El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este lunes en París, en la reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado. Interior EFE
Política Alarma entre funcionarios de prisiones y policías por el empeño del Gobierno en regularizar a presos preventivosDirectores de cárceles acogen con estupor la circular de Interior que convierte a los trabajadores sociales en "facilitadores" del proceso "con la mayor prontitud".
La oposición denuncia que los reos que sean condenados quedarán protegidos frente a la expulsión automática de delincuentes extranjeros.
Más información:El Gobierno insta a las cárceles a facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de los presos extranjeros
I. P. Nova Publicada 21 abril 2026 02:50h Las clavesLas claves Generado con IA
El empeño del Gobierno por facilitar la regularización de presos extranjeros ha abierto un nuevo frente de tensión que desborda el propio ámbito penitenciario. También los policías denuncian un riesgo para "la seguridad".
Tal y como avanzó este lunes EL ESPAÑOL, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitencias, ha remitido una circular a los directores de las cárceles instando a facilitar "a la población interna extranjera" la tramitación de solicitudes de regularización.
Esa tarea ha de llevarse a cabo "con la mayor prontitud" y, en caso de que sea necesario, "prever el apoyo lingüístico pertinente".
Aunque la nota oficial no alude expresamente a los presos preventivos, sólo ellos, en principio, podrían acogerse a la regularización. Y es que, pese a haber decidido un juez privarles temporalmente de libertad por encontrar razones objetivas de la comisión de un delito grave y apreciar riesgo de fuga o de reiteración delictiva, no existe aún una sentencia y, por tanto, carecen de antecedentes penales.
Aun así, el decreto de regularización del Gobierno permite que personas con antecedentes penales puedan solicitar que les sean cancelados y que se estudie su caso individualmente.
Se da la paradoja de que los presos van a tener mucho más fácil regularizarse que algunos de sus compatriotas, que tienen que hacer largas colas en busca de información y de documentos.
La circular ha causado alarma y estupor entre los directivos y funcionarios de las cárceles, y convierte a los trabajadores sociales de las prisiones en "facilitadores" del proceso.
El Gobierno insta a las cárceles a facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de los presos extranjerosLa oposición, por su parte, avisa de que los reos en situación preventiva que finalmente acaben siendo condenados quedarán protegidos al haber sido previamente regularizados, ya que no podrán ser expulsados de forma automática, como sucede con los delincuentes extranjeros que carecen de papeles.
Según los últimos datos oficiales, correspondientes a 2024, en España había entonces 4.035 presos preventivos extranjeros, una cifra que ha ido aumentando de forma sostenida en los últimos años: 3.299 en 2020, 3.393 en 2021, 3.549 en 2022 y 3.719 en 2023.
No todos los extranjeros en prisión preventiva se encuentran en situación irregular, pero una parte significativa, principalmente de Marruecos y Argelia, lugares de procedencia de la mayoría de reos foráneos, podrían beneficiarse de esta vía abierta por el Ejecutivo.
"Caos" en las cárceles
Desde las cárceles alertan del "caos" organizativo que supone la decisión del Ministerio. Señalan que la instrucción que les han remitido no delimita con claridad a qué internos afecta ni establece un protocolo concreto acerca de quién puede acogerse a estos procesos.
"No sabemos si es para preventivos o penados, porque no han explicado nada", asegura en conversación con este diario Pedro Villena, coordinador nacional del sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM).
Villena subraya que la orden interna obliga a acelerar los trámites sin un marco claro: "Los trabajadores sociales se están centrando en la regularización y en tener preparados los certificados que les piden, con la mayor celeridad". Una situación que, según denuncia, está desplazando otras funciones dentro de los centros penitenciarios.
Según relata, en comunidades como Cataluña ya se venían dando instrucciones en esta línea, pero la aplicación práctica está siendo "caótica" y ha sido una auténtica sorpresa en el resto de cárceles de España.
Asegura que la medida puede alterar de facto el régimen de expulsión de delincuentes extranjeros: "Ponemos el ejemplo de un preventivo: llega el juicio, lo condenan y podría ser extraditado o cumplir parte de la pena antes de la expulsión. Pero si está regularizado, ya no lo puedes expulsar".
La normativa vigente permite sustituir penas de prisión por la expulsión del territorio nacional en determinados supuestos, especialmente cuando superan el año de condena. Sin embargo, la obtención de un permiso de residencia introduce un elemento clave: el arraigo.
Ese arraigo, construido a través de la residencia legal, obliga a los jueces a valorar las circunstancias personales del reo antes de acordar su expulsión, tanto por vía administrativa como judicial.
En la práctica, esto puede dificultar o incluso impedir la expulsión automática, convirtiendo la regularización en un beneficio de gran relevancia para los internos.
"¿Qué sentido tiene que en prisión se dé esta celeridad para tramitar deprisa y corriendo todas las solicitudes?", se pregunta el coordinador de TAMPM, que sospecha que el límite "va a estar en los preventivos", aunque la orden no lo especifica. "Nos ha sorprendido muchísimo", añade.
