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Bruselas teme que el decreto de regularización de Sánchez provoque el 'cierre de fronteras' de algún Estado a partir de julio

Bruselas teme que el decreto de regularización de Sánchez provoque el 'cierre de fronteras' de algún Estado a partir de julio
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La entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo en junio y el duro Reglamento de Retorno aprobado en marzo en Estrasburgo caminan en la senda contraria a la regularización de Sánchez. Magnus Brunner, comisario europeo de Interior y Migración, advierte del "cierre de fronteras internas si no se gestiona bien la inmigración irregular". Más información: El Gobierno de Sánchez incumple la normativa de la UE al no informar a Bruselas sobre la regularización masiva

Irregulares marroquíes hacen cola en el consulado de su país en Almería este miércoles para conseguir el certificado de penales. Efe

Política Bruselas teme que el decreto de regularización de Sánchez provoque el 'cierre de fronteras' de algún Estado a partir de julio

La entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo en junio y el duro Reglamento de Retorno aprobado en marzo en Estrasburgo caminan en la senda contraria a la regularización de Sánchez.

Magnus Brunner, comisario europeo de Interior y Migración, advierte del "cierre de fronteras internas si no se gestiona bien la inmigración irregular".

Más información:El Gobierno de Sánchez incumple la normativa de la UE al no informar a Bruselas sobre la regularización masiva

Publicada 16 abril 2026 02:45h Las claves

Las claves Generado con IA

Bruselas mira con lupa la regularización masiva de inmigrantes irregulares que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros del pasado martes. La medida, según la carta a la ciudadanía del propio presidente, afectará a menos de medio millón de personas.

En concreto, el Gobierno calcula que en torno a 250.000 solicitantes de asilo y unos 250.000 en situación irregular serán los que consigan los papeles hasta el lunes 30 de junio, que es cuando se cerrará el plazo.

Sin embargo, un informe interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, fechado el 2 de febrero de 2026 y firmado por el comisario Alfredo García Miravete, elevaba la cifra de beneficiarios directos a 1.250.000 extranjeros.

Otro cálculo de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que la cifra total rondaría los 840.000 beneficiarios.

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Estas cifras, sin embargo, no son lo único que ha causado desconcierto en algunos socios de la UE y enfado en otros tantos.

El hecho de que el Gobierno socialista español haya decidido aprobar la medida apenas dos meses antes de la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo en junio en todo el territorio UE también ha generado recelo. Si bien Sánchez se mostró como uno de sus impulsores en Bruselas, siempre lo hizo desde la crítica, argumentando lo limitado del mismo.

Además, el pasado 25 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un duro reglamento de retorno de irregulares. Es más, en Estrasburgo consideraron un fracaso total que apenas se devuelva a sus países de origen al 20% migrantes en tal situación. El porcentaje en la España de Sánchez baja a sólo el 9,7%.

La UE vota intensificar la expulsión de irregulares: en la España de Sánchez sólo se ejecuta el 9,7% de las órdenes

De ahí que la Comisión Europea tema ahora que una mala gestión de la inmigración irregular a causa de este decreto español provoque el 'cierre de fronteras' de algún Estado miembro a partir de julio.

Esta fue la advertencia sobre una posible limitación del sistema europeo de libre circulación y el espacio Schengen que lanzó este miércoles el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante la tercera jornada del simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante su intervención en Wake Up!

El Gobierno español aprobó el martes una regularización extraordinaria de migrantes que prevé dar permiso de residencia y trabajo en España a alrededor de medio millón de personas que ya están en el país. Una medida defendida por el propio Sánchez como un "acto de justicia" y de "normalización" clave para "la prosperidad" de España.

Algo que no comparten varios socios europeos que consideran que esta iniciativa podría provocar un 'efecto llamada', además de que rompe con la política migratoria que hoy marca la Unión Europea, basada en el endurecimiento de los controles fronterizos y la aceleración de las repatriaciones.

Los dirigentes de la UE temen, además, que una regularización masiva en España tenga efectos directos sobre el resto de los Estados miembros, en un espacio Schengen sin controles fronterizos internos.

Ante este malestar, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración defendió este miércoles desde Madrid que la "seguridad no puede separarse del Espacio Schengen" y que la libre circulación, que definió como el "corazón de la libertad europea", sólo es "posible porque mantenemos un control sólido en nuestras fronteras exteriores", una "responsabilidad", ha recordado, "compartida por todos los Estados miembros".

Ciudadanos marroquíes frente al Consulado de Marruecos en Almería. Efe

A su juicio, un inadecuado control de las fronteras internas pone en peligro todo el sistema.

El propio Brunner ya advirtió el pasado 10 de febrero al Gobierno de Sánchez que la obtención de un permiso de residencia en la Unión Europea "no es un cheque en blanco".

