Reclama una evaluación de impacto completa y señala posibles efectos sobre el suministro eléctrico y la economía local
Regala esta noticia Vista de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. (EFE) 06/05/2026 Actualizado a las 11:27h.El futuro de la central nuclear de Almaraz ha dado el salto a Bruselas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó este miércoles un ... informe en el que reclama al Gobierno español que revise su decisión de cerrar la Central Nuclear de Almaraz, en Cáceres, y que cualquier resolución al respecto venga respaldada por una evaluación de impacto «rigurosa» que contemple las consecuencias económicas, sociales y energéticas del desmantelamiento.
En ese pulso entre seguridad energética, transición ecológica y coste para el consumidor, Almaraz vuelve a situarse en el centro de una decisión que trasciende lo técnico y se adentra de lleno en el terreno político. Bruselas enmarca además el debate en clave comunitaria. Los eurodiputados recuerdan que los objetivos de descarbonización de la Unión Europea no deberían chocar con la seguridad de suministro, dos vectores que, a su juicio, deben avanzar en paralelo y no como fuerzas opuestas.
Debate abierto
La aprobación del texto ha sido interpretada como un espaldarazo por quienes defienden la continuidad de la planta. «Es un respaldo incontestable», sostiene el presidente de la plataforma plataforma promotora de la visita, Fernando Sánchez, advirtiendo de que «España no puede ser un verso suelto dentro de Europa». El calendario actual fija el cierre del primer reactor en 2027 y del segundo en 2028, aunque el proceso sigue pendiente del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear. Ese informe será clave para que el Ejecutivo decida sobre la prórroga solicitada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, que buscan mantener operativo el reactor I hasta 2030.
Pero el aval europeo no ha cerrado el debate, ni mucho menos. Más de medio centenar de organizaciones agrupadas bajo el manifiesto '¿Alargar las nucleares? No, gracias' también están presionando en sentido contrario y exigen al Gobierno que cumpla el calendario pactado. En concreto, defienden que prolongar la vida de Almaraz implicaría un sobrecoste superior a los 3.800 millones de euros que, sostienen, acabaría trasladándose a la factura de los consumidores. También denuncian la «presión» de las eléctricas para estirar la actividad de la central más allá de lo acordado.
Las voces críticas cuestionan, además, otro de los argumentos centrales del sector nuclear: su papel como garantía de estabilidad del sistema. Señalan al gran apagón de 2025 como ejemplo de sus limitaciones, al asegurar que las centrales atómicas fueron las últimas en recuperar producción tras el incidente. Y añaden otro dato al debate: en el último año se habrían desaprovechado cerca de 30 millones de megavatios hora de energía renovable, en parte —afirman— por la prioridad de despacho de la nuclear en la red.
- Más temas
- Almaraz