María José Fernández, pensionista, junto a su casa 'inquiokupada' en Cercedilla (Madrid). David Morales
Política DECRETO ÓMNIBUS "Aquí está mi casa, pero mi 'inquiokupa' no paga y vivo con mi hija en 20 metros": cuando el "vulnerable" es el propietarioEl decreto que nació para evitar desahucios a vulnerables durante la pandemia se prorrogó 11 veces y creó un sistema de fácil manipulación: más del 41% de los españoles entran en el criterio de vulnerabilidad.
Dos pensionistas, María José Fernández y Carmelo Sevilla, explican cómo se convirtieron en las verdaderas víctimas y advierten sobre el "limbo legal" de la nueva redacción pactada con el PNV.
Más información:Carlos García, abogado, sobre la prórroga antidesahucios: “Explica mucho sobre por qué suben los precios del alquiler”.
Alberto D. Prieto Publicada 8 febrero 2026 02:17hLas claves nuevo Generado con IA
María José Fernández, pensionista de 65 años, no puede acceder a su única vivienda ni cobrar la renta porque su inquilino dejó de pagar y está protegido por la ley de vulnerabilidad.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación estima que en España hay hasta 80.000 casos de 'inquiokupación', con procedimientos legales que pueden durar hasta seis años.
El Real Decreto-ley 11/2020, creado para proteger a los vulnerables durante la pandemia, ha dejado a muchos pequeños propietarios sin protección y sin compensación efectiva.
La certificación de vulnerabilidad se otorga fácilmente, según denuncian los afectados, mientras los propietarios asumen gastos y pierden ahorros sin recibir apoyo institucional.
"Lo de inquiokupa no es facha, lo inventamos para ser visibles". María José Fernández tiene una casa en Cercedilla (Madrid), pero ni puede vivir en ella, ni cobra la renta. Y esa pobreza sobrevenida la tiene atrapada. Porque un decreto nacido en la época del Covid ha hecho de ella una ciudadana más "vulnerable" que su inquilino.
María José es pensionista, tiene 65 años, y puso su único piso en alquiler hace algo más de un año "para tener ingresos" y ayudar a su hija, en paro, compartiendo un piso de apenas 20 metros cuadrados... "¿quién es más vulnerable?, se pregunta en alto.
El propietario les cobra una renta de casi 1.000 euros al mes. "Es carísimo, sí... es que ella vive en París".
Desde hace años, una cifra circula en los discursos políticos, las tertulias y los debates parlamentarios sin verificación: 80.000 viviendas "inquiocupadas" en España. El Gobierno dice que eso es exagerado, la oposición la esgrime como arma electoral y los protagonistas la explican.
"Es sólo una extrapolación", aclara Carmelo Sevilla, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) y fundador tras casi siete años de calvario personal. "Usamos los datos de la Justicia y multiplicamos por cinco, que son los años que todo se agravó, con el decreto de la pandemia, que no han dejado de prorrogar".
La última vez, en el ómnibus decaído la semana pasada. "Me emocioné aquel martes en la tribuna del Congreso", admite en conversación con EL ESPAÑOL, "porque el sufrimiento no es sólo económico, es un infierno anímico", y no se conjura con la nueva redacción del decreto, pactada por el PSOE y el PNV.
Detrás de esa estimación de afectados hay "siempre" un rostro, una historia, una familia atrapada en un laberinto burocrático del que nadie quiere hacerse responsable. "La imagen tiene que ser general", advierte María José al reportero, "por protección de datos no puedo ni siquiera hacerme una foto en mi casa".
Una activista okupa de Sumar culmina los ataques de Sánchez a Feijóo por rechazar el decreto ómnibus de las pensionesLos inquiokupas no existen como categoría jurídica, pero sí en la realidad.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) registra 16.426 denuncias por usurpación y allanamiento en 2024, un aumento del 7,4% respecto al año anterior.
Pero la estadística oficial no refleja los miles de casos de inquilinos que firman un contrato, pagan los primeros meses y después dejan de hacerlo.
Se amparan en un decreto diseñado para proteger a los "vulnerables" en la pandemia, que se ha convertido en "un escudo para quienes aprenden a explotar el sistema", tal como denuncia la oposición.
"No hay datos oficiales de lo nuestro. El CGPJ sólo ofrece los de procedimientos penales", explica Carmelo, que vive en Canillas (Madrid), a pocos metros del piso que arrendó en 2019 y pone voz a una organización "sin ayudas" que agrupa a unos 7.000 afectados.
