Usted es considerado un verso suelto del CGPJ. Forma parte de una institución política pero ¿está el órgano de gobierno de los jueces politizado?El
CGPJ es un órgano constitucional que decide la política judicial. El problema no es su politización, sino su colonización partidista. El CGPJ no tiene que ser la correa de transmisión de los partidos, sino el órgano impulsor de las políticas de gobierno del poder judicial para lograr la garantía de independencia de los jueces y juezas como derecho fundamental de la ciudadanía. En suma: politización, por supuesto; partidización, en absoluto.Usted fue elegido vocal a propuesta de Sumar y es un magistrado de sensibilidad de izquierdas. El haber votado en ocasiones junto al sector conservador del Consejo le ha generado, sin embargo, graves acusaciones por parte del bloque progresista del CGPJ. ¿Cómo ha vivido esos desencuentros?La sensibilidad ideológica de cada uno se mide por lo que vota, no por con quién vota. No creo en los bloques, no es lo que la Constitución quiere. Si fuera así, sobrarían 18 sillas en el CGPJ. En este contexto, hablar de disciplina de voto, hablar de bloques, constituye un grave error que lleva a consecuencias indeseables, desgraciadamente ya experimentadas: los bloqueos. Yo he votado -poco importa con quién- por la lucha por la creación de nuevas plazas judiciales; la defensa del derecho a la prevención de riesgos de los jueces; la creación de un grupo de trabajo de derechos humanos; las políticas de igualdad de género en la carrera judicial; y la búsqueda de perfiles con mérito, capacidad y sensibles a los derechos humanos en los nombramientos discrecionales. Seguiré votando las propuestas que satisfagan ese programa político, con independencia de quien las respalde.¿Ha tenido coste personal para usted no seguir la disciplina de voto del sector progresista?No seguir instrucciones de voto forma parte de nuestro trabajo. Los vocales no estamos sujetos a mandato imperativo. A nivel personal no ha sido el camino más fácil. Sin embargo, tengo la tranquilidad de acertar o equivocarme con criterio propio.¿Por qué decidió dejar su puesto al vocal José María Fernández Seijo en la Comisión de la Escuela Judicial?El sector progresista sufrió una crisis que terminó con la dimisión de este vocal. Me pareció lo correcto tratar de propiciar un entendimiento entre las diversas sensibilidades progresistas que pasara por su reconocimiento y coordinación mutuos. Creo que ese gesto contribuyó a cohesionarles y a que superasen, al menos por el momento, dicha crisis.¿Cree usted que hay determinados vocales dentro del CGPJ que siguen consignas del Ministerio de Justicia? En privado hay consejeros que así lo afirman...Este CGPJ está marcando muy bien cuál es su espacio de actuación frente a todo tipo de injerencia externa. En este punto, hay que reconocer que la elección de esta presidenta fue un completo acierto. Si fuera cierto que determinados vocales siguen consignas del Ministerio, sería en mi opinión un hecho gravísimo. Confío sinceramente que no sea así.Los vocales del bloque progresista llegaron a decir que la presidenta Perelló «ignora el consenso» y «quiebra las condiciones básicas de confianza» entre los miembros del Consejo.Mi prioridad es lograr que la institución funcione y sea útil a la gente. La presidenta es la máxima representante del CGPJ, desempeña un papel neutral y, por tanto, desde ese punto de vista cuenta siempre con mi respaldo, especialmente en momentos en que determinadas dinámicas conducen a situaciones de injerencias o bloqueos que perjudican a la institución. Creo que está haciendo un buen trabajo y que está sometida a múltiples presiones externas, mereciendo por esa razón el apoyo de las vocalías.¿Está este CGPJ efectuando nombramientos discrecionales atendiendo al principio de paridad? Queda camino por recorrer, pero se han dado pasos importantes. Tenemos a la primera mujer que preside la institución y ya estamos asistiendo a un verdadero cambio en la cúpula del poder judicial. Los datos hablan por sí mismos, en las plazas a las que concurrían candidatos de ambos sexos, el porcentaje de mujeres que ha resultado elegido se eleva al 52,6 por ciento. En las 29 plazas del TS en que concurrieron mujeres y hombres se eligieron 15 hombres y 14 mujeres. Una de las asignaturas pendientes es lograr que las compañeras se presenten y evitar así candidaturas únicas de un solo sexo, generalmente masculino. También hemos reformado el Reglamento de nombramientos discrecionales, adaptándolo a las exigencias de la Ley de paridad. Hay que seguir insistiendo hasta que logremos la plena paridad a todos los niveles.En las últimas semanas, el Consejo ha recibido críticas por archivar expedientes disciplinarios de jueces que criticaron abiertamente al Gobierno. ¿Qué tiene que decir al respecto?Tenemos un problema con la tipificación de determinadas conductas. La Ley Orgánica del Poder Judicial no está adaptada a la realidad social actual. La percepción de impunidad de determinados comportamientos que ponen en tela de juicio la independencia e imparcialidad de quienes los llevan a cabo como jueces es un efecto indeseable de esa carencia normativa. Creo que el CGPJ debe ser riguroso al exigir a los integrantes de la carrera una conducta ejemplar y evitar a toda costa transmitir a la ciudadanía una imagen de corporativismo que en nada nos beneficia. La sensación de impunidad disciplinaria puede contribuir a disminuir la percepción de independencia que la ciudadanía tiene de los jueces.