15%. Teniendo en cuenta que las empresas cargan con la factura de las bajas de los días 4 a 15, y la Seguridad Social financia a partir del día 16, la Autoridad Fiscal concluye que cuando el coste es público la incidencia aumenta un 29% y la duración un 41%, mientras que a efectos de la carga privada, la incidencia ha aumentado un 78% y la duración ha caído un 16,5%.
"Cuando implica gasto público lo que más aumenta es la duración, cuando no implica gasto público aumenta la incidencia", ha resumido Herrero, subrayado que toda "ganancia de eficacia y eficiencia que se puede producir en la prestación incide positivamente en el sector privado".
Desde 20217, la incidencia en contingencias comunes ha pasado de 21,4 por 1.000 casos a 23,9 casas en 2024. Las enfermedades musculo-esqueléticas y respiratorias son las que tienen mayor incidencia, aunque en términos dinámicos las infecciones y alteraciones mentales o del comportamiento son las que más aumentan. Los trastornos mentales, concretamente, experimentan las mayores aumentos de 67 días en 2017 a 98 días en 2024.
Los datos indican que el 25% de las personas concentran el 55% de las bajas, el llamado efecto reiteración; mientras que las incapacidades son más probables en empresas grandes que en pequeñas; disminuyen cuando la situación económica general empeora; y aumentan cuando lo hacen la listas de espera.
El análisis realizado revela, por ejemplo, que los jóvenes han pasado de ser causantes del 24,6% de casos de IT en 2017 al 41,14% en 2024, o el hecho de que, en total, las bajas por trastornos mentales han pasado de 1,83 a 3,36 millones.
Cinco elementos determinantes
El responsable del departamento de evaluación de Airef ha concluido que los datos revelan que, en el periodo 2017 a 2024, hay un aumento de la incidencia de bajas que generan gasto público, un aumento de duración de las mismas, un incremento de los o problemas musculoesqueléticos y de los trastornos mentales, que crecen tanto en duración como incidencia.
Inciden en esta evolución cinco elementos clave, según Airef: problemas de falta de supervisión y seguimiento en los procesos de IT; el cambio en la normativa y de los convenios colectivos en los últimos años; el ciclo económico expansivo, durante el que se dan más procesos de IT; el aumento de la demanda de atención primaria y de las listas de espera, que incrementa la duración de las bajas.
En el ámbito del impacto de las reformas legislativas de los últimos años, la Airef "constata la influencia de la evolución del marco normativo hacia un enfoque progresivamente más garantista desde 2018", que ha revertido restricciones previas y ampliado la protección económica durante los episodios de Incapacidad Temporal. La Autoridad Fiscal "destaca la restauración del complemento retributivo del 100% para los empleados públicos en situación de IT que incrementó en un 40% la probabilidad de iniciar una baja". Además, agrega, "el tránsito desde contratos temporales hacia contratos indefinidos impulsado por la reforma laboral incrementó en torno a un 30% la probabilidad de iniciar un episodio de IT". El hecho de no tener que llevar físicamente la baja médica a la empresa también tiene su incidencia.
Conclusiones
Más allá, Airef destaca en este aspecto "la desconexión entre el financiador y los prescriptores, médicos de los 17 servicios de salud de las distintas comunidades autónomas, los incentivos pueden no estar alineados".
Finalmente, Airef advierte que aunque el INSS puede intervenir en cualquier momento del proceso aunque suele esperar hasta el día 366, lo que supone una pérdida de las ventajas que supondría una actuación temprana.
Airef propone mejorar la información, avanzando a sistema de información integrado e interoperable que conecte a todos los agentes que intervienen. En segundo lugar, apuesta por fortalecer las capacidades del INSS para mejorar el control y la prevención temprana. Finalmente, abogan por mejorar el apoyo a la atención primaria.
"Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la eficacia y eficiencia de la Incapacidad Temporal que pasan por mayor control, supervisión y prevención", ha concluido Herrero.
Futuros pasos
Concluida esta segunda revisión del gasto público, queda pendiente una tercera fase, aún no encargada por el Gobierno a la Airef, que versará sobre el marco financiero plurianual 2014-2020; las políticas de empleo; y, como encargo adicional al hilo de las conclusiones del primer informe, sobre los avales Covid articuladas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 140.000 millones (100.000 para liquidez de pymes y empresas, más 40.000 para nuevos proyectos). La continuidad de los programas de spending review está respaldad por las autoridades europeas.
Tareas pendientes
Herrero, cuyo mandato vence a comienzos de marzo, ha anunciado que antes de su marcha prevé publicar una resolución criterios de priorización de los encargos que reciban, la apertura de un espacio web para consultar al público sobre qué aspectos del gasto público se deberían revisar, para nutrir una propuesta al Gobierno; y, tras su marcha, se realizará un análisis de la adscripción territorial de partidas como sanidad y educación.
Más allá, la presidenta del supervisor ha vuelto a reivindicar que es "necesario e imprescindible" reformar la Ley orgánica de la Airef para que la función de evaluación pase a figurar entre sus funciones de pleno derecho, con las mismas garantías jurídicas que la supervisión fiscal, con "la misma independencia ya autonomía fiscal".
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