- ANDRÉS STUMPF Bruselas
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El borrador de su esperado informe apunta a la injerencia política en las operaciones de concentración como freno a la competitividad.
La Comisión Europea lanza un mensaje reconfortante para los bancos que buscan crecer con compras, pero que tienen miedo de que los gobiernos pongan trabas a sus operaciones. Según recoge el borrador del informe de competitividad que se presentará el 17 de julio y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el Ejecutivo comunitario "se compromete a utilizar todas sus herramientas cuando se produzca un incumplimiento del Derecho de la Unión, especialmente en materia de fusiones y adquisiciones".
Esta señal de Bruselas a la banca llega en un momento en el que la institución que preside Ursula von der Leyen tiene abierto un expediente sobre España e Italia por sus impedimentos a la compra de Sabadell por parte de BBVA y de Banco BPM por UniCredit. Pero, sobre todo, llega cuando la entidad que dirige Andrea Orcel enfrenta un severo choque con las autoridades por su voluntad de hacerse con Commerzbank, el segundo banco por tamaño en Alemania.
"Si bien las barreras regulatorias influyen, los propios bancos a menudo han tardado en aprovechar las herramientas disponibles, como la expansión de su presencia transfronteriza mediante sucursales o la prestación gratuita de servicios, ya sea por decisiones estratégicas o por presiones políticas y de supervisión", recalca la Comisión.
El Ejecutivo comunitario está en estos momentos revisando sus directrices de control de fusiones con el fin de actualizarlas para que respondan a "las necesidades de una economía cada vez más digital, globalizada y geopolíticamente compleja". En ese sentido, reconoce que "la intervención política dificulta la capacidad de los bancos para tomar decisiones empresariales independientes".
Competencia global
Como consecuencia de esto, para Bruselas muchos bancos no han alcanzado el tamaño necesario para competir en el voraz entorno global en el que los gigantes estadounidenses tienen la delantera. El informe de la Comisión Europea apunta que "los bancos de la UE no aumentan su escala ni alcanzan un tamaño crítico, lo que les impide alcanzar una escala suficiente para competir en los mercados financieros mundiales en actividades de banca corporativa y de inversión", precisamente uno de los segmentos que pueden ser más rentables.
Después de años de consolidación nacional, "los bancos europeos son grandes en relación con el tamaño de su economía nacional, pero no en relación con el tamaño de la economía de la UE o de la Unión Bancaria", indican desde el Ejecutivo comunitario.
La falta de presencia transnacional ha provocado también que, pese a que la Unión Europea comparte necesidades comunes, apenas un 16% de todos los préstamos tenga elementos comunitarios, según los datos recopilados por los expertos de la Comisión.
"La fragmentación obliga a los hogares y empresas a pagar más por el crédito de lo que deberían", explican.
Tiempos
Bruselas no dejará correr las injerencias políticas y luchará contra los Estados miembro que traben las operaciones corporativas de la banca si van más allá de sus competencias. Sin embargo, para hacer que sus capacidades sean realmente disuasorias, la Comisión Europea necesita mejorar sus herramientas.
En la actualidad, los procedimientos de infracción -el nombre por el que se conoce a los expedientes que Bruselas abre a los diferentes países cuando estos incumplen la legislación comunitaria- se demoran años y, para cuando se quiere llegar a una solución, el daño para las operaciones corporativas bancarias está hecho. Es lo que ha ocurrido con los casos de España e Italia, todavía en las primeras etapas del proceso, aunque las transacciones ya fracasaron.
Para cambiar esta situación, la institución presentó a finales de abril un plan para reformar sus expedientes. En esa iniciativa, la Comisión Europea plantea reforzar la cuantía de las multas, pero, sobre todo, reducir el tiempo desde que se le notifica la infracción a un Estado miembro hasta que llegan las multas amparadas por el TJUE.
En esta reforma, el Ejecutivo comunitario aboga por aplicar herramientas de inteligencia artificial para ayudar a comprobar si la legislación nacional cumple con la normativa europea, agilizando así la detección de infracciones. Además, la institución europea pondrá coto a las prórrogas en los plazos de las que han disfrutado hasta ahora los países con expedientes abiertos, limitando su concesión a la primera fase del proceso y teniendo en cuenta si se han solicitado con anterioridad en otros casos.
La Comisión investigará también de forma proactiva a todos los Estados miembros en lo relativo a las normas sobre libre circulación de trabajadores, bienes, servicios y capitales en el bloque. Si detecta incumplimientos en estos segmentos, entre los que se encuentran las trabas políticas a las fusiones, Bruselas abrirá procedimientos de infracción acelerados.
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