Luis Bárcenas ha declarado este lunes en el juicio por la operación Kitchen. Tras tantas visitas a la Audiencia Nacional como investigado o acusado, hoy lo ha hecho como testigo y siendo él quien acusa a la cúpula del Ministerio del Interior que supuestamente le espió para robarle lo que pudiera tener de comprometedor contra el partido del que fue tesorero.
A preguntas del fiscal de Anticorrupción, Bárcenas ha recordado la inquietud que, estando ya en prisión, le trasladó su esposa, Rosalía Iglesias. "Hay un momento en que me traslada en las visitas en el centro que le da la impresión de que alguien la está siguiendo. Pero ella siempre pensó que eran periodistas, nunca pensó que era un dispositivo de carácter policial".
La pieza clave de ese espionaje fue su entonces chófer y "chico para todo" Sergio Ríos, hoy en el banquillo. Fue captado por mandos policiales acusados, entre ellos José Manuel Villarejo. Cobró un sueldo mensual y acabó entrando en la policía. Bárcenas ha recordado su contratación. "Hacía funciones específicas de conductor y de chico para todo: tareas de tipo administrativo, si tenía que ir al banco, iba... Buscamos una persona de absoluta confianza. Venía bien recomendado y por eso fue contratado. Me hace la recomendación un jefe de seguridad que había en el PP porque era muy amigo, e incluso había hecho incluso suplencias en el PP".
El episodio más claro de espionaje recogido por los escritos de acusación fue la entrega de los teléfonos y una tableta de Bárcenas a los policías acusados, para que copiaran su contenido. El testigo ha explicado que ese robo por parte del chófer encajaba perfectamente con su manera de actuar. "Acceso tenía permanentemente, porque yo los teléfonos no los llevaba a las reuniones, los dejaba en el coche. Ríos preparó un sobre, un equivalente a una caja Farenheit [Faraday] que impide saber dónde está el teléfono en ese momento".
También fue el chófer quien se encargó de vaciar su despacho en la sede central del PP y llevar el material al estudio de restauración que tenía su mujer, al que los acusados accedieron sin autorización judicial. "El volumen era cuantioso y no tenía dónde meterlo. Ríos me confirmó que estaba hecho y me dio un recibo, un albarán que no le quiso firmar nadie del PP. Se habían recogido 20 o 25 cajas, además de material particular mío que se encontraba en Génova 13".
De la mano del fiscal, ha confirmado que los datos de los que se apropiaron los acusados correspondían al contenido de su teléfono. También que, cuando EL MUNDO le mostró las pruebas de ello, le costó creer que realmente la Policía le hubiera robado el material personal que se le estaba mostrando y que hubiera captado las fotos que reflejaban las vigilancias. "Me parecía una fabulación".
Bárcenas ha confirmado que pagó a un interno con supuestos conocimientos informáticos para que accediera a material que tenía almacenado en la nube. La investigación ha reflejado que el interés principal de los acsados era hacerse con las supuestas grabaciones de Bárcenas con el entonces presidente del Gobierno y líder del PP Mariano Rajoy.
"Le hice un encargo puntual y remunerado para que determinada información que yo tenía en la nube relacionada con el procedimiento, que tuviera acceso y que cumpliese unas instrucciones que le iría dando".
"¿Tenía grabaciones?", ha preguntado el fiscal. "Tenía, tenía alguna grabación, efectivamente. De hecho, le di la instrucción de que una grabación en concreto la tenga localizada. Le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información", ha dicho Bárcenas, sin precisar quién protagonizaba la grabación.
El preso fue detenido en el permiso de salida en que tenía que cumplir el encargo, y Bárcenas no ha podido precisar qué sucedió, porque no volvió a hablar con él. "Algo llegó a hacer porque luego, cuando recuperé la libertad, en la nube no había nada".
La familia Bárcenas -el ex tesorero, su esposa y su hijo- ejerce la acusación particular y pide condena para 10 acusados, añadiendo dos a la lista de Anticorrupción. Para el ex ministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez solicita 41 años de prisión.