Cómo no perderse en la telaraña judicial que enreda a Sánchez

El 'caso Zapatero' y la 'trama de las cloacas' son los dos últimos eslabones del rosario de causas en los juzgados que comprometen el mandato del presidente

Almudena Santos, Sara I. Belled y Álex Sánchez

Una densa y compleja red de sumarios judiciales asedia al entorno personal, partidario e institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La presión sobre La ... Moncloa y el PSOE cada vez aprieta más al jefe del Ejecutivo en un momento muy crítico de la legislatura. Después del varapalo que ha supuesto para el PSOE la imputación de su referente político y moral, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se había convertido en unos de los principales abanderados del mandato de Sánchez y bastión contra las críticas de la oposición, la formación afronta un nuevo reventón: la causa incoada en la Audiencia Nacional por el presunto uso de fondos irregulares para financiar una 'red de cloacas' destinada a boicotear y desprestigiar las investigaciones que comprometen al presidente y a Ferraz.

Este un recorrido por el entremado de casos judiciales que afectan al PSOE. Las líneas muestras la relación de cada protagonista con los diferentes casos (no entre sí) y el color de cada círculo refiere su situaciación judicial: si están condenados, imputados o dentro de la investigación.

Megasumario Cerdán-Abalos-Koldo

Los principales encausados en el conocido como ‘caso Koldo’ son el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE hasta julio de 2021, José Luis Ábalos, su mano derecha en aquel momento, Koldo García,...

... y su sucesor en el cargo dentro del partido, Santos Cerdán.

Las pesquisas, que comenzaron en la Audiencia Nacional y se acabaron instruyendo en el Tribunal Supremo por el aforamiento de Ábalos, se centran en los presuntos amaños de obra pública a cambio de mordidas.

Caso mascarillas

Tras más de un mes de juicio oral, el caso, en el que el Supremo trata de dilucidar si hubo irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, está visto para sentencia. Se prevé que a mediados del mes de junio el alto tribunal dé a conocer la sentencia que impone a Ábalos, Koldo y el empresario y presunto comisionista de la trama Víctor de Aldama.

En esta causa también se investiga si el exministro y su entonces mano derecha trajinaron la contratación de las ‘amigas’ del exdirigente socialista, Jésica Rodríguez y Claudia Montes, en empresas públicas.

Caso mascarillas (Baleares y Canarias)

La Audiencia Nacional se encarga de investigar una ramificación del ‘caso mascarillas’ instruido en el Supremo. Se trata de la parte que afecta a la compra de mascarillas en Baleares y en Canarias. El juez de esta causa, Ismael Moreno, busca posibles irregularidades en los contratos firmados por los gobiernos autonómicos, en aquel momento en manos de los socialistas.

Aunque los expresidentes Ángel Víctor Torres -hoy ministro de Política Territorial y Memoria Histórica y de la máxima confianza del presidente del Gobierno- y Francina Armengol -actual presidenta del Congreso- no están imputados, sí que fueron señalados por Aldama durante el juicio en el alto tribunal, aunque éste ha atenuado ahora sus acusaciones sobre la responsable de la Cámara alta.

Caso Pardo de Vera-Herrero

Relacionado con la trama en la que, supuestamente, operaban tanto Ábalos como Koldo García, la Audiencia Nacional investiga también un posible amaño de obras. En esta causa, permanece imputada Isabel Pardo de Vera, que, durante la época en la que se centran las pesquisas, era la presidenta de Adif, y tras la salida de Ábalos del Gobierno ocupó la secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En esta misma situación se encuentra el exdirector de Carreteras Javier Herrero.

Caso sobres de Ferraz

El llamado ‘caso SEPI’ en el que están imputados la calificada como ‘fontanera’ de Ferraz, Leire Díez, el empresario y amigo de Cerdán Antxon Alonso y el expresidente de la sociedad pública Vicente Fernández ha derivado en una causa secreta que es la que ha llevado este miércoles a la UCO a registrar durante 12 horas la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

La UCO, en una operación ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, rastrea material sobre la supuesta maquinaria nucleada en torno a Cerdán y Leire Díez para pagar con facturas falsas a la red creada para entorpecer las investigaciones en torno a Sánchez y su entorno y desacreditar a jueces, fiscales y mandos de la UCO.

Además de ambos, Pedraz imputa a la gerente de los socialistas, Ana María Fuentes, al empresario amigo de la ‘fontanera’ Javier Pèrez Dolset, al ex hombre fuerte del PSOE andaluz Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver. En la trastienda de las investigaciones alrededor de Ferraz está la también abierta bajo el nombre de ‘caso sobres’, en relación a los posibles pagos irregulares de gastos a Ábalos y Koldo.

Caso 'fontanera'

La causa dirigida por el también juez de la Audiencia Nacional Arturo Zamarriego, conocida como ‘caso fontanera’, investiga una presunta trama de espionaje, chantaje y obstrucción a la justicia. Las actuaciones tratan de descubrir si hubo tráfico de influencias y cohecho destinada a desacreditar y buscar "trapos sucios" de fiscales anticorrupción y mandos de la Guardia Civil para intentar frenar el avance de algunas de las causas judiciales que afectan al PSOE.

