Víctor de Aldama abandona el Tribunal Supremo tras conocer la sentencia el pasado lunes. Rodrigo Jiménez Efe
Tribunales Aldama perderá gran parte de su comisión por las mascarillas: tendrá que pagar a Hacienda y devolver 430.000€ de cohechosEl empresario comunica al Supremo su consentimiento "terminante y no condicionado" a realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.
Más información: Así recompensa el TS la "plena y continua cooperación" de Aldama: no irá a la cárcel y hará un año de trabajo comunitario
María Peral Publicada 26 junio 2026 04:24h Actualizada 26 junio 2026 04:30h Las clavesLas claves Generado con IA
El empresario Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de cárcel en la primera sentencia sobre la trama de corrupción montada en torno al exministro José Luis Ábalos, ha dirigido un escrito al Tribunal Supremo para manifestar su consentimiento a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.
Esa aceptación por el penado es un requisito que exige el Código Penal, hasta el punto de que la sentencia de la Sala Penal advertía a Aldama de que "el no consentimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad puede ser interpretado razonablemente como rechazo a la propia suspensión extraordinaria" de la pena de cárcel.
"Se presta por Víctor de Aldama libre consentimiento, expreso, terminante y no condicionado" a realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año "en las actividades de utilidad pública que se determinen", señala el escrito.
El Tribunal Supremo acordó no solo atenuar notablemente la condena a Aldama, premiando su "plena y continua" cooperación con la Justicia.
También decidió, por unanimidad, que ninguna de las cuatro penas que le impuso (por un delito de organización criminal y tres de cohecho) superase los dos años de cárcel.
El alud de delitos de la condena a Ábalos, espada de Damocles para docenas de altos cargos investigados por corrupciónEllo permitió a la Sala dejar en suspenso el cumplimiento de las penas de cárcel, evitando el ingreso de Aldama en prisión con tres condiciones.
La primera, que no delinca durante cinco años.
La segunda, que comparezca semestralmente ante el Supremo para informar de sus actividades laborales "comprobando la observancia del ordenamiento jurídico".
Finalmente, que realice trabajos en beneficio de la comunidad durante 365 días.
El hecho de que el confeso "nexo corruptor" de la trama no vaya a entrar en prisión por esta condena, en contraste con los 16 años y medio que como límite máximo deberá cumplir Ábalos y los 15 años de Koldo García, es el aspecto de la sentencia que ha suscitado mayor controversia.
Entre otras razones, porque a ello se une la circunstancia de que Aldama percibió una comisión de 3,7 millones de euros por los dos contratos de mascarillas que el Ministerio de Transportes adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión, de la que el empresario era intermediario.
La comisión de Aldama se eleva a un total de 6,6 millones de euros si se añaden los contratos de mascarillas adjudicados a esa mercantil por el Ministerio del Interior y los Gobiernos de Balears y Canarias.
Por qué no se devuelve
Esa comisión fue pactada en un contrato legal entre Aldama y Soluciones de Gestión.
También fueron legales los contratos de mascarillas. La sentencia del Tribunal Supremo dedica varias páginas a explicar que el suministro de cubrebocas en pleno estallido de la pandemia de la Covid-19 no se pactó con Soluciones de Gestión en condiciones perjudiciales para la Administración.
Al contrario: en el marco de una "necesidad apremiante" de material sanitario, con un mercado de mascarillas "colapsado" y dificultades para conseguir transportarlas a España, Aldama y Soluciones de Gestión lograron "con eficacia" no sólo la compra para cantidades significativas sino también los fletes.
Las mascarillas de Transportes fueron de las primeras en llegar a España y a un precio bastante por debajo de la media pagada por las Administraciones españolas (2,5 euros por mascarilla conseguida por Soluciones de Gestión frente al precio medio de 3,38 euros abonado en marzo de 2020 y 3,65 euros en abril).
Soluciones de Gestión aceptó adelantar el pago de las mascarillas adquiridas en China y los organismos de Transportes no liberaron el dinero consignado bancariamente hasta la recepción conforme del material.
Dado que se trató de un contrato de emergencia, era legalmente posible la adjudicación directa.
La influencia ejercida por Ábalos y García para imponer a Adif y Puertos del Estado la contratación de Soluciones de Gestión no tiñe de ilegalidad una adjudicación que cumplió todos los requisitos legales. "El tráfico de influencias [cometido por el ministro y su asistente a cambio de los pagos que les hacía Aldama] para hacer lo debido no vierte la ilicitud sobre la contratación", explican fuentes de la Sala.
Hacienda y el comiso
Aun siendo una comisión legal, Aldama perderá buena parte de su importe, en una cuantía aún por determinar, señalan fuentes jurídicas.
De un lado, la sentencia del Tribunal Supremo ordena el decomiso (incautación) de los fondos provenientes de los delitos de cohechos. Los tres condenados deberán pagar al Estado un total de 430.298 euros.
Esa cantidad se desglosa de la siguiente manera: 340.000 euros por los 10.000 euros mensuales que Aldama entregó para gastos fijos de Ábalos durante 34 meses; 82.295 que le costó el alquiler del piso de lujo de la amante del entonces ministro y 8.000 euros del alquiler de un chalé en Marbella disfrutado por la familia de Ábalos.
Aunque en teoría el comiso debería afrontarse por los tres condenados, las fuentes consultadas señalan que será Aldama el único solvente para hacerlo.
Además, el empresario está pendiente de la investigación por los presuntos cohechos en obras públicas que se sigue en la Audiencia Nacional (que puede determinar nuevos comisos) y del problema de la tributación de la comisión de las mascarillas, que podría acabar siendo por el IRPF a un tipo del 48%, según las citadas fuentes jurídicas.
Un informe de la Agencia Tributaria remitido el pasado abril al juez central de instrucción Ismael Moreno, que investiga en la Audiencia Nacional la llamada 'trama de las mascarillas', ha cifrado en 1,6 millones de euros la cantidad presuntamente defraudada por Víctor de Aldama en su IRPF de 2020.
El informe detalla que el resultado total de la liquidación comprobada fue de 2.410.748,95 euros. Sin embargo, la posible cuota defraudada exigible se sitúa en los 1,62 millones de euros tras deducir las cantidades que ya habían sido ingresadas previamente por Aldama en concepto de Impuesto sobre Sociedades por sus mercantiles interpuestas, Deluxe Fortune y MTM 180 Capital.
La AEAT considera que el empresario "utilizó una estructura societaria simulada para canalizar sus ingresos profesionales y reducir ilícitamente su carga tributaria personal".