El Consejo Económico y Social (CES) señala en su memoria anual de 2025 que en un contexto de crecimiento económico sostenido, la fragmentación parlamentaria y al debilidad del Ejecutivo reducen significativamente la eficacia de las políticas.
El principal órgano consultivo del Gobierno en materia económica, el Consejo Económico y Social (CES) apuntala en su memoria anual de 2025 el buen desempeño de España, con un crecimiento por encima de los países del entorno comunitario, impulsado esencialmente por la creación de empleo y por el consumo interno. No obstante, en un contexto favorable, el organismo presidido por Antón Costas realiza una advertencia: la debilidad el Ejecutivo frena la agenda reformista y reduce la eficacia de las políticas económicas planteadas.
Aunque es una cuestión que pone de relieve el CES en su memoria -que es consensuada también con los sindicatos y las organizaciones empresariales que componen el Consejo- son numerosos los casos en los que el Congreso de los Diputados ha frenado las reformas más sustanciales del Gobierno de Pedro Sánchez en la última legislatura. El paradigma de todas ellas es la imposibilidad aprobar si quiera un Presupuesto General del Estado, que se mantiene prorrogado desde 2023.
El CES aprecia en su análisis "un contexto de inestabilidad política y fragmentación parlamentaria, lo que limita la eficacia de la política económica y ha resultado en la prórroga, por tercer año consecutivo, de los Presupuestos Generales del Estado hasta 2026", señala la memoria publicada este miércoles. Ello, redunda en una cuestión: la ciudadanía mantiene una visión pesimista respecto a la situación económica española principalmente debido al aumento del coste de vida y a las dificultades para acceder a la vivienda.
En este sentido, aunque el viento de cola es favorable, son varios los traspiés del Gobierno que han impedido reformas de calado. En materia laboral, el más sonado es la pretendida reducción de la jornada laboral a 37,5 horas impulsada por el Ministerio de Trabajo, que decayó con los votos en contra de PP, Vox y Junts.
Sin embargo, esta lógica ha operado en otras cuestiones que el departamento de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha puesto sobre la mesa, y que al no haber recibido si quiera el consenso del diálogo social, con patronal y sindicatos, no han llagado a sustanciarse como proyectos de ley, o permanecen bloqueados en la Cámara a la espera de que se aseguren los apoyos para salir adelante. Entre estas materias: el Estatuto del Becario, la ley de Prevención de Riesgos Laborales, la ley de democracia en las empresas. Y otras que no han llegado a materializarse como la reforma del despido o la ampliación de los permisos de fallecimiento, entre otras.
En este sentido, junto al problema de la situación del mercado de la vivienda, la economía española debe afrontar importantes desafíos de carácter estructural, relacionados con la necesidad de seguir mejorando los niveles de productividad. Para lo que se precisa de una agenda reformista que profundice en lo que el presidente del CES denomina como una "mutación de piel" y una transformación de la economía española que se viene detectando desde hace cinco años. "Se está produciendo una transformación silenciosa del modelo productivo español", aseguraba Antón Costas.
Riegos persistentes
De cara a 2026, el panorama económico se presenta crítico y marcado por una incertidumbre elevada debido a la escalada bélica en Oriente Medio que ha provocado un shock energético y comercial cuyo impacto sobre las economías dependerá directamente de la duración del conflicto. Aunque España no presenta una excesiva exposición directa, y se beneficia además de una elevada penetración de las energías renovables, el impacto global del shock ha añadido un alto grado de incertidumbre a las proyecciones económicas.
"Pese a que a corto plazo se anticipa un alto riesgo de inflación, la exposición de España es limitada, previéndose un crecimiento del PIB del entorno del 2,3% en 2026, de los más elevados de las economías avanzadas. No obstante, los riesgos a la baja son significativos y, en caso de prolongarse, el conflicto podría acabar impactando en la economía española", apunta el CES en su informe.
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