Las nuevas obligaciones para el sector empresarial solo podrán entrar en vigor en dos fechas fijadas al año, el 2 de enero y el 1 de julio. Apunta que librará un combate judicial por los decretos aprobados por el Consejo de Ministros que buscan eludir el control parlamentario con la aprobación en la Diputación Permanente.
Una ovación cerrada de prácticamente un minuto de duración de un auditorio abarrotado por cientos de empresarios da la medida de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tocado en la tecla exacta de las necesidades y demandas del tejido productivo. Ante los asistentes al XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar anunció este martes la aprobación inminente en el Consejo de Gobierno del nuevo proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, con la que pretende erradicar las normas obsoletas y poner fin a la asfixia administrativa sobre empresas. La iniciativa será remitida a la Asamblea de Madrid para su debate y votación, se basará en el principio del one in, one out: cada nueva carga administrativa que se imponga al tejido productivo obligará a eliminar de forma automática otra de coste equivalente.
Durante su intervención de clausura, Ayuso argumentó que la burocracia desmedida se ha convertido en un "abuso de poder" que lastra la competitividad. Para atajarlo, la norma introduce mecanismos de control como la evaluación obligatoria de las regulaciones tanto antes de su aprobación como después de su aplicación, con el fin de examinar si cumplen sus objetivos o deben suprimirse. Asimismo, las normas de organización incluirán cláusulas de caducidad obligatorias "para que no sobreviva por inercia lo que ya no sirve".
Uno de los pilares del proyecto es la fijación de un calendario normativo. Las nuevas obligaciones para el sector empresarial solo podrán entrar en vigor en dos fechas fijadas al año: el 2 de enero y el 1 de julio, una medida pensada especialmente para que las pymes no tengan que "adaptarse a contrarreloj". De igual modo, el texto autoriza la entrada de entidades privadas acreditadas en la gestión de determinados trámites administrativos para recortar los tiempos de espera y contempla la creación de "espacios de prueba" para ensayar productos o servicios innovadores no contemplados en la legislación actual bajo tutela pública.
La ley refuerza también la Aceleradora de Inversiones, que reducirá los plazos a la mitad para proyectos prioritarios. Además, potencia la Línea Abierta contra la Hiperregulación -el canal directo para denunciar trabas injustificadas-, herramienta con la que Madrid ya ha simplificado 738 normas, entre ellas la Ley del Suelo para acelerar licencias y la extensión de declaraciones responsables.
Ofensiva política en clave electoral
Justo antes del anuncio, la presidenta de la Comunidad de Madrid había irrumpido en el Congreso con duras críticas al Gobierno en clave electora. Ayuso llegó a decir que las elecciones buscan implantar el sistema comunista. Tras pedir permiso al auditorio para "hablar claro", la dirigente popular situó la cita electoral en el centro del debate, advirtiendo de que España afronta una encrucijada existencial: "Se pretende apuntalar un modo de vida y unas ideas comunistas en nuestro país", alertó ante los empresarios.
La jefa del Ejecutivo madrileño arremetió duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de alimentar el resentimiento para someter a la sociedad al subsidio. Asegura que "no gusta acabar con la pobreza, gusta multiplicarla para vivir de ella y para culpar a unos pocos de su riqueza". Y, en este sentido, afirmó que el objetivo de la izquierda es anular la ambición individual, para lo que "necesitan es que todo el mundo sea mediocre y dependiente".
Proteger la propiedad privada
En cuanto al debate suscitado entorno a la vivienda que ha desembocado en el adelanto electoral, Ayuso lanzó un dardo al presidente del Gobierno asegurando que "solo aquel que ha tenido los pisos regalados y las propiedades regaladas, al igual que los títulos o los libros -no pienso en nadie en concreto-, es capaz de arrebatar de la propiedad a aquellas personas que con el sudor de su frente han cumplido".
La presidenta denunció así la hipocresía de las élites gubernamentales, subrayando que la vivienda "ha sido la hucha de toda la vida de las clases medias españolas" y remarcó que las políticas que amenazan este patrimonio "solo pueden provenir de gente que vive entre palacios", en referencia al complejo de La Moncloa.
En este sentido, cerró el discurso que fue entendido como una arenga de cara a las elecciones, Ayuso llamó a dar la batalla cívica frente a la resignación y avanzó un combate judicial por los decretos aprobados por el Consejo de Ministros que buscan eludir el control parlamentario con la aprobación en la Diputación Permanente. "Para que esa carcoma comunista no se aparque en nuestras vidas porque acaba con todo: que no tengas ganas, que no tengas empuje, que no tengas pasado, historia, ni siquiera patria. Utilizaremos todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance para preservar la propiedad privada, el libre mercado, el Estado de derecho y la Constitución", advirtió la presidenta madrileña.
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