Castigo y premio contra la corrupción

Editorial

La demoledora sentencia del 'caso mascarillas', que condena a 24 años a Ábalos, supone el primer gran varapalo penal de la era Sánchez y abre el debate sobre los límites de los incentivos judiciales al evitar la cárcel para el corruptor Aldama

La sentencia sobre el 'caso mascarillas' es demoledora por la contundencia que describen las 224 páginas de la resolución, aprobada por unanimidad del tribunal. Las ... elevadas condenas impuestas a José Luis Ábalos como cabecilla de la trama y a su asesor Koldo García, con castigos de 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, suponen el primer gran varapalo penal de la era de Pedro Sánchez. Frente a los recelos de significados miembros del Gobierno y del PSOE, que vienen denunciando un presunto «juicio político» o una «guerra judicial», el fallo del Supremo revela que el fango impregnaba centros de decisión del Ejecutivo y del partido. Ábalos, según los magistrados, utilizó su poder político como secretario de Organización y público al frente del Ministerio de Transportes para urdir una red de amaños de contratos y repartos de comisiones, sancionada ahora por cohecho, malversación y tráfico de influencias. La «organización criminal», con el empresario Víctor de Aldama como nexo corruptor, se aprovechó de la pandemia para dar su golpe más sonado con la adjudicación ilícita de mascarillas.

Pero el gran debate que se abre con este castigo a la corrupción es el aparentemente generoso premio obtenido por Aldama, a quien el tribunal evita la cárcel por haber colaborado en plenitud con la Justicia, a pesar de ser un actor principal de la trama como conseguidor y corruptor. El Supremo le condena a cuatro años en una resolución que deliberadamente le libra de seguir los pasos de sus compañeros de amaños y de pagar los 3,7 millones que la Fiscalía cree que ganó con los contratos. Su testimonio ha acompañado los graves indicios encontrados en la investigación contra Ábalos y Koldo, pero la recompensa para el comisionista por tirar de la manta abre un profundo debate sobre los límites éticos de los incentivos judiciales: si atenuar una condena es un acto de pragmatismo para desmantelar la corrupción o si debilita el mensaje de castigo ejemplar al corruptor. De momento, el 'pago por confesar' sienta un precedente para causas paralelas y del que se jactó ayer el propio Aldama al conocer que no tendría que volver a Soto del Real, dejando una declaración un tanto grosera sobre la función de la cooperación: «Espero que los que vienen detrás colaboren». Por si no quedase claro en la sentencia, se trata de un aviso para navegantes en la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero si Julio Martínez, su amigo, presunto testaferro y empresario imputado también en el 'caso Plus Ultra', quisiera buscar su propio beneficio procesal.