- ALICIA CORONIL JÓNSSON
La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, aprobada por seis votos frente a tres, no sólo ha invalidado el pilar central de la estrategia económica de la Administración Trump, sino que también ha puesto de relieve que el poder presidencial se encuentra sujeto a límites constitucionales y al sistema de contrapesos (checks and balances), uno de los principales activos de la democracia estadounidense.
Aunque el fallo condena el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para justificar la imposición masiva de aranceles sin el aval del Congreso, el presidente Trump ha optado por activar otros mecanismos al alcance del poder ejecutivo para preservar su agenda proteccionista. En particular, ha recurrido a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para establecer un arancel universal del 10% durante un plazo máximo de 150 días, susceptible de elevarse al 15%, al tiempo que mantiene abierta la posibilidad de aplicar las secciones 301 y 232 bajo el argumento de prácticas comerciales desleales o de seguridad nacional, si bien su implementación efectiva podría demorarse hasta la conclusión de las investigaciones pertinentes.
Este movimiento confirma que la Administración Trump no renunciará al proteccionismo económico como instrumento para alcanzar sus objetivos estratégicos geoeconómicos y, al mismo tiempo, evitar un nuevo frente presupuestario. Las empresas afectadas por los aranceles impuestos bajo la IEEPA podrían reclamar aproximadamente 148.000 millones de dólares (0,5% del PIB), lo que añadiría mayores retos presupuestarios. Todo ello en un contexto en el que la filosofía MAGA no ha logrado corregir de forma significativa el déficit comercial, que en 2025 se situó en 901.000 millones de dólares (3,0% del PIB), fundamentalmente por la resiliencia del consumo de los hogares y por la elevada demanda de importaciones de bienes de capital y tecnológicos vinculada al ciclo inversor en IA y a la construcción de centros de datos.
La contabilidad nacional ha reflejado, en este sentido, un repunte notable de la inversión en capital fijo de un 3,7% anual en el conjunto de 2025 (vs. 1,0% año anterior), concentrado especialmente en bienes de equipo y propiedad intelectual. Esta dinámica ha contrastado con la moderación del crecimiento del consumo de los hogares a un 2,2% tras situarse en un 3,4% anual en 2024, y con la contracción del gasto público provocada por el proceso de ajuste de la Administración y por el cierre parcial del Gobierno federal durante 43 días en el último trimestre de 2025.
Sin embargo, a pesar del impulso sobre la inversión y la productividad asociado a la revolución de la inteligencia artificial, la estrategia MAGA ha elevado los niveles de incertidumbre y los costes de producción, con consecuencias negativa sobre la creación de empleo y la evolución de los precios. La Reserva Federal de Nueva York estima que aproximadamente el 90% de los aranceles impuestos se ha trasladado a los precios pagados por importadores y consumidores estadounidenses, mientras que el Kiel Institute señala que únicamente un 4% de las empresas exportadoras extranjeras habría asumido el coste de estos gravámenes.
Paralelamente, las tensiones inflacionistas, el cierre parcial de la Administración federal, la menor creación de empleo y la moderación del consumo contribuyeron a desacelerar el crecimiento del PIB a un 2,2% anual en 2025, frente a un 2,8% el año anterior. De este modo, la economía estadounidense ha comenzado este año mostrando una menor inercia, que se suma al efecto negativo del repunte de la incertidumbre comercial global tras la respuesta de la Casa Blanca al fallo del Tribunal Supremo.
La decisión de establecer, bajo la sección 122, un arancel universal del 10% durante 150 días configura un nuevo marco arancelario temporal que mantiene exenciones relevantes -como las del acuerdo con México y Canadá, los minerales críticos o determinados productos alimentarios-, pero que introduce distorsiones respecto al objetivo critico de la filosofía MAGA de penalizar a China. Según Global Trade Alert, el arancel medio sobre las importaciones chinas se reduce al 26,9% (vs. 36,8% anterior), mientras que en el caso de Brasil desciende al 10,7% y en el de India al 13,9%. Esta circunstancia, aunque previsiblemente transitoria, podría incentivar un adelanto de importaciones desde China y la región Asia-Pacífico, como ya ocurrió antes del denominado "Día de la Liberación". Un incremento de las compras exteriores de las compañías estadounidenses a corto plazo que podría ampliar el déficit comercial y restar crecimiento al PIB.
En contraste, la medida también implica riesgos para determinados sectores industriales de la Unión Europea. El arancel universal del 10% podría elevar hasta un 20% el gravamen efectivo sobre algunos productos europeos, como textiles, químicos o plásticos, a priori durante 150 días. Esta situación explica que el Parlamento Europeo haya decidido pausar la ratificación del acuerdo comercial alcanzado el pasado mes de julio con la Administración Trump, a la espera de una mayor visibilidad sobre la evolución de la política comercial estadounidense.
A la espera de cómo evolucione la estrategia comercial de EEUU, el arancel medio efectivo se ha reducido a un 10,2% frente a un 13,6% previo al fallo del Tribunal Supremo. No obstante, se sitúa en niveles no observados desde 1941, por lo que los consumidores y empresas estadounidenses seguirán haciendo frente a este gravamen tributario en una coyuntura afectada por la depreciación del dólar. En una coyuntura en la que la última encuesta del Washington Post/ABC/Ipsos señala que el 64% de los consumidores estadounidense desaprueban la gestión arancelaria del presidente Trump. Y, en la que las mayores dosis de incertidumbre podrían lastrar los planes de contratación y de inversión del tejido empresarial estadounidense, y frenar los compromisos de inversión en el país comprometidos por la UE, Japón o Reino Unido en los acuerdos comerciales alcanzados el año pasado con el presidente Trump.
Desde el punto de vista geopolítico, el fallo del Tribunal Supremo erosiona la capacidad de negociación del presidente Trump de cara a su próxima visita a China. En un entorno en el que incluso algunos congresistas republicanos podrían cuestionar la política arancelaria por sus consecuencias en las elecciones de Mid Term, el presidente Xi Jinping dispone de mayor margen de maniobra para abordar cuestiones estratégicas como el acceso a semiconductores de última generación o la soberanía de Taiwán, reforzado además por el peso coercitivo del control del suministro de tierras raras.
Por su parte, aunque la UE pueda mantener inicialmente un tono conciliador, el momento Groenlandia marca un punto de inflexión que podría llevar a la Comisión Europea y a los Estados miembros a hacer valer no sólo instrumentos comerciales, sino también el papel de sus activos estratégicos. Los proveedores europeos suministran en torno al 80% de las importaciones de uranio de EEUU, así como mayor parte de las turbinas de gas de tamaño medio necesarias para sus centros de datos. A su vez, el acceso al mercado europeo genera aproximadamente 10 billones de dólares a las tecnológicas estadounidenses, y las exportaciones de GNL a Europa son fundamentales, especialmente ante la perspectiva de nuevas alternativas globales de suministro.
De ahí que el Gobierno de Trump afronte un momento complejo interno de cara a las elecciones de Mid Term, que podría ser una oportunidad para que Europa juegue sus cartas. Especialmente cuando podría erigirse en el aliado necesario de la Casa Blanca para contrarrestar las consecuencias sobre la economía estadounidense y europea de la sobrecapacidad industrial de China, de sus prácticas desleales, y de su creciente posición de dominio geoeconómico, con el que busca crear un nuevo orden mundial alejado de los valores liberales.
Alicia Coronil Jónsson. Economista jefe de Singular Bank y asesora del Círculo de Empresarios
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