Imagen de un vecino que denuncia un piso turístico sin licencia. EFE/Fernando Alvarado
Política COMUNIDAD DE MADRID Ayuso sigue limitando las viviendas turísticas: bastará la negativa de la comunidad de vecinos para prohibirlasActualizará la normativa para regular que estos alojamientos tengan un tamaño mínimo y dispongan de ropa de cama y utensilios del hogar.
Más información: Solo el 3% de los pisos turísticos en Madrid están registrados en la nueva plataforma del Gobierno.
I. P. Nova Publicada 24 marzo 2026 02:50hLas claves nuevo Generado con IA
Isabel Díaz Ayuso dará este miércoles un paso más en el control de las viviendas de uso turístico (VUT).
El Gobierno madrileño aprobará un nuevo decreto que permitirá limitar la puesta en marcha de este tipo de alojamientos endureciendo las medidas.
El procedimiento, que se inició en septiembre de 2024, parte de un elemento clave: si la comunidad de propietarios de un inmueble decide en su reglamento no permitir este tipo de viviendas turísticas, no se podrán autorizar.
Tal y como han adelantado fuentes de la Consejería de Turismo a EL ESPAÑOL, la reforma, que actualiza la normativa autonómica sobre apartamentos y viviendas turísticas, refuerza además las exigencias de equipamiento, servicios y condiciones de habitabilidad, en un intento de elevar la calidad del sector y responder a las crecientes tensiones en el mercado residencial.
Entre las principales novedades figura la obligación de que estos alojamientos dispongan de ropa de hogar —cama, baño y mesa—, así como menaje completo: vajilla, cubertería, cristalería y utensilios de cocina.
Cuatro meses de 'parálisis' de licencias turísticas en Madrid: 500 pisos ilegales 'desaparecidos' y una amenazaEl decreto también fija por primera vez el tamaño mínimo de las estancias y la ocupación máxima permitida.
Esto supone un avance muy importante puesto que, tal y como denuncian algunas asociaciones de vecinos, muchos propietarios están dividiendo hogares para sacar mayor rentabilidad, aunque eso ponga en riesgo la habitabilidad del edificio.
En el caso de los apartamentos turísticos, clasificados por categorías de una a cuatro llaves, se introducen requisitos más detallados en materia de iluminación, ventilación, sistemas de oscurecimiento en dormitorios y salones, así como estándares mínimos de mobiliario en habitaciones y baños.
El objetivo, según el Ejecutivo autonómico, es doble: garantizar la calidad del producto turístico y proteger los derechos de los usuarios, elevando el nivel de confort. Para ello, será obligatorio contar con un certificado de idoneidad.
Pero el endurecimiento normativo no se queda en el plano técnico. El texto recoge de forma expresa la prohibición de esta actividad en viviendas de protección pública y, sobre todo, en aquellos edificios donde así lo decidan sus vecinos, alineándose con la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Asimismo, la norma refuerza el papel de los ayuntamientos, que podrán fijar límites al número de VUT por edificio, barrio o zona a través de sus ordenanzas urbanísticas. Algo que, precisamente, ya está haciendo el Ayuntamiento de Madrid capital, gobernado por el popularJosé Luis Martínez Almeida.
Otro de los cambios relevantes afecta a la responsabilidad administrativa: a partir de ahora serán los titulares de la actividad turística —y no necesariamente los propietarios— quienes deberán presentar la declaración responsable para iniciar el negocio.
Medio millón en multas
Esta reforma se enmarca en el Plan de refuerzo y control de viviendas turísticas activado en la segunda mitad de 2024. Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha intensificado su actividad inspectora, con un impacto directo en el número de bajas.
En 2024 hubo 1.153 viviendas dadas de baja, cifra que se disparó hasta 3.053 en 2025, un 164,8% más. Solo en los dos primeros meses de 2026 ya se han retirado 341 VUT adicionales.
También han aumentado las inspecciones: de 481 en 2024 a 588 en 2025, un 22,3% más. En ambos ejercicios, el porcentaje de actuaciones que acabaron en sanción se mantuvo en niveles muy elevados, por encima del 85%.
En total, la Comunidad ha impuesto multas cercanas al medio millón de euros en los dos últimos años, fruto de la actividad de la Dirección General de Turismo y Hostelería.
Ya ha entrado en vigor: la comunidad puede obligar a los propietarios de pisos turísticos a pagar un 20% másSegún el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la región existen actualmente 15.309 viviendas de uso turístico, con una capacidad de 50.675 plazas. La cifra se ha reducido un 17,5% respecto a las mediciones de 2025.
Desde el Gobierno de Ayuso insisten en que este parque de viviendas representa apenas el 0,52% del total, el porcentaje más bajo entre las comunidades con mayor actividad turística.
Pese a ello, el consejero ha advertido de un nuevo fenómeno: el trasvase de este tipo de alojamientos hacia el alquiler de temporada, que atribuye a la regulación estatal.
"Está generando distorsiones en el mercado y desvirtúa el objetivo original de este tipo de alquiler", ha señalado, acusando al Gobierno central de trasladar el problema a las comunidades autónomas.
Pulso con Airbnb
Este endurecimiento normativo llega en pleno conflicto con las plataformas digitales de alquiler vacacional y, principalmente, la compañía Airbnb.
Este mismo lunes ha anunciado que ha presentado un recurso contra la multa de 63,98 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025.
La justicia rechaza el recurso de Airbnb y le obliga a pagar la multa de 64 millones por publicar anuncios sin licenciaLa sanción responde a la detección de prácticas comerciales desleales, como la publicación de más de "65.000 anuncios sin licencia o con números de registro incorrectos", además de información engañosa sobre la situación legal de los alojamientos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la plataforma para suspender el pago de la multa, una decisión que, según la empresa, es "puramente procedimental" y no entra en el fondo del asunto.
Desde el Gobierno, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha sido tajante: "Ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores". A su juicio, la sanción marca un punto de inflexión frente a lo que ha calificado como años de "inacción" en Administraciones anteriores.