El exministro José Luis Ábalos durante el juicio en el TS. J.J. Guillén Efe
Tribunales Caso Mascarillas Así censura el TS la corrupción de Ábalos: "Es un ministro quien domina la decisión de activar un plan criminal"La Sala Penal reprocha a la antigua mano derecha de Pedro Sánchez que emplease "el sistema de poder para el enriquecimiento de unos pocos en perjuicio de la ciudadanía".
Más información: El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión por liderar un grupo criminal, a 19 años a Koldo y libra a Aldama de la cárcel por ayudar a la Justicia
María Peral Publicada 22 junio 2026 18:46h Actualizada 22 junio 2026 18:56h Las clavesLas claves Generado con IA
De los tres condenados hoy por la Sala Penal del Supremo, José Luis Ábalos es el que mayores reproches recibe del alto tribunal. También se le ha impuesto la condena más alta, 24 años de prisión, exactamente la cuantía que pidió el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón.
"Se debe tener presente que quien transgrede las reglas del cargo es, entre otros, una autoridad de especial relevancia estatal, en su condición de ministro del Gobierno de España y, al tiempo, secretario de organización del partido que sustenta al Gobierno", resalta la sentencia, que distingue éste de otros casos de corrupción
"Los actos analizados no solo buscan un beneficio, sino que se ejecutan desde el ejercicio del poder público y del poder político en el más alto rango de los órganos constitucionales, como lo es el Gobierno", explica.
En el caso de Ábalos, "se trata de conductas que guardan una conexión directa con el ejercicio de la autoridad política, y, por ello, poseen un potencial desestabilizador mucho mayor".
¿Qué hizo Ábalos? En esencia, "distorsionar la finalidad del poder público y convertirlo en un instrumento al servicio de intereses particulares". "Emplear el sistema de poder para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía".
Entre esos "pocos" que se lucraron con la corrupción se encuentra, claro está, el propio Ábalos.
"Con ánimo de enriquecimiento, los tres [José Luis Ábalos; su asistente, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama] convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este [el ministro] podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad de empresas cuyos intereses captaría y promovería Aldama", señalan los hechos probados.
Los tres constituyeron una organización criminal en la que Ábalos, llamado "el jefe", "aportaba la autoridad" que le conferían sus altos cargos en el Ejecutivo y en el PSOE de Pedro Sánchez.
10.000€ mensuales para gastos fijos
La sentencia también establece que los tres miembros de la organización convinieron una remuneración mensual de 10.000 euros para atender los gastos fijos de Ábalos.
A ello se sumó el pago por Aldama del piso de lujo alquilado a la entonces amante del ministro, Jessica Rodríguez, o el pago de sendas estancias vacacionales en un chalé de Marbella y en otro de Cádiz.
Respecto al chalé malagueño, la Sala viene a concluir que Ábalos mintió en el juicio cuando aseguró que lo pagaron "a escote" los miembros de su familia que disfrutaron de esa estancia entre el 14 y el 23 de agosto de 2020.
"Ni han comparecido a declarar como testigos algunas de las personas que supuestamente pagaron la renta ni tampoco existe ninguna evidencia documental de tal pago", indica la Sala, que considera acreditado que los 8.000 euros se abonaron "con cargo a las cantidades que Víctor de Aldama había entregado previamente".
Ese pago retribuyó un comunicado que el Ministerio de Transportes envió, por orden de Ábalos, a varios medios de comunicación posicionándose a favor del rescate de Air Europa.
Aldama, que trabajaba para la aerolínea, pidió la difusión de ese comunicado con la finalidad de tranquilizar a los acreedores.
Éste es uno de los delitos de cohecho por los que Ábalos ha sido condenado.
Otro es el relacionado con el chalé gaditano de La Alcaidesa, comprado por una sociedad vinculada al empresario de hidrocarburos Claudio Rivas y que Ábalos disfrutó entre julio de 2021 y enero de 2022 pese a pagar únicamente una fianza de 7.500 euros en concepto de fianza equivalente a dos meses de renta.
