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- Urbas encara el final de su concurso enfrentado a Kepler Karst y Auren
- La Audiencia confirma la absolución de la cúpula de Urbas
El informe definitivo enviado al juez por Kepler Karst y Auren, los administradores concursales de Urbas, sobre la situación financiera, jurídica y patrimonial de la constructora, es demoledor y no deja margen para la duda sobre la nula viabilidad de la compañía. "Expresamos un juicio desfavorable acerca de la viabilidad del cumplimiento del convenio propuesto, concluyendo que su cumplimiento es objetivamente inviable con base en las premisas e ingresos previstos en el plan de viabilidad", señala el denso informe de los administradores, de más de 260 páginas, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.
El informe contradice la versión del consejo de administración de la compañía presidida por Juan Antonio Acedo, que asegura disponer de suficientes recursos (promociones y suelos) para hacer frente al plan de pagos previsto en tres años sin quitas. "Consideramos que el informe es positivo porque reconoce un superávit de 400 millones; cómo una empresa con ese superávit no va a sacar adelante el convenio", señalan desde Urbas.
En el informe, Kepler Karst y Auren reconocen ese superávit "teórico", pero lo relativizan al asegurar que hay créditos contingentes de más de 224 millones de euros y dificultades para hacer líquidos activos en filiales en situación de insolvencia.
Los administradores, que denuncian ante el juez que "la colaboración prestada por la concursada no ha resultado satisfactoria", inciden en las hipótesis irreales del plan de viabilidad. En su opinión, la generación de caja se encuentra inflada, ya que mientras Urbas proyecta 450,9 millones de euros de caja positiva, los administradores la rebajan a 63,5 millones.
Además, destacan que las promociones anunciadas en Azuqueca de Henares y en Meco (una parte relevante de la cifra de negocio prevista) solo podrán generar ingresos a partir de 2031. Kepler Karst y Auren, enfrentados en los tribunales a la cúpula de Urbas, también reducen la cifra de desinversiones de 109 millones a tan solo 31 millones, junto a subvenciones incobrables por valor de 13 millones de euros y serias dificultades para captar fondos de filiales.
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