Las entrevistas de determinación de edad revelan que son trasladadas desde África occidental para ser entregadas a hombres con los que se ha concertado previamente la boda
Regala esta noticia Añádenos en Google 10/09/2026 a las 13:25h.La ruta migratoria que conecta la costa occidental africana —con países de origen como Mauritania o Senegal— con Canarias, considerada la más mortífera del mundo, ... vivió durante 2024 y 2025 un intenso repunte de llegadas que tensionó hasta máximos históricos el sistema de acogida del archipiélago. En este contexto, la Fiscalía detectó, especialmente en el tramo final del último ejercicio, un preocupante incremento en la arribada de mujeres muy jóvenes y niñas procedentes de Gambia, Costa de Marfil y Guinea. Estas menores eran introducidas en España para, posteriormente, ser entregadas en matrimonios forzados en diversos países europeos.
La mayoría de estas jóvenes desembarcan en España en un estado de total indefensión «sin que ellas puedan aportar datos» sobre sus destinos precisos ni sobre la identidad de los varones implicados,. Una situación que, según advierte el Ministerio Fiscal en su Memoria, dificulta notablemente el rastreo judicial y abre la puerta a «que pueda ser otro tipo de explotación al que van destinadas», como la trata sexual.
Repunte de niñas
El incremento de niñas y adolescentes no acompañadas representa un cambio significativo en el perfil de los menores que llegan por vías marítimas. Tradicionalmente asociadas a un perfil masculino, la Fiscalía General del Estado ha detectado que las rutas trasladan cada vez a un número mayor de niñas expuestas a un riesgo extremo de ser captadas por mafias transnacionales. Sin embargo, el primer gran obstáculo con el que tropieza la tutela pública para proteger a estas jóvenes es la parálisis administrativa en las pruebas de identificación.
Durante el pasado año se incoaron 7.999 expedientes de determinación de la edad a jóvenes indocumentados, según refleja la Memoria de la Fiscalía, de los cuales 3.904, es decir, casi el 50 %, quedaron pendientes de resolución al cierre del ejercicio por la de medios personales y materiales. Esta demora prolonga de forma alarmante la situación de incertidumbre e indefinición legal de los menores, provocando una movilidad no controlada entre centros provisionales e incentivando que abandonen el sistema antes de que se formalice su estatus de protección jurídica.
Determinación de la edad
A este colapso inicial a la hora de determinar la edad de los menores que llegan a través de rutas irregulares, se suma la fragilidad de las infraestructuras de recepción como los CATE y los CIE. En estas instalaciones, la alta rotación de los ocupantes y la brevedad de las estancias impiden a los trabajadores realizar entrevistas en profundidad con las garantías suficientes para detectar si los recién llegados están bajo el control de tratantes. Ante este contexto, la Fiscalía General del Estado alerta expresamente del riesgo de que adolescentes y niñas vulnerables sean captadas o sustraídas por redes clandestinas con destino a otros países europeos para ser entregadas en matrimonios concertados o sufrir servidumbre.
El informe judicial advierte, asimismo, de deficiencias graves en las plazas de acogida especializada, especialmente en supuestos de trata laboral o en la atención a niños. Ante la falta de amparo o de un alojamiento adecuado e ininterrumpido, algunos menores o jóvenes terminan abandonando los recursos asistenciales, de manera que se acaba perdiendo su rastro. Esta desaparición no solo aboca a las víctimas a la desprotección total, sino que provoca de manera sistemática el archivo de las investigaciones judiciales contra los explotadores ante la imposibilidad de tomar declaración a los testigos.
Riesgo transfronterizo
La respuesta institucional a los menores extranjeros no acompañados abarca tanto los expedientes de riesgo y tutela como las actuaciones en materia de asilo y protección internacional. Muchos de estos adolescentes y niños huyen de conflictos armados o de persecuciones en sus países de origen, por lo que la Fiscalía insiste en la necesidad de agilizar su documentación y el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
Asimismo, la Memoria alerta sobre los problemas que surgen en los traslados y repartos territoriales de estos menores. Para hacer frente a las situaciones de riesgo y evitar el desarraigo de la infancia en entornos institucionales masificados, el Ministerio Fiscal promueve mecanismos como el acogimiento familiar o las medidas judiciales urgentes. No obstante, los fiscales señalan de forma reiterada la preocupante falta de familias dispuestas a acoger a estos menores, un déficit estructural que obliga a mantenerlos en centros residenciales que, en muchos casos, se ven desbordados por el volumen de ocupación.
Sistema de acogida, al borde del colapso
El impacto cuantitativo de las llegadas marítimas ha dejado al descubierto las tensiones del sistema de acogida en las zonas de mayor presión migratoria. La concentración de menores en comunidades de entrada como Canarias, Baleares, Andalucía, Madrid o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha llevado a la declaración de situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
Esta figura legal, junto con los mecanismos de reparto solidario entre comunidades autónomas acordados por el Gobierno y los requerimientos cautelares del Tribunal Supremo en materia de asilo, busca redistribuir a los menores para evitar la proliferación de macrocentros. Según advierte la Unidad Especializada de Menores de la Fiscalía, la sobreocupación en los dispositivos de primera acogida imposibilita una atención socioeducativa individualizada, entorpece la detección temprana de posibles víctimas de trata o violencia y satura los recursos dedicados a la protección de la infancia.
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