Ábalos fue cesado en su cargo de ministro el 10 de julio de 2021. "Temiendo Claudio Rivas que la licencia [de operadora de hidrocarburos a favor de su empresa Villafuel, por la que la trama estaba haciendo gestiones] no fuera concedida, ordenó reclamar las rentas, ya que José Luis Ábalos seguía siendo poseedor de la vivienda sin pagar renta alguna. Cuando el 9 de diciembre de 2021 se denegó la licencia Rivas ordenó la resolución del contrato, llevándose a cabo por acuerdo de las partes el 9 de enero de 2022", indica la sentencia.
Lucrarse con la pandemia
Uno de los hechos centrales de la condena es la intervención de Ábalos para que la empresa escogida por Aldama, Soluciones de Gestión, resultara adjudicataria de dos contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif, organismos dependientes del Ministerio de Transportes.
Ello ocurrió en marzo de 2020, con toda España confinada en sus casas por la pandemia del coronavirus y cientos de personas muriendo cada día.
"Antes incluso de que los responsables del propio órgano de contratación tuviesen conocimiento de la operación, la empresa adjudicataria ya contaba con que se publicaría una orden ministerial, que la compra sería centralizada a través de Puertos, que el volumen sería de ocho millones de mascarillas y que sería la adjudicataria, a consecuencia del acuerdo anticipado entre los tres acusados como concreta plasmación de una de las actividades lucrativas a las que obedecía la organización que habían constituido", dicen los hechos probados.
Los dos contratos de mascarillas de Transportes, por un importe total de 36,5 millones de euros, reportaron un beneficio a Aldama de 3,7 millones de euros. Y facilitaron posteriores adjudicaciones de material anti-Covid a la misma empresa por el Ministerio del Interior, el Gobierno canario de Ángel Víctor Torres y el Ejecutivo balear de Francina Armengol.
Aldama declaró en el juicio que por esos contratos Ábalos le solicitó dos millones de euros y Koldo García, la compra de la casa en la que vivía (como alquilado, propiedad de José Luis Ábalos) que cifró en 500.000 euros.
El empresario aseguró que no compró la vivienda para García pero sí les pagó más de dos millones de euros ya en 2020.
"De la entrega de esas cantidades no existe corroboración alguna", dice el Supremo, "pero sí existe de su solicitud por parte de José Luis Ábalos y Koldo García".
Además, la Sala considera acreditado que Ábalos promovió la contratación de Claudia Montes en Logirail, una empresa dependiente de Renfe, entidad pública empresarial vinculada al Ministerio.
El entonces ministro había conocido a Montes en mayo de 2019, en un mitin del PSOE en Gijón, donde ella reside.
Además de facilitar su contratación, la mujer "se valió del hilo permanente de relación que mantenía con José Luis Ábalos y Koldo García", que paralizaron un expediente disciplinario que se le había abierto.
La amante de Ábalos también fue contratada sucesivamente en dos empresas públicas.
"Aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro, concibió y desarrolló un plan de actuación consistente en desplegar toda su influencia para que Jessica Rodríguez fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral".
Jessica Rodríguez percibió de Ineco y Tragsatec un total de 82.295 euros del erario público sin ir ni un solo día a trabajar. Aquí están los delitos de malversación de fondos conjuntamente con tráfico de influencias que han supuesto para Ábalos una pena de tres años y medio de cárcel.
"En alguna ocasión", explica el Supremo, se le solicitó, vía telemática, por las responsables del proyecto de Ineco de colaboración con ADIF que precisara más sus condiciones de trabajo y que complementara correctamente los partes remitidos. Solicitudes de información que no fueron atendidas por Jessica Rodríguez. Tales solicitudes e intentos de contacto por parte de responsables de Ineco provocaron que José Luis Ábalos contactara con la presidenta de ADIF para indicarla que Jessica Rodríguez estaba siendo molestada".
Ábalos "era plenamente conocedor de los pagos" a su amante, "pese a que esta no trabajaba".
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