Belén Gualda, presidenta de la Sepi; junto con María Jesús Montero, cuando era ministra de Hacienda. EFE
Empresas El Gobierno suma tres presidentes de la SEPI imputados Belén Gualda, jefa del 'holding' de Sánchez, imputada por favorecer a la trama criminal que amañaba rescates en la SepiEl Gobierno mantiene "toda la confianza" en la presidenta de la pública.
Más información:El juez Pedraz suma como investigada en el 'caso Leire' a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos
Fernando CanoJavier Corbacho Publicada 30 junio 2026 03:47h Actualizada 30 junio 2026 03:48h Las clavesLas claves Generado con IA
La imputación de la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Belén Gualda, por su implicación en la concesión del rescate de Tubos Reunidos, ha vuelto a poner en el foco de la corrupción al mayor holding empresarial del Gobierno.
La investigación liderada por el juez Santiago Pedraz sospecha que Gualda habría podido favorecer a la trama liderada por Leire Díez y Vicente Fernández (presidente de la Sepi hasta octubre de 2019) no sólo en la adjudicación del rescate de 112,8 millones sino, además, en posteriores aplazamientos de pagos de intereses a la empresa vasca.
El juez concluye que "existen indicios de criminalidad en su contra", al igual que sucede con otras 24 personas; entre ellas, Francisco Irazusta, expresidente de Tubos Reunidos, y el consejero de la compañía, Jesús Pérez Rodríguez.
El juez Pedraz suma como investigada en el 'caso Leire' a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de Tubos ReunidosDel mismo modo, la imputación se ha extendido a, al menos, cuatro exdirectivos de la cúpula de la Sepi (Julián Mateos Aparicio, Miguel Ángel Figueroa, Rosario Martín y Fernando Albert) y a dos expresidentes de empresas públicas: Enusa (José Vicente Berlanga) y Mercasa (José Ramón Sempere).
Es así como las investigaciones sitúan a la Sepi en el centro de la trama de corrupción, no solo por el rescate de Tubos Reunidos sino, también, por otras cuatro operaciones en las que se sospecha de amaños en contratos públicos.
Pero es que, además, los tres últimos presidentes de la Sepi ya están imputados. El propio Vicente Fernández, como parte de la trama y del grupo Hirurok; el actual vicepresidente, Bartolomé Lora, por el préstamo concedido a Air Europa cuando era presidente en funciones; y ahora, Gualda. Todos nombrados sucesivamente por el Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a Moncloa en junio de 2018.
Sin embargo, el Gobierno mantiene "toda la confianza" en la directiva. Fuentes del Ejecutivo han indicado que en las diligencias "no aparece ningún elemento que comprometa" a Belén Gualda y que, por lo tanto, mantienen "toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos".
La 'trama Leire' gestionó una reunión de Tubos Reunidos con Ortuzar cuando presidía el PNV para evitar un pago a la SEPITambién han querido destacar "la integridad de los profesionales" que forman parte de la Sepi, al tiempo que han garantizado "la colaboración y el respeto con las decisiones judiciales".
Belén Gualda es desde marzo de 2021 la gestora del mayor holding de empresas públicas del Estado, con una facturación conjunta de 3.600 millones de euros y participaciones en empresas cotizadas por valor de 30.000 millones.
La Sepi es la propietaria mayoritaria de Correos, Tragsa, Navantia y RTVE. Además, es accionista relevante de otras compañías estratégicas, como Indra, Telefónica, Redeia, Airbus, Enagás, Aena y Talgo.
Por tanto, la presencia de Gualda es clave para entender su importancia en el tejido empresarial y productivo español, además del protagonismo del Gobierno para intervenir en empresas cotizadas.
Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos en 2021, la 'trama Leire' buscó "ayuda arriba del todo" y acabó aprobándoseLas investigaciones la sitúan en el centro del rescate de Tubos Reunidos, concedido en julio de 2021, tres meses después de que Gualda desembarcara en la Sepi.
Según indica Anticorrupción en el último informe dirigido al juez Pedraz, en junio de 2021 un directivo de la Sepi, Miguel Ángel Figueroa, informó a Fernández de que "BG", iniciales de Belén Gualda, tenía la firme intención de "sacar" y agilizar varias operaciones la semana siguiente. Entre ellas, la solicitud de Tubos Reunidos.
El 2 de julio, Vicente Fernández volvió a incidir sobre la perspectiva del PNV en el rescate de Tubos Reunidos, esta vez en una conversación particular con Antxón Alonso (el tercer miembro de la trama junto con Leire Díez).