"Somos totalmente apolíticos, pero nos hemos reunido con todos los grupos... menos con Bildu, que no nos interesaba, y con Podemos, que no les interesamos".
Pero, sobre todo a los del PSOE, les han pedido una estadística real: "Se comprometieron, pero nada, no lo quieren hacer".
Entre enero y agosto de 2024, la PAO recibió 3.100 llamadas de ciudadanos en busca de información y apoyo. El 81% correspondían a problemas de inquiokupación. Sólo el 19% a okupación tradicional, es decir, a usurpación o allanamiento.
Así, el dato de 80.000 afectados que maneja la PAO sale de los 15.000 casos anuales, teniendo en cuenta que los procedimientos duran entre cuatro y seis años: "Porque es acumulativo... y yo soy la prueba de ello". Así que la cuenta, en realidad, podría rondar los 100.000 casos sin resolver.
Pero resulta revelador que los propios partidos del Gobierno la confirmen indirectamente: "Fíjese que los partidos del Gobierno y las izquierdas, cuando decayó el decreto de paralización de desahucios, esta semana, enseguida elevaron la alarma de que va a haber 70.000 desahucios de forma inminente".
Vulnerables a 1.800 euros
Para Carmelo, ésta es la prueba de que "ellos mismos saben que somos muchos los propietarios vulnerables, porque se han paralizado los lanzamientos con las moratorias".
El Real Decreto-ley 11/2020, aprobado en plena pandemia para evitar que familias vulnerables quedaran en la calle, se ha prorrogado ya 11 veces.
Los plazos judiciales, que en 2018 eran de 4,9 meses, llegan ahora hasta los 24 meses de media, provocando que el 37% de los afectados ni siquiera intente la vía judicial. "¿Por qué? Por los plazos", resume Carmelo.
El Gobierno se quedará sin 'escudo social': su pacto se queda corto para Junts y va demasiado lejos para PodemosLo que nació como una medida temporal por la emergencia sanitaria se ha convertido en una estructura permanente que, según los afectados, ha transferido la política social del Estado a los pequeños propietarios. "Ese mal llamado escudo social", define Carmelo, permite suspender desahucios de inquilinos que se declaran vulnerables.
Pero en España, para ser "vulnerable" basta con contar con ingresos inferiores a 1.800 euros al mes, "más que muchas de nuestras pensiones", recuerda María José Fernández, otra de las afectadas.
"Y si hay menores, la cifra sube a 2.200 euros, lo que ha creado un sistema fácilmente manipulable".
En España, el número total de personas que trabajan y cobran menos de 1.800 euros brutos al mes alcanza aproximadamente los 9 millones de personas. Es decir, más del 41% de la población trabajadora total, según los datos oficiales del INE actualizados a 2024.
. Fuente: EPA 2024
Esta cifra comprende: 7,65 millones de asalariados (41,7% de los 18,4 millones de asalariados) y entre 1,2 y 1,5 millones de autónomos (35-44% de los 3,4 millones de autónomos).
La ley está así: la vulnerabilidad la certifican los servicios sociales municipales, pero en los más de 400 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que tiene España no hay un protocolo estandarizado.
Y los trabajadores sociales "no tienen acceso a ninguna información, por la ley de protección de datos", explica Carmelo. Además, el nuevo decreto aprobado el martes pasado "tampoco le da medios a las CCAA... porque viviendas públicas no hay. Así que nada cambia para los que tenemos una o dos casas".
En su caso, añade, "declararon vulnerables a mis inquiokupas en 2021 mediante una entrevista telefónica sin más". Y aporta la prueba.
Certificado social de vulnerabilidad por entrevista telefónica.
Paloma Martín, ex vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, ha criticado públicamente que el umbral de vulnerabilidad esté fijado en tres veces el IPREM (1.800 euros mensuales). "A todas luces, una persona que cobra 1.800 euros no es vulnerable", aseguró en octubre de 2024, en una entrevista con EL ESPAÑOL.
La norma, en teoría, dispone unas compensaciones económicas para los propietarios afectados por la suspensión de desahucios. "Pero no funcionan", lamenta Carmelo, "porque no hay Presupuestos, así que no hay partida económica para las CCAA".
Sólo entre el 1,5% y el 7% de las solicitudes reciben compensación, según la región. "Presentas la documentación, te corresponde una compensación, pero no te la dan".
"No somos un bulo"
El martes 27 de enero, después de la votación que hizo decaer el decreto ómnibus, Alberto Núñez Feijóo recibió a Carmelo y a María José, junto a otros dos afectados de la PAO, en su despacho del Congreso.
