El 9 de agosto de 2018 hicimos en EL MUNDO una portada inhabitual. Tras un intenso debate canicular decidimos abrir el periódico con un título insólito sobre la esposa del presidente del Gobierno: «La mujer de Sánchez ficha como ejecutiva del Instituto de Empresa». Los reparos que se expusieron durante la discusión interna procedían básicamente de si debíamos situar a Begoña Gómez, sin cargo definido pero con una posición institucional evidente, como protagonista política. La conclusión mayoritaria fue que había sido ella la que se había colocado en ese lugar y que lo inaudito, por sorprendente y cuestionable, era que la mujer del presidente asumiera un puesto así a los dos meses de llegar su marido al poder. ¿Cómo iba a dirigir la expansión en África de una empresa siendo quien era? ¿Qué dirigente o empresario no iba a reunirse con ella o facilitarle el trabajo siendo quien era? ¿Cómo iba a cobrar por ello?
Ocho años después, Begoña, alcanzado el estatus de ser identificada solo por el nombre de pila, va camino del banquillo por cuatro delitos si la Audiencia Provincial de Madrid, que aún tiene que decidir sobre los últimos recursos, no lo evita. El auto del juez Peinado es bueno, seguramente el mejor que ha hecho. La escandalera montada por la retirada del pasaporte no deja de ser el dedo señalando a la luna. La decisión puede ser corregida y el CGPJ amaga con expedientar al juez por su valoración de la escolta de la aludida, pero después seguirá quedando el fondo del caso, que es el tema real. Es en los indicios delictivos que recoge el auto donde se acumulan los problemas para ella y su marido.
El juez describe un «cambio radical en la trayectoria» de Begoña tras llegar su marido al poder, explica cómo buscó financiación de empresas con «vínculos con el Estado» y concluye que «aprovechó su proximidad al presidente para proyectar su carrera profesional». Era recibida por mandamases de empresas que a usted no le cogen ni el teléfono cuando se le apaga el wifi y ella escribía cartas de recomendación en adjudicaciones públicas. En definitiva, y esta es la frase clave, «proyectaba simultáneamente su posición institucional y sus relaciones con directivos y empresas».
El auto es bueno, lo del pasaporte es el dedo que señala a la luna
La teoría de la conspiración contra el Gobierno se fabricó para reaccionar al caso Begoña. La estrategia de la ignorancia supina sobre lo que ocurría alrededor de Pedro Sánchez, que era la defensa habitual en otros casos, terminaba donde empezaba el cabecero del dormitorio conyugal. Uno puede alegar que no sabía que su ministro montaba orgías o que su secretario de Organización amañaba contratos si tiene la suficiente sonrisa ladina, pero no que desconocía que su mujer estaba montando un negocio.
Begoña pasó a ser una de los nuestros. La principal. En ningún caso como en este ha conseguido Sánchez implicar con tanto éxito al Gobierno, su partido y la mayoría de su electorado: se persigue a mi esposa porque se nos persigue a los socialistas. De aquí viene todo lo posterior, cloaca contra jueces e investigadores incluida, y la lista de víctimas de la conspiración cada vez es más amplia porque se trata de deslegitimar el caso de Begoña para deslegitimarlos todos.
Si el juicio se produce será el apocalipsis de la conspiración
Sánchez siempre intentó proteger a su tribu. A Ábalos lo recuperó en las listas electorales para tenerlo cerca y darle un medio de vida, y no fue expulsado hasta que fue detenido Koldo. A Cerdán lo reeligió como secretario de Organización entre grandes ovaciones y lo mantuvo a su lado hasta la víspera de entrar en la cárcel. García Ortiz era un héroe de la acción de la Justicia del que no había duda que sería absuelto hasta el día en que fue condenado. Con Leire Díez la defensa es que los jueces trabajan muy rápido, y con Zapatero se encuentran ya justificaciones hasta cuando te pillan con las esmeraldas de Zambia en la caja fuerte del despacho.
Y ahora, el juicio a Begoña. Si se produce, será el apocalipsis de la conspiración. Su caso puede ser el menos grave, pero es el más simbólico. Condiciona de forma determinante la política española, por cuanto no es posible que Sánchez convoque elecciones hasta conocer el horizonte judicial de su esposa ni que afronte el juicio fuera del poder. Y condiciona la vida institucional del país, por cuanto la conspiración implica que Gobierno y partido se lancen a desprestigiar pilares básicos del Estado de Derecho.
En una reciente encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO se preguntaba a los españoles su opinión sobre la UCO, la Udef, la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior. Las respuestas eran diversas, como corresponde, pero había una tendencia clara: los votantes socialistas suspendían a las cinco instituciones. El punto óptimo de maduración de la traca final del sanchismo.