- FRANCISCO ARANDA MANZANO*
El diálogo social debe ser la gran fábrica de soluciones para reducir el absentismo, y para eso es fundamental el compromiso de los sindicatos.
El absentismo laboral se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la competitividad. No es una percepción ni un debate ideológico. Es una realidad que ahoga cada día a miles de empresas y, especialmente, a las pequeñas y medianas, que carecen del margen organizativo y financiero necesario para absorber su impacto. Para muchas de ellas, el absentismo ya no es un problema más de gestión, sino el principal riesgo para su viabilidad y, en demasiados casos, el factor que termina empujándolas al cierre.
En el sector logístico, por ejemplo, el absentismo alcanza ya el 8%. Cada día dejan de acudir a su puesto de trabajo unas 103.000 personas, lo que supone alrededor de 175 millones de horas perdidas al año. Son cifras que reflejan la dimensión de un problema que lastra la productividad y la capacidad de crecimiento de nuestras empresas.
Conviene despejar desde el principio un falso debate. Combatir el absentismo no significa criminalizar las bajas laborales justificadas ni cuestionar un derecho esencial de los trabajadores. Quien enferma o sufre un accidente debe contar con toda la protección del sistema. Pero proteger ese derecho también exige actuar contra quienes abusan del sistema, cometen fraude y perjudican a las empresas, a sus compañeros y al conjunto de los contribuyentes.
Porque el absentismo tiene un elevado coste económico y social. Lo pagamos las empresas, que perdemos productividad y capacidad de crecimiento; lo pagan las arcas públicas, sometidas a una presión creciente; y lo pagan los trabajadores comprometidos que cada día acuden a su puesto y deben asumir una carga adicional para cubrir las ausencias de otros. Ignorar esta realidad no protege derechos; debilita la sostenibilidad del sistema y erosiona la calidad del empleo.
Precisamente por su complejidad, el absentismo no admite soluciones simples. Tiene múltiples causas y exige un catálogo amplio de medidas. El debate no puede limitarse al control o a la penalización, aunque ambos son muy necesarios. Hay que perseguir el fraude, que lo hay, pero también actuar sobre las causas que están disparando las bajas y prolongando innecesariamente muchos procesos de incapacidad temporal.
Inacción gubernamental
Resulta intolerable que el Gobierno no haya impulsado hasta ahora ninguna medida para afrontar un problema que las empresas venimos denunciando a gritos desde hace años. Como también lo es que la ministra de Trabajo protagonizara la última campaña electoral con un libro titulado La abolición del trabajo, generando un clima de desprestigio hacia el valor social del empleo, o que el artículo de los permisos del Estatuto de los Trabajadores se haya modificado en 13 ocasiones desde 2015.
Una parte importante del problema tiene su origen en el colapso del sistema sanitario. Las listas de espera para pruebas diagnósticas, consultas con especialistas o tratamientos retrasan la recuperación de miles de trabajadores y alargan bajas que podrían resolverse mucho antes. No porque el trabajador no pueda reincorporarse, sino porque el sistema no tiene capacidad para ofrecer una respuesta ágil. Esa ineficiencia acaba trasladándose a las empresas, que soportamos un injusto sobrecoste que no hemos provocado. Por eso es imprescindible aprovechar todos los recursos disponibles. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social cuentan con profesionales altamente cualificados, medios técnicos e infraestructuras hoy infrautilizados. Permitir una mayor participación en la gestión de las altas y bajas contribuiría a reducir los tiempos de espera y agilizar los procesos.
Del mismo modo, es necesario avanzar hacia una verdadera interoperabilidad entre los servicios públicos de salud y las mutuas. Compartir información, coordinar actuaciones y eliminar barreras administrativas permitiría gestionar los procesos con mayor rapidez. Al tiempo, resulta imprescindible invertir en atención primaria, principal cuello de botella del sistema, y reforzar la inspección médica para garantizar un seguimiento más eficaz de las incapacidades temporales. Un mejor control no significa menos derechos; significa proteger mejor un sistema que debe ser sostenible para seguir garantizándolos.
No partimos de cero. Existen experiencias interesantes. El programa impulsado por la Xunta de Galicia, diseñado en el marco del diálogo social, acredita que la colaboración entre administraciones, empresas y sindicatos puede reducir tiempos y mejorar resultados. Esa debe ser la hoja de ruta. Un problema de esta magnitud solo puede resolverse desde el acuerdo. El diálogo social debe ser la gran fábrica de soluciones para reducir el absentismo y para eso es fundamental el compromiso de los sindicatos. Además, junto al trabajo de patronal y sindicatos, será imprescindible la colaboración del Gobierno y las comunidades autónomas.
Las empresas también estamos reaccionando internamente porque la legislación actual no nos ayuda con la ultraprotección del puesto de trabajo. Y aquí la gestión importa, midiendo el absentismo por departamentos, puestos, turnos y causas; diferenciando entre bajas cortas, largas o repetitivas; identificando patrones de comportamiento y actuando sobre las causas; además de reforzando el liderazgo cercano y la formación de los mandos intermedios.
Reducir el absentismo no es recortar derechos. Consiste en proteger a quienes realmente los necesitan, perseguir el fraude, reforzar nuestro sistema sanitario y garantizar que las empresas puedan seguir creando empleo, riqueza y bienestar. Seguir mirando hacia otro lado ya no es una opción.
El diálogo social debe ser la gran fábrica de soluciones para reducir el absentismo, y para eso es fundamental el compromiso de los sindicatos
Francisco Aranda Manzano, Presidente de UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte
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