- El Gobierno vasco propone que los convenios fijen en Euskadi un salario mínimo de hasta 1.390 euros
- Confebask se niega a negociar un 'SMI vasco' superior al español
Los sindicatos abertzales ELA y LAB miden sus fuerzas en Euskadi en la huelga general convocada hoy en demanda de un SMI vasco de 1.500 euros. El paro es un claro desafío a la patronal Confebask, que se niega a negociar esta demanda; y al Gobierno de Imanol Pradales.
La jornada de huelga deja ya cortes de carreteras, problemas de tráfico ferroviario por sabotajes, e incidentes con los piquetes en los accesos a polígonos industriales y empresas como Michelin y Mercedes.
Los sindicatos convocantes están encabezados por ELA y LAB (mayoritarios en Euskadi), a los que se han sumado Steilas, Hiru y Etxalde. Estas centrales cuentan con la adhesión de 1.750 comités de empresa y de personal.
EH Bildu, Podemos y Sumar han mostrado su apoyo a la jornada de huelga.
En cambio, UGT y Comisiones Obreras no se han sumado a la protesto, y defienden acordar un salario mínimo propio y "adaptado a la realidad socioeconómica vasca" (es decir, superior al SMI nacional) en la negociación colectiva, a través de los convenios.
ELA y LAB han calificado ya como un éxito la convocatoria, que estaría teniendo un "amplio seguimiento", sobre todo en la industria y en Gipuzkoa, donde muchas fábricas han parado la actividad.
En una nota, los convocantes aseguran que la producción ha cesado en compañías como Ampo, Arcelor en Bergara, CIE en Legazpi, GKN, Indar, CAF y Niessen, así como en Irizar, Orona y Fagor Electrónica.
La huelga habría limitado significativamente la actividad, según los convocantes, en Cementos Lemona, Kide, Cikautxo, Ingeteam, Alstom, Gestamp, AEG, Dominion, Laminaciones Arregui, Tubos Reunidos (con su propio paro convocado en la fábrica de Amurrio contra el ERE), y Tubacex.
El Gobierno vasco ha fijado servicios mínimos del 30% en el transporte. Los centros sanitarios cubren el cien por cien de las urgencias; y contarán con el personal habitual de un festivo. En los centros educativos no universitarios se garantiza el acceso a las instalaciones con un miembro del equipo directivo y un subalterno al cargo.
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