Isabel Díaz Ayuso Alejandro Ernesto
Política Ayuso, tras la sentencia del TS sobre García Ortiz: "Esto haría caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal"La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que el "Estado de Derecho funciona a pesar del propio Gobierno".
Más información: El fiscal general "quebrantó sin justificación" el "reforzado deber de reserva" sobre la pareja de Ayuso, dice el Supremo.
I. P. Nova Publicada 9 diciembre 2025 19:50h Actualizada 9 diciembre 2025 20:10hLas claves nuevo Generado con IA
Isabel Díaz Ayuso critica la sentencia del Supremo contra el ex fiscal general García Ortiz y denuncia el uso político de las instituciones.
El Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz a 7.200 euros de multa y dos años de inhabilitación por filtrar datos tributarios reservados de Alberto González Amador.
Ayuso subraya que el Estado de Derecho funciona pese a los intentos del Gobierno de politizar la Fiscalía General.
La sentencia considera probado que la filtración se hizo con la aceptación de García Ortiz y advierte sobre la gravedad de revelar datos protegidos.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha valorado este miércoles la sentencia del Tribunal Supremo que condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un caso que ha puesto en el foco el uso político de las instituciones.
"A la vista de la durísima sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, he de hacer dos consideraciones. La primera: es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación por la utilización de las instituciones, que son de todos los españoles, por parte del Gobierno y de su presidente", ha afirmado Díaz Ayuso.
En segundo lugar, la presidenta ha destacado que "el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno".
Hecho probado: la filtración se hizo "con intervención directa o por un tercero pero con plena aceptación de García Ortiz""No se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, porque son instituciones de todos los españoles. Estas prácticas no pueden consentirse, y por eso han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días. Esto haría caer a plomo a un Gobierno en cualquier democracia liberal", ha añadido.
Con estas palabras, Ayuso ha subrayado la gravedad del caso y ha puesto el foco en la defensa del funcionamiento independiente de las instituciones como pilar fundamental de la democracia española.
Hay que recordar que, este martes, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la sentencia que condena a 7.200 euros de multa y dos años de inhabilitación como fiscal general a Álvaro García Ortiz por filtrar a medios de comunicación datos tributarios reservados de Alberto González Amador.
Como adelantó EL ESPAÑOL, el Supremo condena al fiscal general por un delito de revelación de datos reservados referido tanto a la filtración del correo del abogado de González Amador en el que admitía que éste había cometido delitos tributarios como por la nota informativa en la que la Fiscalía desmintió haberle ofrecido un acuerdo de conformidad para que declarase ser un defraudador.
Las 4 razones por las que la condena del fiscal general obliga a dimitir a SánchezLa Sala, presidida por Andrés Martínez Arrieta, ponente de la sentencia, y por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo (estas dos últimas, discrepantes del fallo), considera probado que fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo de 2 de febrero de 2024 que el abogado de González Amador dirigió a la Fiscalía.
En ese email, el letrado Carlos Neira proponía al fiscal de delitos económicos un acuerdo de conformidad admitiendo que su cliente, González Amador, "ciertamente ha cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".
La Sala ha subrayado que el fiscal general del Estado no podía responder a una noticia falsa -que el acuerdo de conformidad con la pareja de Ayuso había sido ofrecido por la Fiscalía- mediante la comisión de un delito, revelando datos tributarios de un ciudadano, lo que "podría producir una lesión del derecho de defensa y de la presunción de inocencia que la Fiscalía debe garantizar".