Política andaluza
Andalucía urge un pacto educativo tras el batacazo del Informe PISAEl Parlamento reclama un acuerdo de Estado tras situarse más de la mitad del alumnado bajo el mínimo en ciencias
Regala esta noticia Añádenos en Google Alumnos en un centro público de Andalucía. (Sur)Sevilla
02/10/2026 Actualizado a las 10:24h.El Parlamento de Andalucía ha reaccionado a la crisis educativa con una petición de diálogo nacional sobre este asunto. A través de la aprobación de ... una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Popular y respaldada por Vox, la Cámara autonómica insta al Gobierno de España a abrir un proceso de concertación institucional para alcanzar un compromiso de Estado que aporte estabilidad normativa y curricular al sistema más allá de los vaivenes políticos. La iniciativa, que contó con el rechazo explícito de PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, pone el foco en la necesidad de revisar la legislación nacional vigente y, en particular, los aspectos derivados de la Lomloe que puedan estar obstaculizando la adquisición de competencias fundamentales.
En la vertiente de gestión autonómica, el mandato parlamentario emplaza a la Junta de Andalucía a mantener y reforzar las actuaciones dirigidas a consolidar las materias clave. La resolución reclama la intensificación de los programas de refuerzo pedagógico mediante docentes específicos, priorizando a aquellos centros educativos e itinerarios del alumnado que presenten necesidades más complejas o mayores índices de vulnerabilidad académica. Asimismo, insta a sostener las inversiones estructurales para preservar las mejoras conseguidas en el volumen de plantillas, la reducción progresiva de las ratios por aula y la equidad dentro del entorno escolar.
El texto aprobado es la respuesta parlamentaria al demoledor resultado del último informe PISA
Esta contundente respuesta parlamentaria se produce tras la radiografía dejada por el último Informe PISA, cuyos resultados expusieron la dimensión del retroceso formativo en la comunidad. Andalucía volvió a situarse por debajo de las medias nacional y europea en las tres áreas examinadas: Ciencias, Lectura y Matemáticas. Los registros son especialmente alarmantes en la rama científica, donde el 57% del alumnado evaluado no logra superar el Nivel 2 de competencia —el umbral mínimo considerado necesario para desenvolverse con solvencia en el ámbito cotidiano y profesional—, mientras que tan solo un 2% alcanza tramos de alto rendimiento. A ello se añade una tasa de repetición de curso que roza el 29%, prácticamente el doble del promedio en la Unión Europea. La evaluación sitúa este bajón en un contexto global marcado también por caídas en el conjunto de España y en países europeos como Francia o Alemania, salpicados por las secuelas de la pandemia y el impacto del consumo desregulado de pantallas.
Disputa política
El diagnóstico ha avivado una agria disputa política y sectorial. Desde el Gobierno autonómico se reconoce abiertamente que los datos no son satisfactorios, aunque se sostiene que la situación no obedece a un déficit presupuestario. La Consejería de Desarrollo Educativo remarca que la región cuenta con un nivel de recursos en máximos históricos, récord de profesores y menores ratios, por lo que aboga por reorientar los métodos de aprendizaje, afianzar los planes de lectura e impulsar la competencia en áreas STEM.
En el extremo opuesto, los partidos de la izquierda parlamentaria tachan las cifras de demoledoras y acusan a la Junta de propiciar un deterioro sistemático de la educación pública mediante el cierre de aulas y la falta de apoyo a los centros docentes. Por su parte, Vox defiende que el problema radica en la falta de exigencia del propio modelo educativo y aboga por impulsar planes de choque orientados al mérito individual, la disciplina y la desideologización de las aulas.
En el ámbito social y pedagógico, los sindicatos docentes (ANPE, USTEA, CCCOO y UGT) recuerdan que el aumento de fondos debe ir acompañado de medidas efectivas dentro del aula, reclamando una drástica reducción de la carga burocrática del profesorado y desdobles reales para garantizar un apoyo eficaz a la diversidad. A su vez, las organizaciones de familias apelan a cuidar el clima de convivencia, proteger la salud mental del alumnado y limitar el uso temprano de dispositivos digitales. Con el mandato parlamentario ya fijado sobre la mesa, el sistema educativo afronta la encrucijada de convertir la exigencia política en soluciones efectivas para las aulas.
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