Además, los funcionarios de prisiones ponen otra contradicción sobre la mesa: los presos van a tener más facilidades para obtener la regularización que la gente que está en la calle.
"Aquí es una Administración del Estado a otra pidiendo documentación de manera digital. Van a ser procesos más rápidos que el de la persona que está en la calle iniciando trámites en consulados u oficinas", denuncian.
Riesgo en las calles
A la inquietud de los funcionarios de prisiones se suma la preocupación de los policías, que a través de sus sindicatos critican la medida.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) consideran "profundamente preocupante" que se impulsen procesos de regularización en el ámbito penitenciario sin garantizar un control exhaustivo de los antecedentes y de la situación judicial de cada caso.
"No estamos ante un debate ideológico, sino de seguridad y de rigor en la gestión", señalan fuentes del SUP a este diario.
Recuerdan que la prisión preventiva implica una valoración judicial de riesgo —ya sea de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva— que no puede ignorarse en procedimientos administrativos de esta naturaleza.
El sindicato advierte además de un problema estructural: "Un proceso masivo, con plazos muy reducidos y una enorme dependencia de información externa limita claramente la capacidad real de verificación".
La Generalitat insta a las cárceles a identificar a presos a los que favorecer con la regularización de SánchezA su juicio, si el sistema se sobrecarga, "pierde precisión" y puede acabar trasladando una responsabilidad excesiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En términos similares se expresa JUPOL, que ha manifestado su "profunda preocupación y rechazo" ante la instrucción del Gobierno.
El sindicato recuerda que ya advirtió de que la regularización masiva abriría la puerta a beneficiar a personas que hubieran cometido delitos sin sentencia firme, y considera que lo conocido ahora "supone un paso aún más grave".
Según denuncian, la medida podría alcanzar incluso a personas privadas de libertad por delitos graves, lo que "contradice directamente" las declaraciones del Ejecutivo, que había asegurado que no se regularizaría a individuos que supusieran un riesgo para la seguridad pública.
JUPOL alerta además de que se están trasladando cargas administrativas adicionales a un sistema penitenciario "ya tensionado y sin refuerzo de medios", y critica que se haya excluido a la Policía Nacional de un proceso que considera de su competencia.
El "no" de la oposición
La oposición ha elevado el tono. Desde el Partido Popular, Alma Ezcurra califica la situación de "gravísima" y exige explicaciones inmediatas al Gobierno.
Recuerda que el decreto de regularización exige carecer de antecedentes penales, lo que en la práctica limitaría su aplicación a los presos preventivos.
"Un preso preventivo es alguien sobre quien pesa una sospecha de delito grave y que ha sido enviado a prisión por riesgo de fuga o reiteración delictiva", subraya.
A su juicio, la clave está en lo que ocurre después: "Si hay sentencia condenatoria, con la residencia legal ya en la mano, expulsarles será mucho más difícil".
Si esto es verdad, es gravísimo y el Gobierno debe explicarlo inmediatamente
— Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) April 20, 2026
El decreto de regularización (DA 20ª y 21ª) exige carecer de antecedentes penales. Eso significa que los únicos presos que podrían acogerse son los preventivos
Un preso preventivo es aquél al que un… https://t.co/Yr8RwLCHO3
Ezcurra advierte de que la regularización "blinda el arraigo que mañana bloqueará su expulsión", lo que considera "justo lo contrario de lo que debe pasar". "En España, el que delinque, fuera", concluye.
En la misma línea, Santiago Abascal ha denunciado en redes sociales que el Gobierno está poniendo "a trabajar a todo el Estado para que ni un criminal pierda la ocasión de quedarse entre nosotros para siempre", y ha calificado el proceso de "inquietante y sórdido".
Cada nuevo detalle de la regularización masiva es más inquietante y sórdido que el anterior. Quien crea que se puede combatir a esta banda con tibieza y complejos, ya ha perdido. https://t.co/FcwRw6KRln
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 20, 2026
El trasfondo de la medida conecta con la política penitenciaria laxa impulsada en los últimos años por el Ministerio del Interior.
La laxitud de Interior
Elsecretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, hombre de absoluta confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska, ya defendió en 2021 el aumento de los terceros grados como uno de los principales objetivos de su departamento, en una estrategia orientada a ampliar los regímenes de semilibertad.
El jefe de Prisiones dice que ya hay más de 8.000 internos en tercer grado y que su "reto" es ir a másAquella política estuvo rodeada de polémica tras casos como el del presunto asesino de Lardero, al que se concedió el tercer grado con un informe de apenas tres líneas pese al criterio contrario de los profesionales.
Los sindicatos denunciaron entonces una tendencia a priorizar medidas de flexibilización del sistema penitenciario, una crítica que ahora vuelve a emerger con la regularización de internos extranjeros.
En este contexto, la instrucción interna conocida por EL ESPAÑOL refuerza la percepción de que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar en esa línea, aun a costa de abrir nuevos frentes con los profesionales del sistema y con la oposición política.
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