Bruselas se declara incapaz de "garantizar" que ayuda española y de la UE a las ONG palestinas no acaba en manos de Hamás

Una carpa de Oxfam en Gaza para ayuda humanitaria, durante lo más duro de la guerra, en 2024. E.E.

Admite, en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que por la "compleja situación operativa" en Gaza, sólo suspendería las ayudas a estas entidades si hay "sentencia firme" por terrorismo.

Hamás desvió aproximadamente el 25% de los suministros de ayuda a su rama militar durante la fase inicial de la guerra, entre ellos, los de Oxfam, según la documentación incautada.

Más información:La Inteligencia israelí detecta que fondos de la UE y de España financian los 'sueldos por matar' que la ANP paga a terroristas.

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La Comisión Europea no puede "garantizar" que los fondos que la UE destina a organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Gaza no lleguen, "de forma directa o indirecta", a manos de Hamás u otros grupos calificados como terroristas.

Así lo admite por escrito en una respuesta oficial al Parlamento Europeo, fechada el 13 de marzo de 2026 y firmada por la comisaria de Asociaciones Internacionales, Hadja Lahbib, en un documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Bruselas reconoce que el mecanismo de exclusión de financiación a entidades vinculadas al terrorismo sólo se activa "bajo determinadas condiciones".

La confesión de la comisaria no es un tecnicismo menor y ha "indignado" a los 15 eurodiputados que le remitieron la pregunta escrita el 5 de diciembre de 2025. Según interpretan, eso significa que puede existir "un umbral" por debajo del cual la prohibición de financiar el terrorismo puede no aplicarse. Y eso les resulta "inaceptable".

La carta de los europarlamentarios se remitía a los documentos incautados por el Ejército israelí a Hamás durante la guerra en Gaza revelan que el Mecanismo de Seguridad Interior de la organización terrorista supervisaba y controlaba a varias ONG financiadas por la UE.

Lo hacía colocando "garantes", es decir agentes de Hamás, en puestos clave de esas organizaciones.

Según esa misma documentación, Hamás desvió aproximadamente el 25% de los suministros de ayuda humanitaria hacia su rama militar en la fase inicial del conflicto.

Entre los proyectos señalados figura uno de Oxfam financiado con 800.000 euros de la UE en 2021, que habría proporcionado, según los documentos de Hamás, cobertura táctica militar mediante plantaciones de árboles frutales.

Otra ONG, el Cuerpo Médico Internacional (CMI) cerró sus oficinas en Gaza después de negarse a reportar a Hamás. Y sólo reabrió cuando cedió a las exigencias del gobierno de los terroristas en la franja.

En el caso de la ONG italiana Cesvi, al menos uno de sus miembros aparece identificado como "afiliado de Hamás" en un documento interno de 2022.

Fondos españoles

La misma documentación incautada incluye, sin embargo, una distinción que cambia el relato.

Cáritas Española, Save the Children y Acción contra el Hambre aparecen mencionadas en esos documentos no como organizaciones colaboradoras con Hamás, sino como ONG "no colaboradoras" que se negaron a someterse al control terrorista.

Los documentos las califican de organizaciones que deben ser "represaliadas" por esa resistencia. Ese matiz fundamental las distingue de Oxfam, cuya filial española, Intermón Oxfam, también ha recibido creciente financiación española en el marco de las acusaciones.

Las cuatro son, junto a la sección española del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), beneficiarias de fondos públicos españoles para actividades en Gaza.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) las ha financiado en, al menos, 27 convocatorias desde el salvaje atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que la organización terrorista torturó y asesinó a más de 1.200 israelíes y secuestró a otros 240.

Los datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) consultados por EL ESPAÑOL reflejan concesiones directas a Cruz Roja Española y Save the Children de 600.000 euros cada una en mayo de 2025. Oxfam Intermón recibió al menos 250.000 euros en febrero de 2024 para proyectos de agua y saneamiento en Rafah.

España, además, ha aumentado su ayuda directa a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Lo ha hecho a través del instrumento PEGASE de la Unión Europea, que canaliza fondos para el pago de salarios y pensiones de funcionarios palestinos, que podrían haber acabado en pagos a familiares de terroristas, según informes de la Inteligencia israelí.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores alegaron que esas dos partidas españolas "sospechosas" de 2 millones de euros cada una, destinadas a la ANP —una en agosto de 2024 y otra en octubre de 2025—, se vehicularon exactamente a través de ese mecanismo europeo.

Informes de Inteligencia israelí los señalaron en noviembre de 2025 como posible fuente de financiación del programa conocido como "pagar por matar".

Es decir, los estipendios mensuales que la ANP abona a terroristas encarcelados y a las familias de los llamados "mártires". El gobierno israelí calcula que la ANP destinó unos 500 millones de shekels —aproximadamente 135 millones de euros— a esos pagos sólo en 2025.

"Tolerancia cero estricta"

El pasado 5 de diciembre, 15 eurodiputados —catorce del PPE y uno del ECR— registraron una pregunta escrita a la Comisión Europea. En ella, detallaban los casos del CMI, Oxfam y Cesvi, y preguntaban "qué medidas inmediatas" adoptaría Bruselas para investigar las alegaciones, si suspendería fondos y "qué controles reforzados" implantaría.

La respuesta de Lahbib, tres meses y medio después, decepcionó a los firmantes. La comisaria afirmó que la Comisión había "pedido a Israel los documentos originales para verificar su autenticidad". Pero que, "en este momento", no tenía constancia de "ninguna información verificada" que acreditara incumplimientos.

Y remitió a los eurodiputados al artículo 138 del Reglamento Financiero (UE, Euratom) 2024/2509, donde se regula la exclusión "bajo determinadas condiciones". Concretamente, "cuando se haya establecido mediante sentencia firme que la persona o entidad es culpable [de] delitos de terrorismo o delitos relacionados con actividades terroristas".

Esa respuesta "indignó" al grupo de europarlamentarios. Así, el 7 de abril de 2026, la eurodiputada Céline Imart remitió una nueva carta directamente a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para exigir una aclaración inequívoca: "No hay circunstancias, ni excepciones, ni zonas grises que puedan permitir a la Unión Europea tolerar, incluso pasivamente, cualquier contribución a actividades terroristas", escribió.

La misiva, firmada también por numerosos eurodiputados, advierte de que la respuesta de la comisaria introducía "una forma de relatividad en la aplicación de la prohibición de financiación del terrorismo" allí donde la UE siempre había mantenido "tolerancia cero estricta".

En todo caso, tanto la Comisión Europea como el Gobierno de España alegan que las pruebas disponibles no son concluyentes. La documentación, explican, procede de una de las partes en conflicto que afirma haberla incautado a la otra.

Bruselas insiste en que ha pedido los documentos originales y que, hasta verificarlos, no actuará. Madrid defiende que los controles de PEGASE "son rigurosos" y que los fondos tienen "un destino civil acreditado".

Pero los eurodiputados no están satisfechos con la respuesta de Bruselas. Les indigna que la Comisión haya centrado su defensa en reglamentos financieros y no en protocolos de seguridad. Y les preocupa, sobre todo, que la redacción deje abierta la posibilidad de hacer la vista gorda "bajo determinadas circunstancias".

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