En las últimas horas han visto la luz no solo informes policiales, sino también detalles personales del chat del expresidente con su secretaria
Regala esta noticia Añádenos en Google José Luis Rodríguez Zapatero a su entrada a la Audiencia Nacional la pasada semana. (Efe)Paula De las Heras y Melchor Sáiz-Pardo
Madrid
25/06/2026 Actualizado a las 13:47h.El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido instar a abrir una investigación sobre las filtraciones del caso Plus Ultra. El instructor ... ha acordado deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que indague sobre la difusión de datos -alguno de ellos de carácter muy personal- de la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero e identifique a sus responsables ante su eventual carácter delictivo. La decisión llega después de que en las últimas horas hayan visto la luz no solo informes policiales completos, sino también fragmentos de conversaciones privadas del expresidente con su secretaria, Gertrudis Alcázar, incorporadas al sumario.
Calama no se limita a enviar testimonio para que otro órgano investigue las filtraciones. También ha acordado formar una pieza separada de «información sensible», en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados. Esa pieza solo será accesible para el juzgado y para el Ministerio Fiscal.
El instructor explica que, una vez practicadas las declaraciones, las acusaciones y defensas recibirán la transcripción generada automáticamente por el sistema de grabación. Si alguna parte necesita consultar un extremo concreto de la declaración, podrá hacerlo en la Secretaría del juzgado, pero no se le facilitará copia de la grabación hasta una hipotética apertura de juicio oral.
La tercera medida afecta a las acusaciones populares. A partir de ahora, será solo la acusación agrupada bajo la dirección del PP la que pueda acceder al Cloud (la nube) donde se depositan las novedades del sumario. El objetivo declarado del juez es limitar la difusión de material sensible y reducir el número de posibles focos de filtración en una causa en la que se han personado varias acusaciones populares.
Calama recuerda en su resolución que, en fase de instrucción, la regla general es el carácter reservado de las actuaciones procesales, salvo para las partes personadas, conforme al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese secreto externo no impide que las partes conozcan el procedimiento, pero sí les obliga a guardar reserva sobre el contenido de las diligencias. Su finalidad, subraya el instructor, es preservar la eficacia de la investigación, evitar interferencias indebidas y asegurar la integridad de las diligencias.
El juez constata que, desde que las actuaciones fueron puestas a disposición de las partes en la plataforma Cloud, se han producido «filtraciones constantes e inmediatas» a los medios de comunicación. Según el auto, esa situación alcanzó su «máxima expresión» con la difusión íntegra del informe UDEF 2910/26, incorporado al procedimiento y publicado poco después de estar disponible para las partes este pasado miércoles. El documento contiene datos personales, referencias económicas, mensajes de WhatsApp y detalles de la actividad privada y política del expresidente.
Ese informe policial abrió un nuevo frente para Zapatero al atribuirle presuntas «dinámicas de intermediación e influencias» ante autoridades bolivianas en beneficio del Grupo Gloria y de Soboce. La UDEF vincula esas gestiones con un contrato de 200.000 euros firmado con Focus Social Research, una sociedad peruana que los investigadores consideran interpuesta. También analiza chats, facturas, transferencias, agendas y comunicaciones de Gertrudis Alcázar con interlocutores en Bolivia.
Pero la filtración no se ha limitado al informe. En los últimos días se han difundido fragmentos del chat directo entre Zapatero y su secretaria, un archivo con más de 3.000 mensajes que abarca desde abril de 2025 hasta mayo de 2026. En esas conversaciones aparecen asuntos políticos, citas con dirigentes del PSOE, contactos internacionales, pagos, preparación de entrevistas, referencias a Julio Martínez y comentarios personales de la oficina del expresidente.
El Gobierno había expresado en las últimas horas su preocupación por la «creciente frecuencia» de filtraciones en causas judiciales en curso. Fuentes del Ejecutivo han advertido de que se está difundiendo información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas. «Los derechos fundamentales no son negociables», sostienen esas fuentes, que reclaman proteger la intimidad y la privacidad de los ciudadanos y recuerdan que ese respeto debería ser prioritario para todas las partes de un procedimiento judicial.
Calama considera ahora que las medidas existentes han resultado insuficientes para garantizar la reserva de las actuaciones. En su auto advierte de que las filtraciones pueden constituir una vulneración «palmaria» del deber de reserva e incluso integrar delitos previstos en los artículos 466 y 417 del Código Penal, relativos a la revelación de actuaciones procesales secretas o de informaciones reservadas, sin perjuicio de eventuales responsabilidades disciplinarias o profesionales.
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