Alcalde de Almussafes, Toni González. EE
Valencia Antifraude abre expediente al alcalde de Almussafes por "represalias" contra la primera mujer que le denuncióAVAF califica como infracción "muy grave" el despido de la denunciante de su puesto laboral en la compañía pública en la que trabajaba.
Más información: El PSOE expulsa al alcalde de Almussafes por "la actitud hacia sus víctimas" antes de resolver las denuncias de acoso sexual
Patricia Orduna Valencia Publicada 10 marzo 2026 18:12hLa Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha acordado abrir expediente contra el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por la posible infracción "muy grave" ante la "adopción de represalias" contra la primera mujer que denunció al primer edil ante el PSOE por acoso sexual y laboral, que fue despedida de la compañía pública.
La mujer formuló el 5 de julio del pasado año una denuncia ante Antifraude por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa pública municipal y posteriormente solicitó el estatuto de protección, que le fue otorgado. Entonces, AVAF ya apreció un "alto riesgo de sufrir represalias".
Así, Antifraude también ha abierto expediente contra la Empresa Municipal de Servicis Públics de la localidad (EMSPA), su gerente y los miembros del Consejo de Administración.
El alcalde de Almussafes seguirá siendo del grupo socialista esta legislatura pese a su expulsión del PSOEAsí lo recoge la institución en una resolución datada de este lunes, en la que argumenta que ha constatado un "patrón de represalias continuadas" contra la denunciante.
La resolución detalla que estas represalias incluyen "descrédito profesional y reputacional", "aislamiento, descalificaciones y hostigamiento", "deducciones indebidas en nómina" y la "negativa institucional a intervenir cuando la trabajadora pidió ayuda para frenar la situación".
También censura la "exposición pública en el pleno municipal de su situación personal y laboral", la "apertura del expediente disciplinario tras el requerimiento expreso de AVAF para cesar cualquier actuación contraria al estatuto de protección", la "atribución de una conducta potencialmente delictiva sin constatación mínima suficiente" y un "despido disciplinario".
Además, alerta de que no se trata de un "hecho aislado" y relata un "patrón" que comienza cuando la mujer, entonces trabajadora de la EMSPA, "denuncia irregularidades y obtiene protección oficial porque ya existe un contexto de riesgo de represalias".
Sin embargo, "no se neutraliza el entorno hostil, sino que persisten el descrédito, la exposición pública y la inacción ante sus peticiones de ayuda".
En este momento, continúa, cuando AVAF "exige expresamente que cesen los actos lesivos, la respuesta empresarial no es la contención, sino la escalada: expediente disciplinario, invocación de revelación de secretos, denuncia penal y, finalmente, despido".
En fecha 22 de diciembre de 2025, la agencia dirigió comunicación a EMSPA para instar a que se abstuviera de realizar "cualquier acto que vulnerase el estatuto de protección" de la mujer.
Pese a ello, el 15 de enero la compañía comunicó que había incoado expediente disciplinario contra ella por "la supuesta difusión de un archivo de auditoría con datos laborales y personales de la plantilla".
Argumentaba que se trataba de información "no pública" y que su revelación "podría incluso ser constitutiva de delito".
Sin embargo, según AVAF, "se deduce de forma muy cualificada para este procedimiento que el documento utilizado como sustento del reproche disciplinario incorporaba datos que ya habían sido hechos públicos por la empresa".
De hecho, añade, "se ha constatado que el enlace con el informe de auditoría ya era accesible y de que la fecha y hora de publicación del documento era el 24 de noviembre de 2025, a las 14.15 horas".
Y añaden: "Además, se ha verificado que el pantallazo aportado sitúa el reenvío de la auditoría el 25 de noviembre de 2025. Con lo que en la fecha en la que compartió a varios trabajadores, en su condición de delegada de personal, a través de Whatsapp el informe, este ya era público".
"A lo que debe añadirse que, los datos de los trabajadores supuestamente revelados ya habían sido publicados por la empresa pública municipal en los informes de auditoría de los años anteriores", prosigue.
Por todo ello, acuerda abrir expediente por la posible comisión de una infracción muy grave por la adopción de represalias contra la mujer.
Al mismo tiempo acuerda también una serie de medidas provisionales. Entre ellas requerir a EMSPA "la suspensión inmediata de la eficacia ejecutiva del acuerdo de despido disciplinario, así como de todos los actos de ejecución o desarrollo derivados".
Como consecuencia de ello, insta a reponer provisionalmente a la afectada en su puesto de trabajo, "con mantenimiento íntegro de sus condiciones profesionales y retributivas, alta y cotización, hasta que recaiga resolución administrativa firme en este procedimiento o pronunciamiento jurisdiccional incompatible".
La medida se adopta, añade, "por ser la única idónea para evitar la consolidación del perjuicio y preservar la efectividad de la eventual resolución sancionadora y restauradora".
Además, reclama tanto a la EMSPA como al Ayuntamiento de Almussafes "que se abstengan de realizar nuevos actos de presión, descrédito, exposición pública, hostigamiento o alteración perjudicial de las condiciones de trabajo de la persona protegida mientras se tramita este procedimiento".
Entre las sanciones posibles, la resolución apunta que, de confirmarse la calificación provisional como infracción muy grave, "podrían imponerse multas de 30.001 a 300.000 euros a las personas físicas responsables y de 600.001 a 1.000.000 de euros a la persona jurídica responsable, sin perjuicio de las consecuencias accesorias previstas legalmente".
Por su parte, el alcalde de Almussafes ha publicado este martes una carta en redes sociales en la que vuelve a denunciar que "desde las direcciones que encabezan Diana Morant y Rebeca Torró", en el PSPV y en el PSOE, se ha "construido un caso" contra él y se le ha convertido en "cabeza de turco y aviso de navegantes al mismo tiempo".
"Con un mensaje muy claro: quien se atreve a discrepar y salirse de la línea marcada será juzgado, condenado sin pruebas y expulsado", subraya.
En cualquier caso, dice tener "la conciencia tranquila" y "el firme apoyo de los regidores del equipo de gobierno, de los 41 integrantes de la anterior ejecutiva y de más de 300 militantes del PSOE de Almussafes". "Voy a seguir mi batalla judicial cueste lo que cueste", asevera, y advierte que "el tiempo pondrá a cada uno en su sitio".
El pasado sábado, los concejales del PSPV-PSOE de Almussafes lamentaron la expulsión de Toni González de la formación y anunciaron la creación de un nuevo partido político, en un comunicado en el que criticaron que Morant y Torró están "imponiendo" un funcionamiento "al estilo de una secta destructiva".