- ANDRÉS STUMPF Bruselas
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La Comisión Europea ha presentado su propuesta legislativa para un nuevo régimen empresarial europeo que permitirá la creación de empresas en 48 horas con burocracia centralizada para toda la UE, tal y como adelantó EXPANSIÓN el lunes.
Ya es realidad. La Comisión Europea ha presentado hoy su propuesta legislativa de nuevo régimen corporativo. Se trata de un modelo administrativo y legal que será totalmente opcional, pero que permitirá a las compañías operar bajo un conjunto de reglas uniformes, eliminando con ello la fragmentación de los 27 sistemas nacionales mediante procedimientos totalmente digitales.
El nuevo marco normativo permitirá la constitución de empresas en apenas 48 horas y con un coste máximo de 100 euros y podrán lanzarse con capital social cero, lo que otorga una flexibilidad contable mayor, tal y como adelantó EXPANSIÓN el lunes.
Esto supone un cambio radical frente a los tiempos habituales, que se extienden por semanas y meses, y también respecto a los costes de fundar una compañía, que se elevan a entre 3.000 y 25.000 euros según el Estado miembro de la UE que se elija para ello.
A inspiración del régimen jurídico de Delaware en Estados Unidos que tanto éxito ha tenido para las compañías innovadoras, la propuesta que de la institución presidida por Ursula von der Leyen busca acabar "con las incertidumbres y los altos costes que afrontan tanto fundadores como inversores teniendo que someterse a las normas de cada país en el que desean operar".
"Va a ser drásticamente más fácil empezar un negocio y crecer", ha asegurado hoy Von der Leyen en su intervención en la presentación de la nueva propuesta legislativa.
Ventanilla única
Porque, además de la facilidad a la hora de fundar una empresa, el gran objetivo de esta propuesta legislativa es digitalizar al máximo los procesos administrativos y recortar los trámites burocráticos a su mínima expresión. Europa quiere dejar de ser un dolor de cabeza normativo para las compañías y, por ello, destaca en este texto especialmente la creación de una "interfaz centralizada de registro virtual".
Esta plataforma funciona como una especie de ventanilla única basada en el sistema BRIS (Interconexión de Registros de Negocios) y permitirá realizar trámites en cualquier Estado miembro sin tener que navegar por 27 sistemas diferentes.
Todas las operaciones del ciclo de vida de la empresa (formación, registro de sucursales, inversión y liquidación) se realizan exclusivamente en línea, eliminando la necesidad de presencia física o trámites en papel.
Además, la propuesta legislativa de la Comisión Europea incide en que la idea es que la empresa sólo tenga que presentar la información exigida en una única ocasión y que sea responsabilidad de las diferentes autoridades (fiscales, seguridad social, etc.) de los Estados miembros consultar la información directamente a través de BRIS.
"Esto se refleja desde los propios estatutos de la compañía, que sólo tendrán que presentarse en inglés y en el idioma local en el que se fije el domicilio social de la empresa", explican fuentes comunitarias, que aseguran que "si una empresa decide abrir una nueva sucursal en otro país de la UE que tiene un idioma diferente, el registro del país de destino estará obligado a recuperar automáticamente los estatutos o cualquier otro documento necesario directamente desde el sistema central.
La norma especifica que solo se podrá exigir una traducción certificada al idioma local de otro país donde opere la empresa "cuando sea estrictamente necesario" por una razón justificada, como por ejemplo para su uso en un procedimiento judicial específico o para cumplir con un requisito de divulgación pública obligatoria concreto.
Reglamento
En esa búsqueda de armonización que caracteriza la creación del régimen EU Inc, la Comisión Europea ha optado por lanzar su propuesta legislativa como un reglamento.
Esto quiere decir que, en caso de ser aprobada, será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro sin necesidad de trasposición nacional.
Solo se aplicará el derecho nacional en aquellos asuntos que no estén cubiertos o donde se remita expresamente a la legislación de los países: las normativas laborales, sobre todo en lo relativo a la seguridad social, y de impuestos, donde las competencias son de los Estados y no europeas.
El régimen corporativo EU Inc está abierto para cualquier empresa con sede social en el bloque comunitario, ya sea de nueva fundación o que opere desde hace tiempo y decida reformularse para adoptarlo una vez que se apruebe y entre en vigor.
Sin embargo, esta fórmula es especialmente beneficiosa para las llamadas empresas innovadoras, que gozan de ciertas ventajas adicionales. En una recomendación paralela a la norma, la Comisión Europea define lo que debe entenderse como empresa innovadora, que sería aquella cuyos gastos en investigación y desarrollo representaron en los últimos tres años al menos el 10% de sus gastos operativos o al menos el 5% de sus ventas totales. También puede considerarse innovadora si ha desarrollado o desarrollará próximamente una innovación importante que conlleva riesgos de fracaso comercial o tecnológico.
La medida estrella en este ámbito es el diferimiento del pago de impuestos: los profesionales que reciban acciones como remuneración en especie no tributarán por ellas en el momento de la concesión o ejecución, sino únicamente cuando decidan vender los títulos en el mercado.
Además, para microempresas -con máximo cuatro empleados, 300.000 euros en activos y hasta 200.000 euros por año en ingresos- y para las startups y scale ups consideradas innovadoras, se les ofrece procedimientos rápidos de insolvencia y liquidación.
Este tipo de compañías puede beneficiarse de un proceso acelerado de cierre con un plazo máximo de tres meses si no tienen deudas, han transferido ya todos sus activos y han cesado su actividad.
En caso de que existan deudas, el procedimiento puede extenderse hasta seis meses, con procesos sin abogado obligatorio y hasta subastas judiciales de activos digitales y transfronterizas.
Estas disposiciones de la legislación están pensadas para dinamizar el tejido productivo reduciendo el daño causado por la caída de una empresa -el llamado coste de fracaso- y favoreciendo que se puedan emprender nuevas iniciativas con rapidez sin tener durante años el capital atrapado.
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