"Ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado. Ninguno de ellos, lo vuelvo a repetir". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue categórico en su intervención en Ceuta el 13 de agosto. Nadie que hubiera entrado en la ciudad autónoma de manera irregular, como en la avalancha del 30 de julio, acabará en la península.
Pero acto seguido añadió que había que exceptuar los casos "muy excepcionales" que reflejan las leyes nacionales e internacionales por ser de "máxima vulnerabilidad". En todo caso, el compromiso del ala socialista del Gobierno es firme: ningún menor se derivará a la península. Pero el socio de coalición gubernamental, Sumar, presiona con fuerza para que los casi 2.500 menores no acompañados que deambulan por las calles ceutíes se deriven a las comunidades autónomas que puedan acogerlos. Comenzando por "500 niñas muy vulnerables".
Es la propia ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la que está reclamando que se aplique la única solución "humanitaria" que supondría desatascar el embudo burocrático ceutí y darles cobijo a los menores. Porque actualmente, como desveló este diario, los funcionarios locales y de Extranjería se niegan a acelerar los plazos de devolución, por miedo a condenas posteriores por prevaricación, como ya ocurrió tras las devoluciones exprés de 2021.
De manera que en estos días el Gobierno sólo ha logrado terminar dos docenas de expedientes, para su envío a Marruecos. El país vecino ha mostrado públicamente su voluntad de recibir a los repatriados, pero esas declaraciones no se compadecen con su comportamiento real: la ministra Rego denunció que no se ha tramitado ninguno de los 600 expedientes anteriores a la avalancha del 30 de julio enviados a Marruecos.
Por tanto, y ante la presión creciente, algunos gobiernos autonómicos del PP ya se han puesto en alerta. Asumen que los menores acabarán saliendo de Ceuta a la península como estadio intermedio hasta que se solucione el atasco burocrático, y aseguran que, aunque están en desacuerdo, no incumplirán la ley. Fuentes del Ministerio de Juventud aseguran que, en privado, algunas de las CCAA gobernadas por populares ya han transmitido incluso que buscan camas ante una eventualidad que ya descuentan. Porque creen que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acabará aceptando esta solución como "mal menor".
Este diario ha consultado a los gobiernos regionales populares, y la mayoría intuye que le tocará acoger a menores por imperativo legal, aunque hay otros que se declaran ya saturados y pedirán que a ellos no se les aplique. Eso sí, todos recurrirían a la Justicia, ya que es una respuesta coordinada que ya vienen haciendo.
"Tenemos clarísimo que el final será ése, acabarán viniendo los menores a la península. Y si los distribuyen, los tienes que aceptar, nosotros siempre cumplimos la ley", asegura uno de los barones de gobierno consultados. "Y no podemos decir que no, si nos los mandan. Al final, va a ser la única manera" de descongestionar Ceuta "mientras se tramitan las repatriaciones", añade otro presidente. "Absolutamente", subraya. "Tendremos que aceptarlos, como siempre, pero no tenemos hueco", añade un tercer gobernante. "Por supuesto, la ley se cumple. Si te mandan, los tienes que acoger, y punto", se resigna otro más.
Eso sí, los dirigentes del PP consultados ya temen también que ese "reparto", como lo llaman, no perjudicaría en ningún caso a los territorios de los que más depende la mayoría parlamentaria que sostiene a Pedro Sánchez: "A ver cuántos acogen País Vasco y Cataluña". "Que este reparto se haga con el mismo criterio que la financiación: todo para Cataluña", ironiza otro barón. "El último reparto [en el que Cataluña y País Vasco quedaban beneficiadas] sonaba a broma", añade.
Pedro Sánchez dijo el pasado lunes que en Ceuta quedan sólo 1.200 menores, pero el Ministerio de Juventud e Infancia corrige y eleva la cifra a una horquilla entre 2.200 y 2.500. Hay 1.478 reconocidos y contabilizados de forma oficial y "entre 700 y 1.000 más" que aún no han sido filiados. Es una cifra que se está acotando día tras día, y ésta es la última actualización.
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis, Rego situó el traslado de los menores como una de las principales vías para "destensionar" la situación en la ciudad y, al mismo tiempo, "garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y niñas". Según la ministra, los procedimientos administrativos que afectan a los menores se pueden "continuar perfectamente desde cualquier punto de nuestro país", mientras Ceuta mejora su situación.
Aunque en privado algunos barones del PP reconocen que, si les fuerzan a ello, acogerán a los menores, en público subrayan que ya no pueden recibir más, y alertan de que un traslado a la península reforzaría el "efecto llamada". Desde la Junta de Andalucía aseguran: "Tenemos claro que si los inmigrantes ilegales consiguen el objetivo de ir a la península, el efecto llamada será mayor". "Nosotros estamos por encima del 100% y no tenemos capacidad" para recibir a más adolescentes, añaden fuentes cercanas a Juanma Moreno.
En Castilla y León y en Cantabria acotan que el plan sería aceptarlos legalmente, pero ir a los tribunales. "Hemos recurrido todo desde hace un año. Vamos a seguir oponiéndonos, no vamos a facilitar la situación, porque aquí no hay un problema de inmigración ni de menores, es una invasión", lamentan fuentes de la Junta castellanoleonesa.
Caso aparte son Murcia y Baleares, donde están recibiendo este año más pateras: "Nadie nos ha llamado". En el entorno de Juanfran Pérez-Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana, opinan igual: "Creo que no se trata de un problema de inmigración. Es un problema de una invasión que requiere de otro procedimiento". E inciden, igual que en Andalucía, en que en su comunidad autónoma ya no hay camas para más menores.
El otro gran problema para el PP es que en Extremadura, Castilla y León y Aragón, las competencias sobre los menores extranjeros las capitanean los consejeros de Vox, que así las pidieron. Los vicepresidentes, en concreto. Vox hará lo mismo en las tres, pues actúa de manera colegiada bajo instrucciones de la dirección de Madrid.
Pero ya saben que, si no cumplen la ley, se enfrentan a condenas penales. De hecho, en Aragón la Fiscalía investiga ya el recorte de la ayuda a menores migrantes que impulsó Vox. Y en Extremadura ya se han acogido a varios menores migrantes durante el verano, a pesar de la negativa previa de Vox. "Si no firman, sería a ellos a los que imputarían", apuntan fuentes populares.