El CSN resolverá si la central extremeña prolonga su actividad hasta 2030, cuyo visto bueno opera como un test decisivo sobre el futuro del parque atómico y de la política energética española
Regala esta noticia Añádenos en Google La central de Almaraz aporta alrededor del 7% de la producción eléctrica de España. (AFP) 06/07/2026 a las 00:06h.Entre un campo de dehesas donde julio ya pesa como un aviso de lo que vendrá en otoño, la central nuclear de Almaraz (Cáceres) espera ... con estoicismo su sentencia. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) votará en los próximos días el informe de viabilidad para la continuidad de la planta elaborado por los técnicos del organismo regulador. La solicitud lleva meses sobre la mesa. La sociedad Nucleares Almaraz-Trillo, conformada por Iberdrola (al 53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%), solicitó formalmente al Gobierno en octubre una miniprórroga hasta 2030 de la licencia actual para ambos grupos: expira el 1 de noviembre de 2027 para la unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la segunda.
La última revisión de seguridad que recibió de este mismo organismo en 2020 ya contemplaba su continuidad hasta 2030, lo que da a las propietarias argumentos para confiar en que el nuevo informe no vaya a ser negativo -de lo contrario, señalan, significaría que a día de hoy se está operando sin garantías- ni tampoco torcerá los números. Y aquí las cuentas lo son todo: alargar la vida de una central sin desembolsos extraordinarios dispara la rentabilidad de seguir operando frente a la alternativa, mucho más cara, de desmantelarla y sustituir esa producción por otras fuentes.
Por eso, lo que se juega en Almaraz excede a las 1.683 hectáreas de terrenos que ocupa el complejo de reactores, edificios industriales, infraestructuras, zonas de seguridad y el embalse de Arrocampo. Esta central aporta en torno al 7% de la electricidad que consume el país y desde el sector nuclear dan por hecho que su desenlace será un test para la moratoria del resto del parque atómico que hoy supone en torno al 20% de toda la generación del sistema.
Primero, porque la extensión de estos dos reactores -y, llegado el caso, la de Vandellós 2, Ascó I y Cofrentes- impactará de lleno en la planificación energética del país. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se construyó sobre la premisa de que para 2030 el mix eléctrico no tendrá carbón y la capacidad nuclear aportará la mitad, por lo que esta prórroga obliga a repensar de nuevo el diseño del sistema.
Las titulares argumentan que si la planta extremeña no continúa, habrá que repartir ciertos costes del conjunto del parque entre menos plantas
Y, en segundo lugar, porque la resolución del informe primero y la decisión del Ejecutivo después servirá de termómetro de rentabilidad del conjunto de activos nucleares en España. Desde las empresas propietarias argumentan que si Almaraz no continúa, la carga que soporta el sector en términos de costes y tasas vinculados a determinadas actividades -como la gestión de los residuos radioactivos o el desmantelamiento- del conjunto del parque nuclear tendrá que dividirse entre menos plantas, lo que aumentará el coste medio que soportan las restantes porque algunos gastos no desaparecen con el cierre y deben seguir financiándose. «Es como si de repente un vecino se marcha del edificio y hay que repartir una nueva derrama entre menos propietarios. En ese caso, a lo mejor no salen las cuentas», ilustran desde las eléctricas.
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