Hace apenas dos semanas, fue Carles Puigdemont quien, desde Waterloo y por teleconferencia, se reunió con representantes de la plataforma.
Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida de Alberto Núñez Feijóo (@anunezfeijoo)
También han tenido reuniones con Vox, con el PNV y con el PSOE en múltiples ocasiones. Pero lo más significativo es que los ministros de Vivienda y de Justicia llevan cuatro años sin responder a sus peticiones.
"Cada mes, una compañera nuestra envía por registro electrónico una carta pidiendo reunión. Nunca ha habido respuesta", dice Carmelo. "Me consta que la titular de Vivienda ha recibido a todas las asociaciones. Y a nosotros, no".
Uno de los lemas de la PAO es "No somos un bulo". Y según sus registros, la asociación está constituida exclusivamente por familias trabajadoras con una única vivienda.
Mientras el debate político se enquista, decenas de miles de propietarios sobreviven en un limbo jurídico que nadie resuelve. Todos ellos, vidas rotas, ahorros perdidos, proyectos familiares destruidos.
Carmelo: 80.000 € perdidos
Carmelo Sevilla es pensionista. Tiene 70 años y lleva casi el 10% de su vida intentando recuperar su vivienda. No es un especulador ni un fondo buitre. Es un ciudadano que un día decidió alquilar un piso de 115 metros en el distrito de Hortaleza para complementar su pensión.
"Otras personas tienen un plan de pensiones, y el Gobierno no se lo interviene para atender a vulnerables... mi plan de pensiones es esto", explica con la resignación de quien ha aprendido a navegar por un sistema que le ha fallado en todos los niveles.
Carmelo Sevilla, en el centro, manifestándose en la plaza de Colón contra la 'inquiokupación'. PAO
A finales de 2018, Carmelo arrendó la vivienda a dos mujeres, cada una con un hijo. El piso estaba recién reformado, con calefacción central y tres habitaciones. La renta superaba los 1.000 euros mensuales, una cantidad que le permitiría vivir con cierta tranquilidad.
Durante los primeros meses, todo fue según lo previsto.
Pero en la primavera de 2019 llegaron los primeros retrasos, resueltos en un par de ocasiones, hasta que a principios de 2020, las inquilinas dejaron de pagar definitivamente, y Carmelo no pudo más: "Les dije: 'Mira, se acabó. Vía jurídica, porque la paciencia tiene un límite' y yo no podía estar así".
Pero llegó la pandemia recién presentada la demanda, y lo paralizó todo. Desde entonces, Carmelo ha vivido un bucle kafkiano: siete autos de lanzamiento, siete paralizaciones amparadas en el decreto de personas vulnerables.
En noviembre de 2021, una de las inquilinas "se declaró vulnerable por teléfono. Es decir, que ya no había restricciones... esta señora podía estar de vacaciones en Honolulu y al agente social le dijo 'es que gano sólo 400 euros y no puedo pagar la renta'. Y con eso certificaron la vulnerabilidad. Sin más".
En mayo de 2022, el juzgado dictó sentencia firme, pero la sentencia nunca se ha ejecutado: "Es falso eso que dicenen el Gobierno de que el decreto sólo afecta a propietarios de más de 10 pisos o a bancos", lamenta.
Durante la semana en que el decreto no estuvo vigente, dio orden a su abogado de presentar un nuevo escrito para instar el lanzamiento del desahucio... pero la esperanza ya es vana.
El quebranto económico es brutal. En rentas impagadas, unos 80.000 euros. A lo que hay que sumar 350 euros mensuales en gastos fijos, entre suministros e impuestos.
Alertan del impacto de la nueva prórroga de la suspensión de desahucios: “Los propietarios ya no quieren alquilar”El agua, la luz, la calefacción, el IBI, las tasas de basura. Todo lo paga él. "Tengo que detraerlo de mi pensión, en lugar de tener un incremento de mi pensión".
Carmelo ha intentado todos los canales institucionales. Escribió al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que le contestó amablemente que, al estar judicializado, "no tenía capacidad de intervenir".
También escribió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La respuesta "fue muy, muy fuerte", explica.
"Me dijeron: 'Lo está haciendo usted muy bien, seguramente tiene un abogado que le apoya y que le sabrá resolver su problema. Pero nosotros no podemos intervenir en las leyes que están en vigencia'... ¡pero si son ellos los que las han creado!".
Su última esperanza es que el clima político esté cambiando. "Estuve en el Congreso el día del decreto y … ojalá. Tenía buenas sensaciones, fíjate si soy optimista, pero el nuevo decreto no ayuda en nada".
