El veterano juez asume su causa más política tras convertirse sin quererlo en un experto en investigar delitos tecnológicos como el espionaje con Pegasus
Regala esta noticia Añádenos en Google Entrada a la sede de la Audiencia Nacional. (Óscar Chamorro) 22/05/2026 a las 00:06h.José Luis Calama Teixeira es un veterano magistrado salmantino de 67 años que aterrizó en la Audiencia Nacional en diciembre de 2018 para dirigir uno ... de los seis juzgados centrales de instrucción. Tras pasar por órganos ordinarios de Valladolid o Madrid, donde entre otras causas archivó una contra el marido de la exalcaldesa Manuela Carmena, también ha formado parte de la inspección de juzgados en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el ruido mediático que iba a generar su resolución amenazaba con invadir definitivamente su imagen reservada.El juez que debió investigar Plus Ultra era el mismo del 'caso Koldo', pero se inhibió por amistad con un investigado
Pese a que en estos momentos es imposible no vincularlo a la narrativa de sus 88 páginas sobre los indicios acumulados contra Rodríguez Zapatero, en el marco del 'caso Plus Ultra', en su dilatado periplo en la Audiencia Nacional ha sido el encargado de dirigir otras causas sensibles por motivos bien diferentes al presunto tráfico de influencias cometido por el exjefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011. Un procedimiento, por otro lado, que le llegó de rebote en marzo pasado tras la inhibición del titular del juzgado que debería haberlo instruido por amistad con un abogado investigado. Este juez es Ismael Moreno, instructor del 'caso Koldo', otro sumario explosivo para el Gobierno.
Por orden, Calama llega al 'caso Zapatero' tras haber dirigido la investigación del caso de ciberespionaje con Pegasus. Un asunto relativo al hackeo de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y de los ministros del Interior o de Defensa con un programa de origen israelí del mismo nombre. Una causa que tuvo que ser archivada tras la negativa del fabricante a colaborar con la investigación.
Alcasec, el apagón y Alvise
También ha instruido el llamado 'caso Alcasec', el ciberataque sufrido en octubre de 2022 en el Punto Neutro Judicial. Se trata de la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado, como Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria o Seguridad Social. Un ente que se gestiona desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que supuso el acceso a datos de 575.186 contribuyentes, como sus cuentas bancarias.
Esta instrucción concluyó con el procesamiento de los presuntos autores, entre ellos el joven José Luis Huertas, para quien piden tres años de prisión por sendos delitos continuados de acceso ilegal a sistemas informáticos y de descubrimiento y revelación de secretos. Gracias a su colaboración con la Justicia, se ha pedido el atenuante de confesión tardía y se le han podido decomisar 863.000 euros de las ganancias que obtuvo de la venta de datos robados.
Los fraudes de chiringuitos financieros, con criptomonedas y los hackeos ha nutrido las causas investigadas por Calama
El tercer caso de persecución de cibercrimen que lleva la firma de Calama fue el procesamiento en junio de 2023 de siete acusados presuntos miembros de una trama que a través de la plataforma Arbistar, de comercialización de criptomonedas, defraudó a 9.500 inversores por más de 200 millones de euros entre 2019 y 2020. La reciente condena a penas de prisión de entre 11 y 16 años a los dos cabecillas valida la instrucción del magistrado.
Otro asunto con interés político fue la causa que salpica el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por recibir 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo -estafador confeso a través de su chiringuito financiero con unos 27.000 afectados- para financiar al partido Se Acabó La Fiesta (SALF) en plena campaña para las elecciones europeas de 2024, en la que esta formación obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños. Una causa que finalmente ha pasado al Tribunal Supremo por la condición de aforado del primero. Menos recorrido tuvo la investigación abierta sobre el gran apagón eléctrico ocurrido en la Península el pasado 28 de abril, al no hallar «un mínimo indicio» de que se tratase de un «sabotaje«.
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