¿Qué opinión le merece la creación de 500 nuevas plazas judiciales?Enormemente positiva. Sin embargo, tendría que ser ésta una política sostenida en el tiempo. En nuestro plan estratégico de recursos humanos para la próxima década, si partimos que el total de unidades judiciales a final de 2035 va a ser de 6603; y que el total de efectivos en la Carrera judicial será de 4401; se debería convocar anualmente, a partir del momento actual, unas 367 plazas.¿Cómo valora la implantación de los tribunales de instancia?A partir de los datos de que dispone el CGPJ, los informes de los TSJ, los presidentes de tribunales de instancia, la visita de los territorios y la escucha activa a profesionales de la justicia, hay que hacer una primera valoración crítica en varios territorios y positiva en otros. Se están detectando problemas de personal, medios informáticos y adaptación de las sedes que lastran la implantación de una ley que, todos coincidimos, tiene el buen propósito de modernizar y agilizar el servicio público de justicia. Además, en el ámbito digital se detectan múltiples problemas de adaptación de los sistemas de gestión a la nueva realidad organizativa. En lo referido a los edificios, la dispersión de las sedes en muchos partidos dificulta la puesta en práctica de la nueva organización judicial.La presidenta Perelló ha señalado públicamente que hay un déficit histórico de jueces. ¿Coincide en este diagnóstico o discrepa del mismo? Coincido por completo. No es casualidad que el Ministerio haya convocado 500 plazas, pero como dije, no nos podemos quedar aquí. Es preciso un plan que comporte 367 plazas anuales durante la próxima década.El Ministerio de Justicia ha planteado una reforma del sistema de oposición para los jueces. ¿Cree usted que el actual sistema es mejorable? ¿Es necesario convertir las pruebas en un proceso menos memorístico como asegura el Gobierno?El sistema actual es un sistema objetivo. En mi opinión las mejoras que se planteen deben tender a garantizar que cualquier persona, con independencia de su nivel de renta, pueda acceder a la carrera judicial. La igualdad real, no meramente formal, debe ser un eje vertebrador del sistema de acceso. En segundo lugar, si bien el sistema memorístico puede tener sus virtudes, sería deseable potenciar desde el principio la capacidad de razonamiento jurídico y resolución de problemas, que son las dos herramientas fundamentales que van a utilizar los nuevos jueces a lo largo de su vida profesional.En su último pleno, el CGPJ acordó excluir a los togados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Usted lo consideró un error. ¿Por qué?Creo que excluir a los jueces de la normativa de prevención no es una decisión que le corresponda al CGPJ, cuando el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado de forma clara sobre dicha cuestión. La sentencia STS 581/2023 considera que dicha normativa es aplicable a jueces. En mi humilde opinión, el Consejo, como el resto de poderes públicos, está sometido a la Constitución y al resto del ordenamiento y a quien corresponde la labor de máximo intérprete de la legislación ordinaria es al TS. Sus sentencias deben ser cumplidas, sin excepción. Así lo he expresado en la propuesta que presenté al Pleno y en el voto particular al que me adherí. Igualmente le digo que, afortunadamente, creo que no es una cuestión que esté cerrada. Se está tramitando el Reglamento de carrera, habrá que oír a las asociaciones y después habrá que hacer un informe de legalidad, un informe de impacto de género y pasarlo al pleno para votación. En este camino, confío que el CGPJ volverá a la senda de la que nunca debió apartarse: la protección de los derechos de prevención de riesgos de los miembros de la carrera judicial.
UNO DE LOS DOS VOCALES PROGRESISTAS QUE APOYÓ A PERELLÓ
Este magistrado catalán se define como defensor de la Justicia Social. Miembro de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia, Carlos Hugo Preciado es especialista en derechos humanos y en derecho del Trabajo. Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ingresó en la Carrera Judicial en el año 2007 y, desde entonces, ha ejercido en Juzgados de Valls y Reus y en el TSJ de Cataluña. Hasta el 30 de junio de 2024 fue el letrado coordinador del área de lo Social del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Llegó al Consejo General del Poder Judicial propuesto por Sumar y fue uno de los dos vocales progresistas que pactó con el bloque conservador el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del Poder Judicial.
