La Comisión Europea sitúa a España con la mayor presión fiscal futura de toda la UE por el envejecimiento demográfico y avisa del escaso peso actual de los planes de empleo e individuales.
El Gobierno era tan consciente de que la falta de ajustes sobre el gasto en pensiones de la última reforma del sistema aprobada entre los años 2021 y 2023 obligaba a llevar a cabo medidas paliativas colaterales para mitigar la presión financiera de las cuentas de la Seguridad Social -que alcanzará su máximo exponente en las próximas décadas durante la jubilación del baby boom- que además de prever arreglos en las fórmulas que permiten compatibilizar la jubilación con el trabajo, con el objetivo de incentivar el retraso voluntario del retiro, también trató de sentar las bases para impulsar el ahorro complementario ante un posible escenario en el que futuras actuaciones redujeran la elevada generosidad del sistema.
Sin embargo, años después del recorte de los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados, y el incremento de los mismos para los planes de pensiones de empleo, y de la aprobación del conocido como fondo público de pensiones -aún desierto de planes colectivos de ahorro-, el resultado es que España sigue a la cola de la Unión Europea en previsión social complementaria para la jubilación, lo que teniendo en cuenta el escenario financiero que afronta la Seguridad Social con un déficit contributivo de 60.000 millones -y la necesidad de inyectar cada año un mayor volumen de impuestos para sostener las cuentas- hace que esta falta de ahorro privado a largo plazo constituya una amenaza más para la salud del sistema público de pensiones.
Así lo pone de relieve la Comisión Europea en un informe publicado hace escasos días en el que sitúa a España a la cola de madurez de los sistemas de pensiones complementarios y con un elevado margen de expansión de los mismos. Señalando, en última instancia, que es necesario abordar medidas para el impulso de la previsión social complementaria para la jubilación a los efectos de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y de las cuentas públicas. Lo hace en el marco del informe sobre el estado de las finanzas públicas comunitarias (Report on Public Finances in EMU 2026) en el que la Comisión estudia cómo pueden los países europeos afrontar las enormes necesidades de gasto sin quebrar su estabilidad presupuestaria.
En un apéndice referido a la situación de los sistemas complementarios de pensiones, el organismo diseña dos métricas: el indicador de madurez, que refleja el arraigo actual del ahorro complementario, y el indicador de expansión, que mide la necesidad urgente de desarrollarlo ante los riesgos demográficos y presupuestarios. El propio informe subraya que "el indicador de expansión debe ser considerado como prescriptivo". Es decir, asumido como una demanda de las instituciones europeas sobre la materia objeto de estudio.
Necesidades urgentes
Para la generalidad de los países, la Comisión insta a fortalecer los sistemas complementarios, con el objetivo de "diversificar las fuentes de ingresos en la jubilación y aliviar parcialmente las futuras presiones fiscales y de suficiencia". Y reclama a los gobiernos "garantizar ingresos de jubilación adecuados utilizando los menores recursos públicos posibles a lo largo del tiempo, sin menoscabar la sostenibilidad fiscal ni el rendimiento económico".
Más en concreto, los resultados de los indicadores colocan a España en el segundo puesto de toda la Unión Europea con mayor potencial y urgencia de expansión, con una puntuación global de 80,5 sobre 100 -a más puntuación más potencial del expansión de los sistema de ahorro complementarios-, solo por detrás de Luxemburgo (84,0) y muy por encima de la media comunitaria (54,1).
Además, la Comisión analiza dentro de este apéndice la presión que soportará la Seguridad Social. En el subcomponente que mide la tensión fiscal del sistema de reparto público entre 2025 y 2040, España pulveriza los registros con una puntuación de 25,1, la más alta de toda la Unión Europea. Esta cifra duplica con creces la media de los Veintisiete (12,1) y supera holgadamente a la de economías de su entorno como Italia (15,2), Alemania (12,0) o Francia (8,1). Esto es, el sistema público de pensiones español será sobradamente el más tensionado financieramente por la coyuntura demográfica y de aumento del gasto.
Por su parte, en el indicador de madurez -a menor puntuación menor nivel de arraigo- España anota únicamente 12 puntos sobre 100, menos de la mitad del promedio europeo (25,7) y muy lejos de los países con modelos consolidados de capitalización, como Dinamarca (91,8) o Países Bajos (76,7). Aquí, sí se sitúa más parejo con Francia (11,1) e Italia (12,4), y algo más distanciado de Alemania (19,3). Sin embargo, la diferencia con países como Francia y Alemania reside en que el gasto público en estos avanzará a un ritmo notablemente más contenido en la próxima década y media, lo que otorga a España un grado de urgencia máxima.
Aliviar la presión
De este modo, la Comisión encuadra a España en un perfil de baja madurez y alto potencial de expansión, donde convive con Italia, Austria, Grecia, Hungría, Luxemburgo y Portugal.
"Estos países combinan un desarrollo limitado de las pensiones complementarias con fuertes presiones en materia fiscal y de suficiencia. Este grupo muestra la mayor relevancia potencial para un papel más amplio de los planes de pensiones, tanto para sostener la suficiencia de las rentas de jubilación como para aliviar las presiones sobre la sostenibilidad fiscal", concluye el estudio, advirtiendo en el caso de España de la alta vulnerabilidad por el elevado endeudamiento.
La llamada de atención de Bruselas se produce en un momento de tensión económica creciente. El agujero contributivo de 60.0000 millones, crecerá por encima de los 85.000 millones para mita de siglo, según las previsiones de Airef, que deberán de ser cubiertos con transferencias del Presupuesto General. Es decir, con impuestos. Esta senda será propiciada por la revalorización con el IPC, el aumento del número de beneficiarios -hasta un pico de 16 millones de pensionistas- y el denominado efecto de unas nuevas pensiones con una cuantía superior a las que causan baja -17% más altas, de media-. Según la Comisión, el gasto público en pensiones crecerá en 4,19 puntos de PIB entre 2022 y 2050, el registro más alto de los 27 Estados miembros.
En este sentido, aunque baja ligeramente, la deuda pública española continúa enquistada en el entorno del 100 % del PIB (100,7% en 2025, 99,6% en 2026 y 98,9% en 2027) y, según la Airef, el aumento del gasto asociado al envejecimiento hará que escale hasta el 123% del PIB para mitad de siglo. Este escenario aparece agravado, más allá, por la ausencia persistente de Presupuestos que impide la planificación de nuevas demandas de gasto, como en el caso de la partida de Defensa. Recuerda la Comisión que España es uno de los países que ha solicitado y obtenido la activación de la Cláusula Nacional de Escape para elevar el presupuesto de Defensa sin que compute como incumplimiento de las reglas. En este sentido, los técnicos de Bruselas señalaban en el último informe sobre pensiones (Ageing Report 2024) que los números rojos del sistema se ensancharán en 2,5 puntos de PIB, pasando del -0,2% en 2022 a un déficit del 2,7% del PIB en 2050 (el sexto peor incremento del continente).
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