- C. MORÁN.
Despachos de abogados, auditores y consultores representan una parte relevante de la masa acreedora de Urbas, en un concurso voluntario que, por resolución judicial, pagará 1,2 millones de euros a Auren y Kepler Karst, las dos firma designadas por el juzgado Mercantil número 2 de Madrid como administradores concursales de Urbas.
Así consta en una de las últimas resoluciones del juez, después de que Auren y Kepler solicitasen un aumento de sus emolumentos del 25% debido a la "complejidad" de la suspensión de pagos voluntaria. "Esto evidencia un procedimiento de enorme complejidad que exige un gran despliegue de medios y profesionales a esta administración concursal para poder abordar los distintos aspectos del procedimiento y atender todas las necesidades de la concursada que se vayan revelando en cada una de sus áreas", detallan las dos firmas en la petición de aumento de sueldo que, posteriormente, ha sido atendida por el juez.
Según Auren y Kepler Karst, este aumento está justificado por el tamaño de Urbas, con un activo de 527 millones de euros y un pasivo de 119 millones. Además, dispone de varias filiales en España y en el extranjero que suman 700 empleados "con procedimientos judiciales en curso, de cuantías millonarias que se siguen tanto en distintos tribunales de España como de Reino Unido y Luxemburgo", detallan los administradores que, al mismo tiempo, han pedido al juez que se suspenda la retribución del consejo de administración de Urbas, presidido por Juan Antonio Acedo, el mayor accionista del grupo con el 24%.
Fuentes próximas a Urbas, aseguran que el consejo de la compañía no cobra desde 2021, ya que desde ese ejercicio no se capitalizaron las retribuciones reflejadas en los estados financieros. En las cuentas de 2024 y 2025 ya ni aparecen reflejadas.
La suspensión de la nómina del consejo fue uno de los asuntos a tratar en una de las primeras reuniones del órgano de gestión de Urbas con los representantes de la administración concursal. En una reunión celebrada el pasado 24 de febrero, Pablo Martínez y José Antonio García-Argudo, representantes de Auren y Kepler Karst, advierten al consejo que van a solicitar al juez la suspensión de la retribución ante al falta de liquidez de la compañía. En esa reunión, ya se vota por "unanimidad" suspender el sueldo de los consejeros.
Abogados y asesores forman parte de la lista de acreedores ordinarios que suman casi 90 millones de euros. A la cabeza de todos se sitúa McKinsey, al que el grupo debe 5,5 millones por los trabajos de asesoría en la fallida compra de Abengoa.
Urbas debe otros 645.000 euros a Quorum Consultores Juridicos; 290.000 euros a Cuatrecasas y 251.000 euros, a Garrigues. Entre los acreedores, también figura el despacho Michavila (111.500 euros), KPMG (96.800), PwC (52.000 euros) y Gomez-Acebo & Pombo (56.300 euros), entre otras firmas.
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