Seguridad
Andalucía regulará por decreto la autoprotección ciudadana ante el avance de las emergenciasLa Junta prepara una norma para formar a la población frente a terremotos, temporales e incendios incontrolables
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03/10/2026 a las 23:57h.Saber cómo reaccionar en cuestión de segundos cuando la tierra empieza a temblar o cuando una bocina estridente retumba en la pantalla del teléfono móvil ... puede marcar la frontera entre la vida y la muerte. En un territorio cada vez más expuesto a la virulencia del clima y a la geodinámica interna de la tierra, la gestión de los desastres naturales ya no depende únicamente del número de helicópteros, bomberos o sirenas disponibles. La capacidad de respuesta de la propia ciudadanía se ha convertido en el eslabón decisivo de la seguridad pública. Bajo esta premisa, la Junta de Andalucía culmina la redacción del primer decreto de autoprotección de la comunidad, una regulación diseñada para adiestrar a la sociedad civil ante emergencias que, en muchos casos, resulta imposible predecir o evitar.
A la amenaza climática se suma la sismicidad propia del sur peninsular, con Granada en el primer plano
A este escenario de estrés climático se le añade la sismicidad propia del sur peninsular. La Vega de Granada y su área metropolitana, asentadas sobre una compleja red de fallas bajo la convergencia de las placas euroasiática y africana, vivieron recientemente una sucesión de episodios que despertaron la alarma y causaron daños materiales. Aunque los sismos no causaron colapsos estructurales graves, la repetición constante de sacudidas profundas dejó al descubierto una realidad ineludible: los terremotos no se pueden prever ni prevenir, por lo que la única defensa eficaz pasa por saber exactamente qué hacer antes, durante y después del temblor.
Confusión en los mensajes
La futura normativa andaluza pretende atajar la confusión que a menudo sufre la población a la hora de interpretar los mensajes de crisis. Durante una reciente intervención parlamentaria, el vicepresidente primero y consejero de Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha puesto el acento en la necesidad de que la ciudadanía distinga, por ejemplo, entre un aviso meteorológico convencional emitido por las agencias oficiales y una alerta roja de protección civil. Asimismo, el texto busca sistematizar el funcionamiento y las pautas de actuación ante el sistema ES-Alert, la herramienta que envía notificaciones masivas a los teléfonos móviles localizados en una zona de riesgo inminente. La meta es evitar el pánico o la desobediencia por falta de información y asegurar que el ciudadano sepa cómo resguardarse ante una inundación relámpago o un incendio forestal sin esperar a la llegada física de los equipos de rescate.
El enfoque del decreto parte de la constatación técnica de que el riesgo cero no existe en el ámbito de las catástrofes naturales. Ninguna infraestructura, por avanzada que sea, ni ningún despliegue de medios públicos puede garantizar la protección absoluta si la población adopta conductas de riesgo involuntarias, como cruzar un cauce desbordado en coche o permanecer en zonas expuestas durante un vendaval. Por ello, la norma establecerá un marco legal para reforzar la información pública, fomentar simulacros periódicos en colegios y centros de trabajo, e impulsar la actualización de los planes de autoprotección en los municipios andaluces.
No obstante, esta apuesta por la cultura preventiva no exime a la Administración de la modernización de sus propios recursos tecnológicos y operativos. De forma paralela al desarrollo del decreto, el sistema andaluz de emergencias prevé poner en funcionamiento a finales de año una Plataforma Inteligente e Integral de Gestión de Emergencias. Esta herramienta digital busca unificar la captación de datos en tiempo real, agilizar la toma de decisiones estratégicas y recortar los tiempos de respuesta del centro coordinador 112, una infraestructura donde cada minuto resulta determinante para minimizar los daños humanos y materiales.
Convenios con entidades
El modelo que persigue la nueva regulación se extiende más allá del momento crítico en que se repliegan los operativos de extinción o rescate. Detrás de cada desastre natural se produce una ruptura del tejido socioeconómico familiar que requiere acompañamiento a medio y largo plazo. Por este motivo, la estrategia andaluza contempla la firma de convenios de colaboración con entidades clave en la atención posterior a la crisis, como la Cruz Roja y los colegios profesionales de Psicología, Trabajo Social y Arquitectura. La experiencia acumulada en los terremotos de Granada y en las inundaciones recientes demostró la utilidad del voluntariado técnico, como los arquitectos que evaluaron la habitabilidad de las viviendas afectadas para permitir el regreso seguro de los vecinos.
Con este paquete de medidas, la administración autonómica aspira a consolidar una cultura de la responsabilidad compartida. La preparación de la población deja de entenderse como un mero complemento de la protección civil para elevarse a la categoría de pilar estratégico. En un escenario donde los fenómenos extremos prometen ser cada vez más recurrentes e intensos, la formación ciudadana se consolida como la herramienta más económica, rápida y eficaz para salvar vidas.
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