La trama estalló tras filtrarse unos audios en los que la exmilitante socialista Leire Díez (imputada en la trama), presentándose como emisaria del PSOE, ofrecía favores y ascensos judiciales a cambio de información confidencial.

Caso SEPI

Instruido por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, esta causa trata de aclarar si existía una presunta red de organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio del presunto amaño y adjudicación ilícita de contratos públicos millonarios en empresas estatales (como Enusa, Mercasa, Sepides o Cofivacasa) entre los años 2021 y 2022.

Los imputados son Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y el empresario Antxón Alonso, dueño de la constructora Servinabar y socio de Cerdán. La UCO los identificó como miembros de un grupo de mensajería privado en el que presuntamente coordinaban la manipulación de las licitaciones orientando los expedientes en beneficio propio.

Caso hidrocarburos

El "caso hidrocarburos", instruido también por el juez Santiago Pedraz, investiga una presunta trama criminal dedicada al fraude del IVA en el sector del combustible que habría evadido cerca de 182 millones de euros. La red operaba mediante una estructura de empresas pantalla que adquirían el hidrocarburo para luego venderlo a precios mucho más bajos.

La causa mantiene como principales investigados a Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas -ambos en prisión provisional al inicio de la causa-, conectando de lleno con el "caso Koldo" debido a los indicios de que la trama utilizó la influencia del exministro José Luis Ábalos y su exasesor (también imputados) para conseguir licencias de operadora en el Ministerio de Industria a cambio de presuntas contraprestaciones económicas y patrimoniales.

Caso Begoña Gómez

En el marco del conocido como ‘caso Begoña Gómez’, el juez instructor Juan Carlos Peinado investiga una presunta trama de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y apropiación indebida, centrada en las adjudicaciones a empresas tecnológicas y en la gestión y un ‘software’ vinculados a una cátedra de la Universidad Complutense.

El magistrado ya ha dado por concluida la instrucción y los tres han sido formalmente citados a declarar de forma presencial el próximo 9 de junio en una audiencia preliminar clave, el trámite previo para la apertura de juicio oral con jurado popular. El juez ha emitido una advertencia expresa indicando que si la mujer del presidente, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, o el empresario Juan Carlos Barrabés no concurren a la cita, serán conducidos de inmediato al juzgado por la fuerza pública.

Caso Plus Ultra

El caso ‘Plus Ultra’ es uno de los que más fuerza ha tomado en las últimas semanas, a raíz de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que declarará ante el juez José Luis Calama los próximos 17 y 18 de junio.

El que durante el mandato de Sánchez ha acabado convirtiéndose en uno de los mayores sustentos del Ejecutivo, frente a todas las crisis y las críticas lanzadas por su predecesor Felipe González, está siendo investigado por, presuntamente, haber favorecido a la aerolínea, aprovechándose de su antiguo cargo, para que el Consejo de Ministros fallase a favor del rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI.

Caso David Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz enjuicia una presunta trama de prevaricación administrativa y tráfico de influencias centrada en la creación "a dedo" de un puesto en la Diputación de Badajoz para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Después de haber dado como finalizada la fase de instrucción, los once procesados en la causa se sientan en el banquillo a partir de este jueves, 28 de mayo.

Entre los principales acusados se encuentran, además del hermano del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y antiguo líder del PSOE de Extremadura; y Luis Carrero, exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez.

Caso Fiscal General

El caso en el que fue juzgado y condenado el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es sobre el único sobre el que ya la justicia ha dictado sentencia.

Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y al pago de una multa por un delito de revelación de secretos, tras declararse probado que filtró información confidencial y correos electrónicos relativos a Alberto Gonzalez Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sobre ello, la Fiscalía, ahora encabezada por Teresa Peramato, ha emitido un informe apoyando la concesión de un indulto, que se suma al recurso ante el Constitucional ya interpuesto por el exalto cargo.

Caso mediador

Considerado como el ‘kilómetro cero’ de todos los escándalos de corrupción que acorralan a los socialistas y, especialmente, al presidente del Gobierno, el conocido como ‘caso Mediador’ fue la primera sacudida, en esta materia, que sufrió el PSOE. La causa investiga una presunta red criminal dedicada a la extorsión de empresarios, principalmente de los sectores ganadero y alimentario.

La trama operaba supuestamente chantajeando a los objetivos con la amenaza de sanciones por inspecciones sanitarias o atrayéndolos con la promesa de agilizar el acceso a subvenciones europeas a cambio de "mordidas" en efectivo. El epicentro está en el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado 'Tito Berni', quien presuntamente utilizaba el Congreso como escenario de operaciones para generar confianza en las víctimas junto al intermediario clave de la red, Marco Antonio Navarro Tacoronte (condenado a 4 meses y 15 días por una ramificación de la trama que ya ha sido juzgada en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife).

Lejos de tratarse de episodios aislados, los diferentes frentes abiertos -que abarcan desde el presunto uso de influencias en el ámbito familiar hasta tramas de fraude masivo y supuestas redes de espionaje para desestabilizar a la propia judicatura- han terminado por entrelazarse en los tribunales a través de nexos comunes, intermediarios recurrentes y sospechas cruzadas de financiación irregular.

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