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La cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí podría llegar a tener un coste de 200 millones de dólares para la competición, entre los pagos de los organizadores, patrocinios y derechos audiovisuales.
Las secuelas del conflicto en Oriente Próximo ya se extienden al mundo del deporte. La decisión de la Fórmula 1 de cancelar los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí, que iban a celebrarse el próximo mes de abril, saca a relucir una pregunta clave para el negocio deportivo: ¿quién asume las pérdidas millonarias que se generan cuando un evento internacional se cae del calendario por causas geopolíticas?
La competición podría perder hasta 200 millones de dólares por dejar de celebrar estas dos carreras, según un estudio de la firma financiera Guggenheim Partners. Se estima que Arabia Saudí paga en torno a 55 millones al año por acoger un Gran Premio, cifra muy similar a los 52 millones que aportaría Baréin. Son dos de los contratos más lucrativos del calendario actual porque, a diferencia de circuitos históricos en Europa, los gobiernos del Golfo Pérsico suelen financiar las carreras como parte de su estrategia de posicionamiento internacional y turismo deportivo.
Además de estas cantidades, también dejaría de percibir ingresos por patrocinios y derechos de retransmisión, que explican esta elevada estimación. El modelo económico de la competición se sostiene en una compleja red de contratos interconectados, desde sedes y promotores locales hasta derechos audiovisuales y esponsorización, diseñados a medida para anticipar eventuales crisis.
"Es una práctica estándar en la industria introducir cláusulas de terminación anticipada, suspensión temporal y fuerza mayor", explica Cristina Camarero, socia directora de Ontier España. La clave, como añade la abogada especialista en litigación y arbitraje, es que "no hay dos contratos iguales", sino que cada uno reparte los riesgos de forma distinta.
Fuerza mayor
A priori, un conflicto armado encaja de lleno en el concepto de fuerza mayor: un acontecimiento imprevisible, ajeno al control de las partes y que hace imposible cumplir el contrato. No obstante, en la práctica el análisis es más complejo. Si las tensiones en la región ya eran públicas cuando se firmaron acuerdos plurianuales, surge la duda de si el estallido del conflicto era un riesgo realmente imprevisible o si formaba parte del "riesgo de negocio" asumido por elegir esa sede.
Además, los matices importan. Algunas cláusulas exigen una guerra formalmente declarada para activarse, mientras que otras emplean términos más amplios que incluyen hostilidades de facto, sanciones internacionales o restricciones a los pagos y al transporte. Así, Camarero apunta que "el estatus técnico-jurídico del conflicto" puede ser decisivo. Cuando hay Estados implicados como contraparte, como es el caso, justificar la salida contractual puede ser especialmente delicado si se quiere preservar la relación a futuro.
Desde el punto de vista económico, el hecho de que deje de disputarse un Gran Premio no afecta a un único contrato. La cancelación de un circuito suele provocar un efecto dominó sobre muchos otros, como los derechos de televisión que no se emiten, los patrocinadores cuya visibilidad se esfuma, las entradas que deben reembolsarse y las cadenas de suministro interrumpidas.
La incógnita de quién debe hacer frente a los costes "depende exclusivamente de la asignación de riesgos que las partes hayan pactado", subraya Cristina Camarero. En algunos casos, entran en juego pólizas de seguros de cancelación de eventos, que pueden cubrir gastos irrecuperables siempre que la causa no esté expresamente excluida. Otro aspecto crítico es quién adopta la decisión oficial de cancelar: no es lo mismo una suspensión impuesta por la organización que una imposibilidad material en destino.
La socia directora de Ontier España recuerda que experiencias recientes como la pandemia han dejado huella en el modo de redactar los contratos, al poner de relieve la importancia de la fuerza mayor y reforzar el papel de los seguros.
En la faceta deportiva, las consecuencias serán menos onerosas. El reglamento de la FIA indica que, si la carrera no llega a disputarse, no se repartirán puntos entre los pilotos. El rugido de los motores no resonará este año en Baréin ni en Arabia Saudí, pero su impacto económico refleja el negocio global tras la Fórmula 1.
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