Y recuerda a los políticos que "esto no es ideología. Esto es la vida, que está muy por encima de las ideologías".
Mª José: de dueña a refugiada
María José Fernández tiene 65 años y es pensionista. Propietaria de una única vivienda en la sierra norte de Madrid, puso su casa en alquiler en noviembre de 2023 para poder cobrar una renta de 710 euros mensuales y ayudar a su hija, de 31 años y en desempleo, a buscar trabajo en Francia.
Alquilaron un piso de 20 metros por 980 euros al mes. "Apretado, pero temporal".
Lo que María José no imaginaba es que su vida se convertiría en una pesadilla. El inquilino, un técnico de refrigeración venezolano que vive con su pareja y un menor, "cumplió religiosamente hasta 2024". Primero, dejó de pagar los suministros. En noviembre, dejó de pagar la renta.
El PP exige al Gobierno que retire del decreto de la subida de las pensiones el respaldo a los okupas para apoyarloDesde entonces, ni un euro.
Al principio, María José intentó mantener el contacto. "Según me ha confesado él mismo, en estos momentos está trabajando en negro y, además, cobrando subsidio".
En este año largo de impagos, el inquilino ha tenido, según cuenta, relatos contradictorios. Que si tenía empleo, que si había dejado de trabajar, que si la empresa no le pagaba, que le debían dinero...
Y cuando María José preguntó en qué plazos podía ponerse al día, "entonces cortó la comunicación y cambió su actitud hacia mí, se puso agresivo".
El inquilino sigue haciendo chapuzas. "Me ha llegado a pedir por WhatsApp que si le podía prestar una escalera telescópica porque estaba haciendo un trabajo, y también he visto que recibe paquetes con herramientas de trabajo".
La actitud del inquilino ha oscilado entre la sumisión y la hostilidad. "En una ocasión, me acusó de que yo le había robado un gato. Vino a donde estoy alojada, llamó a la puerta y me puso muy, muy nerviosa".
Otra vez, cuando María José le reclamó que, por favor, pagase, "me insultó y me dijo que no iba a pagar, me gritó por teléfono".
Después volvió a ser respetuoso. "Este individuo tiene mucha labia, es muy capaz de engatusar. Y yo no supe reaccionar rápidamente para poner la demanda". La vía judicial la demoró hasta abril de 2025 "porque él hizo un pequeño ingreso, y me confié".
Pero ninguno de los cuatro abogados que le han llevado el caso han sido eficientes, y el inquilino no recibió la notificación judicial hasta noviembre de 2025.
Entretanto, en la vivienda, que se alquiló recién reformada, el inquilino ha reclamado destrozos, enviando fotografías del baño con los azulejos del suelo de la ducha arrancados, la mampara rota, y el plato dañado. El agua ya está calando al garaje de abajo.
María José_ conformidad con la obra, destrozos e impagos.
El quebranto económico es demoledor. María José lleva más de 15 meses sin cobrar los 710 euros de la renta. Pero ha tenido que pagar los suministros... 165 euros este enero, sólo en electricidad.
"Son una cantidad de gastos impresionantes. Estoy viendo cómo resolver esta situación. Realmente, estoy fatal. No tengo ninguna estabilidad ni nadie que me ayude".
En el Ayuntamiento tampoco, cuando pidió que comprobasen el padrón, porque había más personas viviendo en su casa de las que constaban en el contrato.
"Los servicios sociales me trataron con extrema hostilidad, me dijeron que no tenían nada que hablar conmigo... esa señora estaba representando al inquilino", explica.
El inquilino tiene un menor, por lo que es considerado vulnerable en cualquier procedimiento de desahucio. "Les da igual lo que me pase a mí, cuál sea mi situación anímica, física o económica. Tengo la sensación de que da exactamente igual, peor que a una refugiada".
Sólo cuando encontró la Plataforma de Afectados por la Ocupación, hace cuatro meses, María José empezó a entender lo que estaba pasando: "Para mí está resultando un apoyo imprescindible en esta situación, porque he estado absolutamente desesperada".
Antes de la entrevista, María José nunca había contado su historia públicamente. "De hecho, nunca lo había contado hasta ese martes que decayó el primer 'ómnibus', en la reunión con Feijóo", admite con voz cansada.
Es una pensionista, que vive en 20 metros cuadrados en una ciudad extranjera mientras un inquilino que trabaja en negro y cobra subsidios okupa su única vivienda.
Y mientras tanto, el Estado la trata como si ella fuera "el problema". O "un bulo".