"Teniendo lugar una serie de reuniones a nivel político en las que habría participado Belén Gualda González, con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de la ayuda temporal por parte del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas", indica el informe.
La agenda de Leire, poco antes de la cita de Ortuzar y Tubos: "Buena acogida PNV. Andoni. Cambio actuación con SEPI"El 3 de julio de 2021, Vicente Fernández compartió con Díez un documento con información interna que desvelaba que Gualda había adquirido con el CEO de Tubos Reunidos el "compromiso" de que su solicitud iba a ser aprobada.
Finalmente, el rescate se produjo el 13 de julio de 2021, después de que su informe fuese validado por Bartolomé Lora y Belén Gualda.
Pero también se sospecha de la actuación de Gualda en la dispensa para utilizar los fondos procedentes de la venta de Sestao (10 de los 14 millones obtenidos), así como el aplazamiento de la obligación de destinarlos a la amortización anticipada en marzo de 2025.
Una dispensa también gestionada por la trama y por la que habría cobrado otros 40.000 euros, que se suman a los 200.000 que habría recibido por la concesión del rescate y la ayuda para postergar el pago de intereses.
Contratos de Mercasa
Pero la relación de la trama con la Sepi va mucho más allá. La investigación identifica cuatro operativas más que se suman a Tubos Reunidos: la concesión de contratos públicos mediante amaños en Mercasa; Enusa; el Parque Empresarial del Principado de Asturias (Sepides); y Forestalia. En todas ellas se identifican vinculaciones con la sociedad pública.
En el primero de los casos, Antxón Alonso, Vicente Fernández y Leire Díaz -dice la investigación- actuaron de forma concertada y en connivencia con determinadas personas integradas en la dirección de Mercasa. Habrían diseñado una operativa dirigida a aprovechar el interés existente en aquel momento por parte de la presidencia y de ciertos directivos en trasladar la sede física de la entidad.
"Dicha operativa habría consistido en la articulación de diversas contrataciones irregulares o, en su caso, en la simulación de servicios de intermediación vinculados a una supuesta operación de adquisición o arrendamiento de una nueva sede, lo que habría permitido la obtención de un beneficio económico en favor de los investigados".
Otra de las operativas objeto de análisis es la que habría motivado la contratación de la mercantil SDP Carrillo y Montes, S.L.P. por parte de la empresa pública Enusa.
Contratos de Enusa
Dicha contratación habría sido favorecida, indiciariamente, por la actuación concertada de los investigados (Antxón, Fernández y Leire Díez) con la finalidad de obtener un beneficio económico y, al mismo tiempo, "favorecer los intereses de Acciona".
Esta última habría manifestado previamente su interés en adquirir las participaciones que Enusa ostentaba tanto en la incineradora de Melilla (a través de Emgrisa) como en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cervera del Maestre (UTE).
La tercera operativa descrita en el informe se refiere a los pagos percibidos por las sociedades Mediaciones Martínez y Servinabar procedentes del denominado grupo Erri Berri, que habrían ascendido a un importe total de 575.857,20 euros.
Una parte significativa de dichos pagos se vincularía a diversas actuaciones desarrolladas por el grupo Hirurok en el marco del expediente de contratación 9/2020-PEPA-ST-BIS, tramitado por Parque Empresarial del Principado de Asturias.
Contratos de Forestalia
De la documentación aportada se desprende, al menos de forma indiciaria, una nueva intervención ilícita del grupo Hirurok en el ámbito de la contratación pública, "orientada a influir a cambio de un beneficio económico en el expediente de contratación 9/2020-PEPA-ST-BIS, con la finalidad de favorecer al denominado grupo Erri Berri".
Finalmente, y en relación a Forestalia, se expone que la trama, a través de Fernández, habría desarrollado determinadas actuaciones ante responsables de Sepides aún no identificados que, al menos de forma indiciaria, podrían haber contribuido a que dicha entidad pública aprobara una inversión de 17,32 millones de euros en la sociedad Arapellet, integrada en el Grupo Forestalia.
Asimismo, se indica que, por la consecución de dicho acuerdo, se habría pactado previamente el abono de 200.000 euros en favor de Hirurok, si bien, en el momento de emisión del informe, "no constaba acreditada la concreta forma de materialización del pago", dice la investigación.
Anticorrupción concluye, en su último informe, que los hechos descritos serían susceptibles de integrar, en su conjunto "y en función de la participación concreta de cada uno de los investigados", indicios de la posible comisión de delitos penales como tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa, utilización de información privilegiada de cargos públicos y organización o grupo criminal.