El proceso para la regularización de 500.000 personas migrantes que ya residen en España arrancó ayer con la misma desinformación con la que lo anunció Pedro Sánchez el pasado mes de febrero. La Policía mantiene que no ha recibido directrices sobre cómo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una «urgencia social», y vuelve a poner el acento en el «sobresfuerzo» que los trámites supondrán para los agentes adscritos a las brigadas de Extranjería.
La medida abre la puerta a que medio millón de personas que actualmente reside en España en situación administrativa irregular puedan obtener permisos de residencia y trabajo a partir del 16 de abril -de forma telemática- y del 20 de abril presencialmente. La medida, tal como indicó el Ejecutivo, busca integrar formalmente en el sistema productivo a ciudadanos que ya forman parte de la sociedad española, pero que carecían de marco legal para ejercer sus derechos básicos.
En el texto se exige carecer de antecedentes penales «y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos». «Va a suponer un sobresfuerzo que nadie nos ha contado. No hay suficientes policías adscritos a las áreas encargadas de esta gestión para abordar el trabajo que se viene encima. Hay una sobrecarga estructural por la falta de personal», reivindican los policías consultados.
En el organigrama de la Comisaría General de Extranjería se entronca la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) -dedicada a perseguir la trata de seres humanos y la inmigración ilegal y que será la unidad que custodiará el proceso-, así como el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que realiza labores de inteligencia.
El sindicato Jupol, por su parte, mostró ayer su «más absoluta preocupación y firme rechazo» ante la decisión del Gobierno. «Nos encontramos ante una medida de enorme trascendencia para la seguridad, el control fronterizo y la gestión migratoria de nuestro país, adoptada sin el necesario consenso político, sin escuchar a los profesionales de la seguridad pública y sin tener en cuenta la opinión de expertos en materia de inmigración. Una decisión de este calado no puede impulsarse de forma unilateral ni al margen de una planificación real de los recursos policiales que va a exigir», explica la organización en un comunicado.
El periodo post-regularización es otro de los aspectos que centra la atención de los agentes especializados en inmigración. Alertan de que las mafias de personas pueden ver un filón en las reagrupaciones familiares. «Pueden darse casos en los que personas de países extranjeros paguen a quienes estén ya en situación legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un hijo o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados. Ahora ya se ven casos así, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta rápidamente porque no son tantos solicitantes». Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar «cualquier documento público, privado o una combinación de ambos».