El grupo minero que quiere extraer uranio en Salamanca inicialmente pedía mil millones de dólares al Gobierno español por pararle el proyecto. Es el mayor arbitraje de la historia contra España. Se dirime en EEUU.
Berkeley Energia, la empresa que trata de sacar adelante una mina para extracción de uranio en Salamanca, ha elevado hasta los 1.250 millones de dólares (1.060 millones de euros) sus reclamaciones económicas al Gobierno español por bloquear ese proyecto. Actualmente el pleito se se dirime ante el Ciadi. Este es el mayor organismo internacional de arbitrajes. Tiene su sede en Washington DC, la capital de EEUU, y depende del Banco Mundial.
Originalmente, cuando Berkeley abrió ese arbitraje internacional, en mayo de 2024, la compañía, de origen australiano, reclamaba mil millones de dólares (920 millones de euros). En cualquier caso, se trata del mayor litigio por arbitraje al que se ha enfrentado España en toda su historia.
La nueva petición arbitral viene recogida en lo que se denomina Memorial of Claim (Memorial de Reclamación), que Berkeley acaba de presentar al Ciadi, tal como ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España. En ese memorial, Berkeley aporta todos los documentos que considera necesarios para abordar la fase final del litigio (informes de expertos y pruebas extra, entre otros).
España tiene hasta julio
Con la presentación de ese documento, se acelera el procedimiento. España tendrá de plazo hasta julio de este año para responder con su propio Memorial de Reclamación. También podría presentar un Memorial of Jurisdiccion (Memorial sobre Jurisdicción) si el Ciadi considera que determinadas cuestiones de procedimiento legal deben ser examinadas antes que las cuestiones de responsabilidad y daños. En este caso, España tendría de plazo hasta octubre de este año.
El grupo Berkeley, que está siendo asesorado por Herbert Smith Freehills Kramer y por Riaño Abogados, considera que las decisiones del Gobierno español de tumbar los permisos para su proyecto "han vulnerado múltiples disposiciones" y en especial la denominada Carta de la Energía, un tratado a nivel europeo de protección de inversiones.
Todo empezó a finales de 2021, cuando Berkeley Energía no recibió las licencias oportunas para extraer urario en Retortillo, Salamanca, que debería haber concedido el ministerio de Transición Ecológica, a cuyo frente estaba en ese momento Teresa Ribera.
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