El exministro Jose Luis Ábalos (i), durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. Europa Press
Tribunales Ábalos, antigua mano derecha de Pedro Sánchez, será juzgado en abril por el Supremo: rechaza enviar el caso a la AudienciaLa Sala Penal rechaza que Marlaska e Illa declaren como testigos, pero sí tendrán que hacerlo Francina Armengol y el ministro Ángel Víctor Torres.
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María Peral Publicada 4 marzo 2026 11:06h Actualizada 4 marzo 2026 11:13hLas claves nuevo Generado con IA
El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos será juzgado el mes que viene por la Sala Penal del Supremo acusado de delitos de corrupción por los que la Fiscalía pide para él 24 años de cárcel.
El alto tribunal ha desestimado las cuestiones previas expuestas en una audiencia celebrada el 12 de febrero y que eran el último cartucho de la defensa para que el caso fuera enviado a la Audiencia Nacional y así retrasar, sine die, el juicio.
La Sala Penal ha reafirmado su competencia teniendo en cuenta la tardía renuncia de Ábalos al acta de diputado, condición que le ha permitido estar aforado durante toda la instrucción de la causa.
De esta forma, quien fue mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentará en el banquillo junto a su asistente, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.
Los dos primeros están en prisión preventiva desde el 27 de noviembre por "extremo riesgo de fuga".
Testigos
En el juicio, que previsiblemente comenzará el 7 de abril y durará unas seis semanas, según fuentes judiciales, no tendrá que comparecer ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni el exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
Pero sí se ha aceptado que testifiquen la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres.
La declaración testifical de ambos había sido pedida tanto por Ábalos como por García. Pero la Sala, reacia a convertir la vista en un 'show' de desfile de autoridades, no ve qué pueden aportar en relación con los hechos que son objeto de acusación.
Tampoco se ha aceptado la testifical de la exdirectora del CNI Paz Esteban ni de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
Sí tendrán que comparecer la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez y Juan Ignacio Díaz Bidart, que dirigió hasta 2023 el gabinete de la entonces ministra de Industria Reyes Maroto.
La Sala también ha aceptado el testimonio del exgerente del PSOE Mariano Moreno, solicitado por el exministro de Transportes y su asesor.
Moreno declaró ante el instructor del Supremo, Leopoldo Puente, y admitió haber entregado dinero en efectivo a Ábalos y García, aparentemente por gastos anticipados relacionados con sus funciones en el PSOE.
Pero el descontrol de los pagos en efectivo en Ferraz que se desprendió de la declaración del exgerente llevó al magistrado Puente a pedir el pasado octubre a la Audiencia Nacional que investigara este asunto. Una pieza separada sobre la financiación del PSOE se tramita desde entonces en el Juzgado que dirige Ismael Moreno.
Acusaciones
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que encabeza el PP atribuyen a Ábalos y García siete presuntos delitos: organización criminal, cohecho, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos. Este último no se le imputa a Aldama.
La acusación se refiere, principalmente, a la adjudicación por organismos del Ministerio de Transportes de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, para la que Aldama actuaba como conseguidor, a cambio de sobornos para Ábalos y García
También se les acusa por las gestiones realizadas por el exministro y su asistente para favorecer los intereses de Aldama o de empresas relacionadas con él, como Air Europa o Villafuel.
Los escritos de acusación también incluyen la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, mujeres relacionadas con Ábalos, que tendrán que comparecer como testigos.
La primera de ellas fue contratada por Ineco y, después, por Tragsatec, dependientes de Transportes, pese a que, como ella misma admitió ante el juez instructor, Leopoldo Puente, no hizo ninguna labor durante dos años y medio.
Aldama, a través de un intermediario, también pagó el alquiler y los gastos de un piso de lujo para Jésica Rodríguez en el centro de Madrid.
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