El Ayuntamiento de Madrid aprueba nuevos instrumentos para incrementar la oferta de vivienda protegida con el voto en contra de la izquierda.
En un tenso pleno extraordinario, marcado por la instrumentalización política y electoral del desahucio de Maricarmen Abascal y ahora de su fallecimiento por parte de los grupos de izquierda, el Ayuntamiento de Madrid aprobó este jueves un plan urbanístico especial destinado a incrementar la oferta de vivienda protegida en alquiler en la capital de España, donde la falta de inmuebles residenciales es especialmente acuciante.
En un escenario en el que el problema de la vivienda se ha convertido en el epicentro de la batalla política y en el catalizador de un malestar social que los partidos de izquierda buscan capitalizar electoralmente, el consistorio que encabeza José Luis Martínez-Almeida ha dado luz verde este jueves a un instrumento que permitirá levantar hasta 18.400 viviendas protegidas en alquiler de aquí a 2028, habilitando para ello la construcción en suelos de oficinas, dotacionales y de hospedaje.
Entre las novedades de estos nuevos planes municipales, respaldados por los votos de PP y Vox y, paradójicamente, rechazados por el conjunto de la izquierda, figura la posibilidad de aumentar en hasta un 20% la edificabilidad y un 30% en la densidad de suelos calificados para vivienda protegida sin modificar el planeamiento, aunque, eso sí, el consistorio deja claro que solo podrá aplicarse "en la vivienda colectiva, no en la unifamiliar". El Ayuntamiento madrileño calcula que, gracias a estas mayores facilidades, se podrán construir más de 4.400 viviendas adicionales en la capital, que, "sumadas a las 14.000 calculadas de la iniciativa asociada al cambio de uso alternativo (de suelo), se elevarían a más de 18.400".
Con estos planes, el Ayuntamiento integra en sus normas urbanísticas las medidas para la promoción de vivienda protegida lanzadas en su momento por la Comunidad de Madrid, que en 2024 promovió una ley (la Ley 3/2024, de 28 de junio, posteriormente modificada por la Ley 2/2026)) para facilitar la conversión de edificios de oficinas desocupados, o parcelas destinadas inicialmente a ese fin, en viviendas de alquiler asequible. De hecho, el consistorio madrileño ya aprobó en un pleno hace casi dos años la aplicación de esa ley, que inicialmente flexibilizaba la implantación de vivienda protegida de alquiler durante 15 años en suelo destinado a oficinas. El resultado es que en 21 meses se han tramitado 5.806 viviendas.
Ampliación de tipos de suelos
En 2026 se introdujeron cambios en la ley regional para ampliar a otros tipos de suelos las posibilidades de conversión en vivienda, permitiendo levantar casas "en parcelas reservadas a dotacional privado (equipamientos o servicios) y terciario de hospedaje", además de en suelo para oficinas. El gobierno que lidera Martínez-Almeida estima que, gracias a esta ampliación, se facilitará en Madrid la construcción de más de 8.100 viviendas adicionales en los próximos dos años, que es el marco temporal que fija la legislación autonómica. De esa cifra, 4.900 casas corresponderían a las que se prevé que se edifiquen en suelo terciario para oficinas; unas 3.000 en espacios dotacionales privados y alrededor de 130 en suelo terciario de hospedaje.
En total, varios miles de nuevas viviendas "dirigidas a los colectivos más necesitados", señaló el Ayuntamiento, que reivindicó su impulso a "la puesta en marcha de más instrumentos de planeamiento que han permitido liberar suelo y generar más vivienda", dijo Borja Carabante, responsable del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, quien añadió que"una de cada dos viviendas protegidas se construye en Madrid".
Carabante subrayó los esfuerzos del consistorio para incrementar la oferta de vivienda con el desbloqueo de nuevos desarrollos "que paralizó la izquierda", la misma que ahora enarbola la bandera de la protesta por la crisis de vivienda y que soslaya que tanto el desahucio de Maricarmen como otros muchos miles de desahucios en España se han producido al amparo de una ley socialista y bajo un Gobierno de coalición autodenominado progresista. Y que este jueves ha votado en contra de dos iniciativas para elevar la oferta residencial en alquiler.
Hospedaje en zonas industriales
En paralelo al impulso de la construcción de vivienda protegida en alquiler, el Ayuntamiento dio también luz verde a otro plan para facilitar la implantación de otros modos de hospedaje diferentes a los hoteles en zonas industriales. Esto es, "la apertura de cualquier clase de hospedajes, incluidos apartahoteles, pensiones o casas de huéspedes, en ámbitos industriales donde, hasta ahora, no era posible", señaló el consistorio.
Hasta la fecha, en estas zonas solo se permitía implantar hoteles. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de la capital busca elevar la oferta de hospedaje de corta y media estancia en la periferia ante "las restricciones establecidas en el centro de la ciudad y la descentralización del uso terciario de hospedaje que impulsa el Plan RESIDE", aprobado el pasado año y que veta los pisos turísticos en edificios residenciales. El objetivo es redistribuir el flujo de turistas y "el impacto económico positivo hacia los distritos exteriores, promoviendo la revitalización de estos entornos urbanos".
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