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La Comisión Europea incluye en su propuesta de 'EU Inc' la posibilidad de que los profesionales de empresas innovadoras aplacen el pago de impuestos por su retribución en acciones hasta la venta de los títulos.
La Comisión Europea sube hoy el telón de su gran propuesta legislativa para las empresas: el nuevo régimen corporativo EU Inc. Se trata de un modelo administrativo y legal que permitirá a las compañías operar bajo un conjunto de reglas uniformes, eliminando con ello la fragmentación de los 27 sistemas nacionales mediante procedimientos totalmente digitales.
Pero la propuesta no se queda en las facilidades burocráticas, pues Bruselas quiere aprovechar esta nueva legislación para impulsar también las herramientas con las que cuentan las empresas innovadoras para captar y retener talento. El objetivo es facilitar su operativa después de años en los que este tipo de empresas ha optado por migrar a Estados Unidos u otras plazas con regímenes administrativos o fiscales más atractivos.
Según el último borrador del texto legal al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el nuevo marco normativo permitirá que tanto las start up como las scale up consideradas innovadoras disfruten de una ventaja fiscal en la retribución en acciones a sus empleados. Así, los profesionales que reciban este tipo de remuneración en especie no tendrán que tributar por las acciones hasta el momento en el que se deshagan de los títulos, lo que dispara el atractivo de esta fórmula.
"No se considerará que se genera renta imponible en el momento de la concesión, la adquisición o la ejecución de los derechos sobre acciones", especifica la Comisión Europea en el texto legislativo que presenta hoy en lo relativo a los pagos a los profesionales de este tipo de compañías.
La propuesta asimila el tratamiento fiscal que recibe esta retribución laboral al de los dividendos en acciones que ofrecen algunas compañías. En ellos, el receptor que opta por las acciones en lugar de efectivo aplaza el pago de impuestos hasta el momento en el que decide vender los títulos en el mercado.
Además de aplazar el pago de impuestos, esto permite ajustar la realidad de la retribución a la evolución real de las acciones, muy volátil en las empresas jóvenes de innovación. En ocasiones, el valor de estos títulos no tiene ya el mismo que ostentaba en el momento en el que el profesional recibió las acciones y tributó por ellas, lo que puede ocasionar un perjuicio económico.
La institución presidida por Ursula von der Leyen señala que los pagos en acciones "son particularmente relevantes para las start up y las empresas en crecimiento que, especialmente al comienzo de su vida, no pueden permitirse pagar salarios altos y, por lo tanto, tienen que depender de planes de opciones sobre acciones para empleados para competir por el mejor talento".
El trato más favorable
Muchos Estados miembros ya han introducido regímenes fiscales preferenciales para las opciones sobre acciones con las que las empresas pagan a sus empleados.
Bruselas ha tomado nota de esto en su propuesta legislativa y sostiene que, en la que una nueva empresa EU Inc cumpla también esos criterios nacionales, la tributación de las acciones emitidas debería recibir el trato fiscal más favorable de entre los dos modelos, ya sea el nuevo que se propone desde Europa o el nacional. Así, bajo una EU Inc los propietarios de start up o scale up en el continente tendrán la garantía de que contarán con las mayores ventajas posibles en cada jurisdicción.
España es uno de los países que cuenta con este tipo de aplazamiento fiscal para los profesionales de las start up a través de la legislación específica lanzada en 2022. Sin embargo, la normativa española limita la ventaja tributaria a 50.000 euros en acciones recibidos cada año.
En el borrador del texto manejado por la Comisión Europea no se fijan límites cuantitativos a la retribución en acciones a los profesionales de las empresas EU Inc por lo que ofrecería ventajas adicionales sobre el modelo español. Sin embargo, fuentes comunitarias recuerdan que estas restricciones podrían aparecer más adelante en el proceso legislativo una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros) debatan la propuesta con la posibilidad de introducir enmiendas.
La institución europea, eso sí, ha determinado que el plan no se aplica a personas que ya posean una participación significativa en la empresa (más del 25% de los derechos de voto o de los beneficios) o que hayan tenido dicha participación en los 24 meses anteriores a la emisión de los derechos sobre las acciones.
Por motivos de transparencia, las start up o scale up que quieran optar por la remuneración en especie con ventajas deberán establecer lo que la Comisión ha denominado como "plan EU-ESOP". En él, la junta general de la sociedad deberá especificar el número máximo de derechos que se emitirán bajo el plan y las acciones a los que estos derechos darán lugar.
La legislación que da lugar al nuevo régimen corporativo europeo se presenta como un reglamento. Esto quiere decir que, en caso de ser aprobada, será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro sin necesidad de transposición nacional.
Los Estados fijan el tipo impositivo aplicable
En la Unión Europea, los Estados miembros tienen las competencias sobre la política fiscal que desarrollan. La propuesta legislativa sobre el nuevo régimen corporativo europeo no viene a cambiar esa fragmentación y limita su actuación en este terreno a establecer un diferir el pago de los impuestos en la retribución con acciones a profesionales de las compañías innovadoras al momento en el que se vendan los títulos.
El tipo impositivo, sin embargo, sigue quedando a discreción de los diferentes países. Según señala la Comisión Europea en el último borrador del texto legal de la propuesta, " los Estados miembros conservarán la libertad de determinar, a efectos fiscales, cómo se caracteriza la renta derivada de la enajenación de las acciones obtenidas y el tipo impositivo aplicable".
Sin embargo, en el intento de Bruselas por armonizar los requerimientos que enfrentan las empresas que operen en varios Estados miembros de la Unión Europea bajo el nuevo régimen corporativo, la institución europea añade que "es fundamental que la renta imponible se calcule de la misma manera en todos ellos. Por consiguiente, la tributación deberá aplicarse sobre un importe igual a la diferencia entre el valor justo de mercado de las acciones en la fecha de su enajenación y su precio de adquisición".
La Comisión Europea añade esta recomendación con el objetivo concreto de evitar una doble imposición o que surjan controversias entre los distintos países que hagan menos atractivo que las start up y las scale up europeas recurran a la remuneración en acciones a sus profesionales. Para Bruselas, el objetivo primario de la norma es reducir la burocracia que supone operar en Europa en varios Estados miembros.
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