- ANDRÉS STUMPF Bruselas
La Comisión Europea presenta un borrador con enmiendas que amplían el espectro de sectores y actividades que se benefician de subvenciones estatales sin burocracia europea.
Revolución europea en el marco de las ayudas de Estado. La Comisión Europea ha presentado el nuevo borrador de su nuevo Reglamento General de Exención de Responsabilidad Civil (GBER, por sus siglas en inglés), la norma que permite a los Estados miembros otorgar ayudas estatales condicionadas sin necesidad de aprobación previa de Bruselas y que tiene como objetivo facilitar la financiación rápida de proyectos clave.
Esta medida, que entró en vigor en 2014, se enmienda ahora para adaptarla a los recientes avances sociales, de mercado y tecnológicos y abrir la mano a una mayor cuantía de subvenciones y ayudas. No es la primera vez que ocurre, pues desde entonces se han retocado artículos de la legislación hasta en tres ocasiones más. Sin embargo, bajo las nuevas directrices, el Ejecutivo comunitario asegura que la normativa "afronta la actualización más completa desde su lanzamiento".
Entre los cambios destacados se introducen condiciones más sencillas de cumplir para las ayudas de pequeñas cuantías en proyectos de I+D o de protección medioambiental, facilitando el acceso a empresas de cualquier tamaño, incluyendo empresas de mediana capitalización.
En términos de cifras, la nueva actualización fija los umbrales máximos de ayuda por empresa y proyecto en 55 millones de euros para investigación fundamental, 35 millones para investigación industrial y 25 millones para desarrollo experimental.
El Ejecutivo comunitario también refuerza el apoyo a las pymes mediante la posibilidad de recurrir a instrumentos de financiación más flexibles y de adoptar un tratamiento fiscal favorable para las opciones sobre acciones de los empleados, lo que favorece su atractivo. En este apartado, el importe total de las ayudas no puede superar los 16,5 millones de euros por empresa.
Vivienda
Como gran novedad, en la Comisión Europea también se han actualizado las reglas centradas en la crisis de la vivienda, permitiendo ayudas con volúmenes más elevados para financiar proyectos de eficiencia energética en lo que respecta a la vivienda social o asequible.
Según señala el borrador, el volumen de dinero público que puede concederse a los proyectos se mide en base a la intensidad, es decir, el importe bruto de la ayuda expresado como porcentaje de los costes subvencionables, antes de cualquier deducción de impuestos u otras tasas. Teniendo en cuenta ese parámetro, Bruselas incrementa hasta 20 puntos porcentuales la intensidad de la ayuda para el proyecto de renovación energética en caso de que se trate de vivienda social o asequible.
Este margen se suma a las ayudas base permitidas de un 30% para la renovación de edificios existentes y de un 15% para la construcción de nuevos edificios.
La ayuda máxima que se puede conceder sin notificar la operación a Bruselas es del 90% de la financiación de todos los costes del proyecto, con un límite en términos absolutos de 30 millones de euros por empresa y proyecto.
Sectores estratégicos
Por otro lado, en los sectores estratégicos, la nueva normativa se centra en agilizar la transición verde y el bienestar social. Por ejemplo, las ayudas al funcionamiento para energías renovables serán más sencillas de conceder y a mayor escala, eliminando el límite presupuestario anual de 300 millones de euros que existía anteriormente.
A partir de que entre en vigor la nueva legislación, sectores como la agricultura, la pesca y la acuicultura ahora podrán acogerse a la mayoría de las categorías de ayudas y, además, se incrementará el tamaño de los aeropuertos que pueden recibir las subvenciones para alcanzar a todos aquellos con menos de tres millones de pasajeros anuales.
Por último, en el ámbito de la innovación, se flexibilizan los requisitos para que empresas jóvenes e innovadoras con bases de capital débiles, como habitualmente ocurre con las start up, puedan optar a ayudas de I+D+I, facilitando también el apoyo a infraestructuras de ensayo y experimentación. Además, el borrador introduce cambios en la gestión y el alcance sectorial. Así, la nueva normativa fomenta los incentivos que pueden conceder los Estados a la formación en competencias digitales y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para mejorar la competitividad de los trabajadores.
"El nuevo borrador del GBER que proponemos reducirá la carga administrativa y simplificará la legislación. Este reglamento facilitará y agilizará a los Estados miembros impulsar la competitividad de nuestras industrias, incluidas las pymes, sin tener que esperar la aprobación de las ayudas estatales", explica Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea.
Las ayudas de Estado que distribuyen los países a las empresas sin pasar antes por la supervisión de Bruselas se han convertido en la mayor fuente de subvenciones de los últimos años por su agilidad y flexibilidad. En 2024, los Estados miembros de la Unión Europea llevaron a cabo 6.509 proyectos amparados por el GBER, lo que supone un 69% del total de ayudas desembolsadas y un crecimiento de 28 puntos porcentuales desde que esta regulación se puso en marcha.
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