La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un nuevo informe judicial que el empresario Víctor de Aldama ejerció su «influencia» a través del binomio «Koldo-Ábalos» para conseguir la adjudicación de contratos de material sanitario también en la comunidad balear, presidida entonces por Francina Armengol. De las arcas públicas de Baleares la trama cobró 3,7 millones de euros a cambio de mascarillas que resultaron inservibles.
Los investigadores han documentado la relación entre Armengol y Koldo, fraguada en los meses de la pandemia, y lo han hecho recogiendo y reconstruyendo hasta 65 mensajes cruzados de mensajería telefónica entre ambos.
En su informe, la UCO resalta que el primer contacto entre Armengol y Koldo García, el asesor personal del ex ministro de Transportes José Luis Abalos, tuvo lugar el 25 de abril de 2020. Es decir, antes de que se iniciara siquiera la tramitación de los contratos investigados en Baleares.
Tras comunicar con la presidenta de las Islas, Koldo García entró en contacto inmediatamente con el director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino, a quien se le ofrecieron un millón de mascarillas FFP2 servidas por la empresa sobre la que gravita la trama -Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL- a un precio de 2,50 euros la unidad.
A partir de ese momento se puso toda la maquinaria administrativa en marcha y la propia Armengol preguntó a Koldo al día siguiente si sabía de alguien que vendiera mascarillas infantiles. A lo que el asesor ministerial le contestó: «Te lo arreglo». Poco después, el asesor de Ábalos, ahora en prisión preventiva, trasladaba personalmente a la presidenta balear y líder del PSOE balear la oferta:«Saldrían un millón sobre 800.000 euros, depende del avión y el transporte».
De esta forma se activó la contratación de material sanitario intermediado por Aldama «sin haber confeccionado y firmado previamente el correspondiente contrato». Todo ello tras la intermediación personal de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, que desde que estalló el escándalo ha intentado desmarcarse de esas negociaciones y minimizando su relación con Koldo.
En los mensajes aportados por la UCO en su nuevo informe se refleja, por citar otro ejemplo, cómo Armengol también puso en contacto a Koldo con la consejera de Salud balear, Patricia Gómez, a lo que el asesor le contestó: «Vale cariño, te mantengo informada de todo».
La relación entre Koldo y Armengol se prolongó durante los meses siguientes y no sólo se circunscribió a aquel contrato de mascarillas, que acabó pagándose con «agilidad», según reconoció la empresa adjudicataria, que expresó su agradecimiento por escrito por esa diligencia en el pago.
A tenor de lo que refleja el último informe judicializado, la entonces presidenta balear le llegó a pedir al hombre de confianza de Ábalos que le «ayudara con el tema de los fondos europeos y las inversiones en Baleares». También compartió con él el contenido de sus conversaciones con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. «Le he visto más predispuesto"» le contó Armengol a Koldo. A lo que éste le replicó en su estilo y con socarronería: «Serás jodida».
Koldo también aprovechó para presionar a Armengol con el objetivo de que recibiera a los empresarios vinculados con Aldama en una labor de «facilitador» de los intereses del empresario. «Si comes con ellos mañana algo rápido en un reservado... te voy a querer siempre». La presidenta balear le facilitó el teléfono de su secretaria, que acto seguido Koldo reenvió a Aldama junto a los pantallazos de sus conversaciones con Armengol, a la que querían presentar «un proyecto COVID para Baleares» de los grupos empresariales Eurofins, Megalab y Fertinvest. Aquel proyecto tenía un presupuesto de en torno a un millón de euros y la trama ya lo había llevado también a las Islas Canarias, presididas entonces por el actual ministro de Política Territorial Víctor Ángel Torres.
La intervención de Koldo estuvo presidida siempre, a juicio de la UCO, en su calidad de «correa de transmisión gracias a la influencia que ostentaría debido a su posición como asesor de Ábalos entre las autoridades de la Administración balear y los intereses de Víctor de Aldama». Los mensajes aportados apuntalan esa conclusión de los investigadores, que desarbolaría la coartada de la gestión estrictamente técnica de los contratos investigados.
También documenta la UCO las gestiones que realizó Koldo en favor de Aldama para intentar implantar sus negocios de material sanitario en la República Dominicana.
Así, la Guardia Civil destaca que el empresario le facilitó al asesor del ministro el «teléfono personal» del presidente y acuerdan involucrar a Ábalos en el contacto con el mandatario dominicano. Como Koldo se retrasó, Aldama se impacientó y le abroncó: «Llamar (sic) al puto presidente de RD, que tenéis allí una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más». Los investigadores concluyen que «finalmente sí se llegó a producir una relación contratación contractual con la República Dominicana para la prestación de los citados servicios».
La rama balear es una de las derivadas del caso Koldo. Principalmente, se investiga el pago de 3,7 millones de euros públicos a la red presuntamente corrupta por una partida de mascarillas en plena pandemia que debían ser para proteger a los sanitarios de Baleares.
El pago se produjo pero las mascatillas nunca se emplearon. Todavía hoy, seis años después, siguen apiladas en una nave del servicio de salud público de Baleares. Un informe detectó que no podían ser empleadas para el fin para el que se adquirieron por no cumplir con el estándar de calidad exigido. Pese a ello, el gobierno del PSOE pagó y expidió a la empresa hoy investigada un certificado de idoneidad.