En un debate monográfico en el Parlamento Europeo, el comisario indicó que "cada estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la UE".

El respeto a las normas comunitarias

Un mensaje, el del respeto a las normas europeas, que han repetido las instituciones europeas desde que el Gobierno español anunciara a finales de enero sus planes de aprobar una regularización masiva para medio millón de inmigrantes.

En marzo, Europa expresó serias preocupaciones sobre la regularización masiva de inmigrantes impulsada en España alertando específicamente sobre los riesgos de implementarla "a ciegas" sin una evaluación exhaustiva previa de su impacto comunitario.

Esta advertencia surgió cuando la Comisión Europea y varios eurodiputados iniciaron análisis urgentes en Bruselas para examinar posibles problemas de presión migratoria, como un aumento descontrolado de llegadas irregulares hacia España y, posteriormente, a otros países del espacio Schengen debido a la libre circulación.

Además, se temían amenazas a la seguridad interna, incluyendo riesgos de infiltración de elementos radicales o criminales entre los 500.000 indocumentados previstos, sin mecanismos coordinados de verificación de antecedentes a nivel europeo.

El comisario Brunner enfatizó que España debía notificar detalles con antelación para evitar tensiones con vecinos como Alemania, Austria e Italia, que ya criticaban la falta de armonización con la política migratoria común de la UE.

Devueltos si se desplazan al resto de la UE

Hace poco más de dos semanas, el pasado 31 de marzo, la Comisión de Ursula von der Leyen insistió en que España deberá hacerse cargo de los inmigrantes acogidos a la regularización masiva del Gobierno de Sánchez que traten de desplazarse a otros Estados miembros, que tendrán que ser devueltos a nuestro país.

Aunque el portavoz de Migración, Guillaume Mercier, admitió que las decisiones para regularizar la situación de los nacionales de terceros países en situación irregular son competencia de los Estados miembros, éstos "deben asegurarse de que estas decisiones no afecten a la correcta aplicación del sistema de migración y asilo de la UE".

"En particular, los Estados miembros deben garantizar que cualquier persona que reciba un permiso de residencia nacional y que sea encontrada en situación irregular en otro Estado miembro, o que solicite asilo en otro Estado miembro, sea devuelta al Estado miembro que emitió el permiso de residencia", insistió el portavoz.

Esta responsabilidad está regulada en la directiva de retorno y en la normativa sobre asilo de la Unión Europea.

Malestar de varios socios europeos

La medida también ha despertado el recelo de varios socios europeos.

En el debate en la Eurocámara del 10 de febrero, eurodiputados de los partidos de Gobierno de Alemania, Austria, Italia, Polonia, Suecia, Portugal y Hungría cargaron contra la regularización masiva de Sánchez.

Colas de inmigrantes en el Consulado de Colombia este miércoles en Madrid.

La amnistía migratoria, advirtieron, "socava nuestros esfuerzos comunes por reforzar las fronteras y combatir la migración ilegal".

Se trata de una medida "unilateral" que "ignora la seguridad de los ciudadanos europeos" y "pone a Europa en riesgo", ya que los migrantes podrán moverse por todo el espacio Schengen. "No tiene que ver con la solidaridad; es una estrategia política para mantenerse en el poder", denunciaron los eurodiputados críticos.

La ultraderecha francesa, en contra

La ultraderecha francesa también se ha levantado en armas contra la regularización masiva de Sánchez. La líder de agrupación Nacional, Marine Le Pen, criticó el martes la medida y consideró "urgente" restringir la libre circulación del espacio Schengen por las consecuencias que pueda tener en Francia.

"Esta decisión no estará exenta de consecuencias para Francia, que dispone del sistema social más atractivo ante la ausencia de una prioridad nacional en el empleo, la vivienda y las prestaciones sociales no contributivas", advirtió en sus redes sociales Le Pen.

Por ello, la líder ultra consideró que Francia "debe protegerse frente a oleadas migratorias que no han hecho más que empezar", tras tildar al Gobierno español de "coalición socialista de extrema izquierda". "Como ya pedimos en 2024 durante las elecciones europeas, es urgente restringir la libre circulación del espacio Schengen únicamente a los nacionales de los países miembros", pidió Le Pen.

"Podrán circular libremente por Francia e incluso instalarse aquí, atraídos por la generosidad de nuestro sistema social abierto sin condiciones", alertó por su parte el presidente de la formación de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, en su perfil de X.

El ultraderechista calificó la iniciativa de "inaceptable" y "cínica", toda vez que subrayó al Ejecutivo de Sánchez como "uno de los más permisivos de Europa".

En primera instancia, según Bardella, la decisión "debe conducir a suspender Schengen" y propuso que a largo plazo se "reserve la libre circulación a los ciudadanos europeos de forma exclusiva".

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